DERECHOS REPRODUCTIVOS // EL GOBIERNO NICARAGÜENSE HA LANZADO DOS CAMPAÑAS CONTRA ORGANIZACIONES DE MUJERES
Cuatro millones de abortos al año en Latinoamérica

En la región de Latinoamérica y Caribe, la despenalización
del aborto se antoja remota. Al aumento de leyes
restrictivas y el recorte de derechos se han sumado intentos
de criminalizar a organizaciones de mujeres.

22/10/08 · 13:19
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Más de 30 organizaciones de Latinoamérica
y del Caribe han suscrito la
declaración Aborto libre y seguro,
una exigencia de justicia social, derechos
humanos y democracia, que reclama
el acceso al “aborto legal, seguro
y gratuito” como una “demanda
de salud pública”. El manifiesto,
animado por organizaciones de mujeres
latinoamericanas agrupadas en
la Campaña del 28 de septiembre,
denuncia que más de cuatro millones
de mujeres interrumpen cada
año sus embarazos en la región, la
mayoría de forma insegura, y que
diez mil de ellas mueren por este motivo.
Esta declaración es una de las
numerosas iniciativas y movilizaciones
que han tenido lugar en la región
en torno al pasado 28 de septiembre,
día por la Despenalización del Aborto
en Latinoamérica y el Caribe.
Las cifras avalan esta demanda.
En Nicaragua, 80 mujeres han muerto
en menos de un año a resultas de
la reciente ilegalización del aborto
terapéutico. En Perú, que tiene la segunda
tasa más alta de mortalidad
materna de Sudamérica, se practican
410.000 abortos clandestinos cada
año. Por su parte, Venezuela es la
primera en embarazo precoz y la
quinta en embarazo adolescente de
la región. Su tasa de mortalidad materna
(658 mujeres por cada cien mil
nacidos vivos) se mantiene estable
desde hace dos décadas pero la segunda
causa de fallecimientos es el
aborto. En 2002 el 30% de muertes
adolescentes fueron por ese motivo.
En 2005, durante la reforma del código
penal, 70 organizaciones presentaron
una propuesta de despenalización
parcial del aborto en caso de
incesto, violación, daño fetal y peligro
para la salud de la mujer, no
prosperó y volvieron a plantearlo en
2006 sin éxito.

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Los procesos de cambio social no
parecen priorizar este tema en sus
agendas: en Bolivia sólo se han practicado
dos abortos en base a los casos
no punibles desde 1973, según
denunciaban varias activistas del
programa Nosotras en el Mundo. En
Ecuador, el derecho a la vida del nonato
y el de las mujeres a decidir coexisten
en la recién aprobada Constitución
y el presidente Rafael Correa
tuvo que aclarar públicamente que
no legalizará el aborto ante las acusaciones
de abortista de la oposición.
No obstante, en la región se han
registrado algunos precedentes jurídicos
importantes. Como la decisión,
el pasado agosto, de la Corte Suprema
de Justicia de México de avalar la
despenalización del aborto hasta las
12 semanas de gestación promulgada
un año antes por el Parlamento
del Distrito Federal. Esta victoria del
movimiento de mujeres por los derechos
sexuales y reproductivos se suma
a la de Colombia, que en 2006 reconoció
la constitucionalidad del
aborto terapéutico, en casos de violación
y malformaciones fetales.
Sin embargo, son tímidos avances
en un contexto de involución generalizada
de derechos. Un ejemplo: en
octubre de 2006 el Gobierno sandinista
derogó el aborto terapéutico en
Nicaragua, vigente en su código penal
desde 1870. Y este año el ejecutivo
de Ortega ha lanzado dos campañas
contra activistas por los derechos
sexuales y reproductivos: en enero
contra la Red de Mujeres contra la
Violencia, y en septiembre contra 17
ONG a las que acusa de financiar ilegalmente
al Movimiento Autónomo
de Mujeres y a la Campaña 28 de septiembre.
Estas organizaciones afirman
que es una represalia por apoyar
la denuncia de su ex hijastra,
Zoilamérica Narváez, contra Ortega
por abusos ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en 1998.
A finales del pasado septiembre, Narváez
retiró la denuncia arguyendo
que varios partidos habían utilizado
su caso y dañado a ella y a su familia.

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