IZQUIERDA CASTELLANA. El 20 de febrero la organización ultraderechista Manos Limpias
pidió la ilegalización de IzCa en la Audiencia Nacional. / Olmo Calvo

Tras la gran repercusión del boicot a
algunos actos electorales en diferentes
universidades, las peticiones de
represión han desbordado el ámbito
universitario para alcanzar a partidos
y organizaciones sociales.
El 12 de febrero, una trifulca tras
una pequeña protesta estudiantil en
la Universidad de Santiago de Compostela
(USC) contra la celebración
de un mitin de la portavoz del PP en
el País Vasco desata los llamamientos
a la mano dura. Según fuentes
estudiantiles, la secuencia de lo sucedido
no coincide con lo difundido
por los medios: María San Gil llega
protegida por policías. Escoltados
por tres furgonetas de antidisturbios,
entran en la facultad y cuando un
alumno se acerca a recriminarle su
presencia, es agredido. Cuando los
demás participantes en la protesta se
acercan a ayudarlo y levantarlo del
suelo, se produce una trifulca. Días
más tarde, María Teresa Cancelo,
decana de la facultad de Económicas
de la USC, donde se celebró el acto
electoral, reconocía que la candidata
del PP “no fue agredida”.
Tras los incidentes, comienza una
caza de brujas, con unos medios de
comunicación que convierten en cabeza
de turco a la organización estudiantil
independentista AGIR, constituida
en 2002 y ligada al frente independentista
Nós-UP, al que recientemente
sindicatos de la Guardia
Civil han señalado como ‘satélite’
de la izquierda abertzale en Galiza.

La prensa se permite publicar afirmaciones
como “AGIR, organización
estudiantil de ideología neonazi” (El
Mundo) y señalar como culpable a
un estudiante. Este militante de la
organización independentista sería
detenido tres días después de la protesta.
Más tarde habría más detenciones –hasta cuatro, basadas en
acusaciones de injurias, amenazas,
desordenes públicos y atentado–.
Pero quizás el dato más relevante es
el relato de los hechos que contenía
el atestado policial entregado a los
detenidos. En él se acusaba, entre
otras personas, a dos estudiantes que
no estuvieron presentes en el acto.
Una de ellas es una joven cuya relación
con el boicot era haberse presentado,
sin ser militante de AGIR,
en sus listas en las elecciones universitarias
de diciembre. Los pronunciamientos
–como por ejemplo el de
la Asamblea General de Estudiantes
de la USC– y las protestas contra “la
criminalización del estudiantado”
han pasado sin titulares. Poco reflejo
tuvo la manifestación del 15 de febrero
en Compostela, durante la que
fue muy coreado el lema “Eu nom
sou Gil” (“yo no soy Gil”). Los boicots,
en días posteriores, de otros actos
electorales en otras universidades
alimentaron nuevos titulares.

17 siglas en un artículo

La revista Interviú publicó el 18 de
febrero un artículo (Los apoyos de
Batasuna en España) que, con la
excusa del incidente en la USC,
“último borbotón del magma que
forman las organizaciones que
apoyan a la ilegalizada Batasuna”,
repasa numerosas y muy diferentes
organizaciones de Galicia,
Cataluña, Castilla o Madrid. Hasta
17 siglas son mencionadas y criminalizadas
por su supuesta relación
con la izquierda abertzale. Así, por
ejemplo, la Coordinadora Antifascista
de Madrid aparece como
convocante de una de las concentraciones
del pasado noviembre
tras el asesinato de Carlos Palomino
por un militar neonazi, en la que
“la policía aprehendió un arsenal
de navajas, cuchillos y bates…” para
acto seguido afirmar que “los jóvenes
de Jarrai son conocidos y admirados
en las ‘movidas’ de la
Coordinadora”.

El 20 de febrero la organización
ultraderechista Manos Limpias
anunciaba la presentación ante la
Audiencia Nacional, en base al artículo
publicado en Interviú, de una
petición de ilegalización de la organización
Izquierda Castellana (IzCa)
por el “carácter radical y las conexiones
con el grupo político vasco
Batasuna”. En un comunicado, la
propia IzCa señalaba que a esta campaña
de criminalización en su contra
se habían sumado diversos medios
locales, como El Norte de
Castilla o Telemadrid. En días posteriores
El País dedicaba dos páginas
a “los pequeños grupos de radicales
y violentos” que “se han propuesto
amedrentar a los políticos… son minoría
pero suman lo que algunos llaman
un nuevo ‘fascismo rojo”. Una
semana más tarde, el suplemento
universitario de El Mundo se despachaba
con tres páginas en la que tras
su particular radiografía del “activismo
estudiantil”, mezclaba grupos
fascistas con organizaciones de izquierda.
Ambos artículos reclamaban
mano dura y “sanciones”.
Como afirma un estudiante de la
USC: “Lo realmente relevante de esta
historia no son los hechos en sí, sino
las consecuencias mediáticas.
Nadie se explicaba cómo por una
protesta así se podía montar un circo
de tal tamaño… ¿o sí?”.