CIE DE ALUCHE. La última movilización por el cierre del centro de internamiento
obligó a posicionarse a colectivos habitualmente alejados de esta problemática / Miguel Ángel Martín

Asistimos en estos últimos
meses a un conjunto de iniciativas
en torno a temas
que se sitúan “en los márgenes”,
esto es, cuestiones que habitualmente
no alcanzan a hacerse un
hueco en el ruido mediático. Me estoy
refiriendo a los Centros de Internamiento
para Extranjeros (CIE), a
las personas que no tienen regularizada
su estancia, a la reivindicación
del derecho al voto para todas las
personas que residan aquí, a la situación
de los Menores Extranjeros No
Acompañados (MENA)…
Y es que, dentro de esos dientes
de sierra, en los que la actividad
sostenida de diversos movimientos
sociales suele cosechar frutos y hacerse
visible en determinados momentos,
nos toca unos de esos puntos
altos. La movilización en torno a
(y a partir de) el CIE de Madrid-
Aluche ha permitido que se haga la
luz sobre una de esas zonas oscuras,
esos lugares de no-ley, que el
actual sistema consigue mantener
ocultos. La implicación en las movilizaciones
de medios de comunicación
alternativos ha permitido además
salvar los muros del centro y
poder difundir la protesta de quienes
ejercían dentro su derecho a la
revuelta. Más allá de las cifras de
participantes, la denuncia ha mostrado
la legitimidad de la reivindicación
del cierre de dichos centros y la
obligación de posicionarse sobre los
mismos a organizaciones y sectores
habitualmente alejados de esta problemática.
En ocasiones como ésta,
el simbolismo tiene más importancia
que la movilización en sí misma.

La situación de los Menores Extranjeros
No Acompañados viene
siendo también una cuestión candente
en el último año. Frente al
intento de las distintas administraciones,
tanto autonómicas como
central, de obviar los derechos que
como menores les reconoce la ley
y darles, en cambio, un tratamiento
como inmigrantes va tejiéndose poco
a poco una red de personas y recursos
que le plantan cara. Hoy es
un recurso ganado en los tribunales
frente a una expulsión, disfrazada de
reagrupación familiar. Ayer era un
puñado de educadores y educadoras
que aireaban situaciones, no por
poco conocidas, menos injustas.
Anteayer eran unas asociaciones que
presentaban denuncias al respecto
ante diversos organismos institucionales…
Y, poco a poco, de la lucha
contra ese maltrato institucional hacia
los menores, va surgiendo una
red de alertas y de colaboración que,
sin duda, tiene futuro.

Migrantes protagonistas

Y en esta dinámica, un elemento cada
vez más presente viene siendo el
de personas inmigrantes como sujetos
de estas movilizaciones. La huelga
de hambre en el interior del CIE
de Aluche es su expresión más destacada,
pero no la única; los medios
de comunicación alternativos registran
también una nutrida presencia
inmigrante entre sus actores; un número
significativo de educadores
que se van implicando en la lucha
contra el maltrato a los MENA es de
origen magrebí… En definitiva, empieza
a ‘normalizarse’ la participación
en la actividad asociativa de ese
sector de la población de origen inmigrante
que, con mucha frecuencia,
se sitúa en los estratos más explotados
de la población. Viene a ser
el contrapunto de otras formas asociativas,
también de inmigrantes,
más asimiladas a las casas regionales
y que, a menudo, son fomentadas
desde la Administración dada la facilidad
para involucrarlas en el escaparate
de las políticas oficiales. Pero
para que este movimiento de creación
de redes en los márgenes no se
vea empujado a la marginalidad es
preciso prestar atención a la necesidad
de ganar legitimidad ante la sociedad.
No es algo que tengamos, para
nada, ganado. De ahí la importancia
de dedicar esfuerzos a sumar
apoyos. Cosa que no siempre ocurre.
Y si no, ahí está el ejemplo de ese
llamamiento a un paro general europeo,
convocado sin buscar los apoyos
necesarios para semejante envite
y recurriendo a la táctica del emplazamiento
y la adjetivación a toda
la gente que no esté por la labor (que,
encima, es la mayoría). Apoyémonos
pues en los buenos ejemplos
que, haberlos, haylos.

