CONDENAN A DOS AÑOS AL EX DELEGADO DEL GOBIERNO
Corrupción policial y abusos contra migrantes en Ceuta

La difamación de un juez cuesta el puesto a tres altos cargos.Condenan al ex delegado del Gobierno, Luis Vicente
Moro, a más de dos años de prisión.Aún tiene pendiente
un juicio por expulsiones ilegales de menores migrantes.

01/11/07 · 0:05
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Luis Vicente Moro/www.diariosur.com

Prevaricación, calumnias, revelación
de secretos oficiales y atentado contra
la independencia del poder judicial.
El pasado 15 de septiembre, era
condenado por estos delitos Luis
Vicente Moro, ex delegado del Gobierno
de Ceuta, a dos años y dos meses
de prisión, a doce de inhabilitación
profesional y al pago de 120.000
euros a Francisco Tesón, juez de la
Audiencia Provincial de Ceuta.

Se trata de la mayor condena a un
cargo político dictada en Ceuta. En
su sentencia, la Sección Sexta de la
Audiencia Provincial de Cádiz condena
también a siete años de inhabilitación
al ex comisario Alejandro
Valle y uno al jefe de prensa de la delegación
de Gobierno, Roberto Franca,
acusado de participar en un informe
de difamación contra el juez.

De este modo, Luis Vicente Moro
ha visto cómo métodos que le hicieron
ascender en la jerarquía policial
y que marcaron una época en la actuación
de los cuerpos de seguridad
en Ceuta, son ahora los causantes
de su condena a prisión. En 1998, la
llegada de Moro a la ciudad autónoma
podría parecer sacada de una serie
de policías. Sus salidas de tono
en ruedas de prensa y su actitud de
mano dura encontraron el sitio ideal
en una ciudad donde los narcotraficantes,
con la complicidad de un
ayuntamiento en manos del GIL (el
partido político del conocido Jesús
Gil), podían moverse sin dificultades
por la ciudad y hacer negocios
sin problemas.

Amigo de Aznar, designado a dedo
por el ex presidente, Moro contó
con facilidades para llevar a Ceuta
unidades de la Policía y la Guardia
Civil para el papel de “fuerzas de choque”.
Este estilo se emplea contra
los menores inmigrantes que empiezan
a llegar a la ciudad a finales
de los ‘90. Sin cumplir trámites, los
agentes de Moro los expulsan directamente,
mediante golpes y de
forma ilegal, según las denuncias
de diversas organizaciones de derechos
humanos.

Otro aspecto fue el trato en dependencias
policiales. En el año 2000,
Mustafa Hajjaj, un marroquí de 24
años, padre de una hija y con su mujer
embarazada, aparecía muerto el
22 de noviembre en su celda tras ser
detenido con 20 gramos de hachís.
Según la Guardia Civil, Hajjaj se
ahorcó con el cordón de sus calzoncillos
de un barrote de la celda.
Distintos grupos de DD HH denunciaron
esta teoría, al apreciar lagunas
en la autopsia y datos sospechosamente
falsos. Ante ello, el ex delegado
amenazó con hacer caer el peso
de la ley a los que acusaran en falso
a la Guardia Civil.

También para el narcotráfico se
aplicaron métodos expeditivos.
Tras el conocido ‘caso Kimbi’, llamado
así por el apodo de un narcotraficante
cosido a balazos en un
ajuste de cuentas en la nochevieja
de 1999, se sucedieron en cadena
detenciones de personas a las que
la policía consideraba líderes de la
delincuencia organizada.

Pero por encima de la delincuencia,
la lucha más encarnizada de Luis
Vicente Moro es la que mantiene con
el juez Fernando Tesón, quien desde
la Audiencia Provincial de Ceuta toma
algunas decisiones contrarias a
su estilo. En el caso de las expulsiones
de menores, Tesón se niega a archivar
las denuncias presentadas por
organizaciones de derechos humanos,
rechaza un recurso de Moro, y
permite que se sigan investigando
los hechos. También manda a prisión
por intento de homicidio a un
testigo protegido que colaboraba con
la Policía, lo que solivianta a Moro
hasta el punto que en un acto social
acusa en público duramente al juez.

‘Caso Tesón’

Se producía entonces el ‘caso Tesón’,
por el que Moro es finalmente condenado.
Para deshacerse del juez, la
delegación de Gobierno prepara un
informe policial que acusa al juez de
connivencia con los narcotraficantes.
Junto a Moro, participan en la
trama el comisario Alejandro Valle y
el encargado de prensa.

El informe se manda primero a los
organismos institucionales, aunque
ninguno toma en serio las acusaciones,
ni emprende medidas. Luego,
envían la nota a varios medios. La
prensa local deshecha estos datos,
pero parte de las acusaciones logran
un hueco en la portada de El País.

No obstante, el ataque contra el
juez tuvo un efecto bumerán. Ante la
falsedad de los hechos, la Fiscalía
Provincial toma en sus manos el caso
que ha terminado con penas de
prisión para el ex delegado. La sentencia
está recurrida, pero a Moro
también le queda por delante otro juicio,
esta vez por los malos tratos y la
expulsión ilegal de menores.

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