La llegada de Nicolas Sarkozy al
Ministerio del Interior francés supuso,
en su momento, la adopción pública
y oficial de los cupos de expulsión
de sin papeles. Más tarde, ya como
presidente, creó un Ministerio
específico de la Inmigración, de la
Integración, de la Identidad Nacional
y del Desarrollo Solidario, del
que, a juzgar por los resultados que
trascienden al público, se puede
concluir que sólo tiene un objetivo:
la expulsión de extranjeros en situación
irregular.

Desde su creación en 2007 sólo se
ha hablado de dicho Ministerio y de
su ministro, el siniestro Brice
Hortefeux, en relación con los objetivos
cifrados de reconducción a la
frontera de sin papeles. En septiembre
de 2007, cuando ‘sólo’ se habían
expulsado 19.000 extranjeros en situación
irregular frente a los 25.000
anunciados por el presidente, tuvo
mucho eco la reunión que Hortefeux
organizó con los prefectos –equivalente
de los delegados de Gobierno–
de las 19 regiones más perezosas en
materia de expulsión, exigiéndoles
resultados. Así, el ministro consiguió
cerrar el año con una honorable cifra
de 23.000 expulsados.

A finales de 2008, este Ministerio
volvió al ser noticia cuando anunció
con satisfacción la expulsión
de 29.799 sin papeles, superando
las 26.000 esperadas. Fue la única
buena cifra que pudo exhibir este
ministro y a Hortefeux se le
‘recompensó’ con un ascenso como
nuevo ministro de Trabajo.

Los otros resultados

Los primeros efectos de la política
de cuotas se hicieron visibles en el
verano y otoño de 2007, al difundirse
varios casos de defenestración de
sin papeles. La presión constante de
las redadas había instaurado un clima
de nerviosismo y pánico que provocó
intentos desesperados de fuga
al presentarse la policía en las casas
o simplemente al entrar en un edificio.

Una ciudadana china murió el
24 de septiembre de ese año, un joven
africano sufrió fracturas múltiples
y una niña chechena de 12 años
se cayó de un cuarto piso al intentar
seguir a su padre en su huida de la
policía. Por otro lado, la propia policía
y las administraciones empezaron
a multiplicar los procedimientos
de dudosa legalidad, como los controles
de papeles a las salidas de los
colegios, las falsas convocatorias a
la prefectura o la petición de listados
de hijos de sin papeles a los directores
de colegio. Al mismo tiempo, los
jueces anularon un 66% de las detenciones
de sin papeles debido a
que las actuaciones en los controles
de identidad, arrestos y prisión preventiva
no eran conformes a la ley.

Incluso, según uno de sus sindicatos,
la policía llegó a concentrar todos
sus esfuerzos en la expulsión de
sin papeles, dejando de lado el resto
de los delitos. También hubo picaresca.
Varios inmigrantes que volvían
a su país fueron retenidos en la
puerta del avión para iniciárseles un
procedimiento de expulsión y así
contarlos en las estadísticas.