DISTINTAS DIMENSIONES DE LA REALIDAD MIGRANTE

Fuerza de trabajo rentable

El régimen de fronteras
es un instrumento
de gobierno
sobre todo
en el ámbito
laboral. Nicolás
Sguiglia, integrante
de la Coordinadora
de Inmigrantes
de Málaga,
sostiene que “el aumento de
los controles no se entiende
únicamente como un giro neofascista,
sino que es un poder
para instalar a los flujos migratorios
en cuencas de trabajo y
explotación muy concretas. El
marco jurídico que vincula el
acceso a la ciudadanía con
tener un trabajo formal hace
que sea un ejercicio muy eficaz
de sometimiento de la mano de
obra migrante”. De este modo,
las luchas migrantes se encuentran
en el campo de los derechos
laborales. “Creemos
que se está
dando una utilización
de la inmigración
por el contexto
económico,
como si nosotros
fuéramos los culpables
de la crisis económica.
Ésa es una forma de
xenofobia y racismo a la que
nos oponemos”, señala Esteban
Cancelado, de Ferine. Esa
forma de entender la inmigración
en virtud de la coyuntura
económica está implantando
nuevas medidas flexibilizadoras,
como los ‘contratos en origen’
bajo la idea de una inmigración
legal y ordenada. Sin embargo,
estos contratos nunca pueden
ser superiores a nueve meses, y
que el inmigrante vuelva a
España queda supeditado a la
voluntad del empleador.

Persecución de manteros

En el marco del trabajo
informal, la
venta callejera
de bienes que
violan los derechos
de autor
está siendo perseguida
y altamente
criminalizada. Se
castiga con penas que incluyen
prisión, multas, responsabilidad
civil y canjes de la privación
de libertad por la expulsión
y la prohibición de entrada al
territorio Schengen. Las y los
‘manteros’, en su mayoría de
origen africano, apenas tienen
margen de inserción en otros
espacios del mercado en las
grandes ciudades. Las denuncias
de malos tratos y vulneración
de derechos mínimos,
como asistencia de traductores
en comisaría o juicios, se cuentan
por millares. Frente a estos
desmanes han surgido
núcleos de autoorganización
como
los que operan en
el Ateneu de Terrasa
o en el barrio
madrileño de Lavapiés,
dentro de la Red
Ferrocarril Clandestino.
Un centenar de manteros de
Terrasa han logrado crear una
asociación desde la que reivindican
ya no sólo poder vender
en la calle, sino el derecho a
ser reconocidos como ciudadanos
y, por tanto, acceder a
cosas básicas como el padrón
o poder disponer de una médico
de cabecera. Esta reivindicación
actualmente fluctúa en el
no siempre fácil equilibrio entre
la negociación política (con el
Ayuntamiento de Terrassa
como interlocutor) y las movilizaciones
en la calle.

Esclavas del hogar ajeno

Las empleadas del
hogar, migrantes
en su inmensa
mayoría,
luchan por un
contrato de trabajo
escrito e
indefinido, que
contemple los accidentes
laborales y la indemnización
por despido, entre
otros puntos. En enero, el
Gobierno de ZP renunció a
una demandada reforma,
pero la puerta puede volver a
abrirse debido a las presiones
de la UE, que insiste para que
España cambie el régimen
especial de servicio doméstico
y controle la bolsa de
empleo informal que este sector
genera. Pero “no hay reforma
que valga sin una reforma
paralela de la Ley de Extranjería,
que permita de nuevo las
ofertas de trabajo
como vía de regularización
sin
tener que volver
al país de origen;
no hay
reforma sin abolición
del trabajo
interno y de las horas
de presencia, que son formas
de esclavitud moderna”,
señala la Agencia de Asuntos
Precarios de la Eskalera Karakola.
Este Centro Social de
Mujeres trabaja desde el
barrio de Lavapiés con la asociación
de empleadas del
hogar migrantes SEDOAC por
la inclusión del trabajo
doméstico en el Estatuto de
los Trabajadores y “contra las
formas de abuso, racismo y
explotación que se dan en los
hogares donde se contrata
trabajo doméstico”.