MIGRACIÓN SUBSAHARIANA // LOS PAÍSES DEL NORTE DE ÁFRICA AUMENTAN SU CONTROL
El control ‘Schengen’ se traslada a la ribera sur del Mediterráneo
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FRONTERA ITALO-ALBANESA. Agosto de 2005, movilización en Gradisca contra un CPT.

En 2003, el mago Tony Blair se sacó
de la chistera la propuesta de
crear en los países de la periferia

06/04/06 · 0:51
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FRONTERA ITALO-ALBANESA. Agosto de 2005, movilización en Gradisca contra un CPT.

En 2003, el mago Tony Blair se sacó
de la chistera la propuesta de
crear en los países de la periferia
de Europa ‘centros de tránsito’ que
regulasen la entrada de los demandantes
de asilo. Posteriormente, los
gobiernos italiano y alemán relanzaron
el proyecto, ampliándolo a la
gestión de migrantes de todo tipo.
Ambas iniciativas fueron rechazadas
mayoritariamente en la UE y
criticadas con dureza en algunos
países aludidos como Argelia.
Sin embargo desde 2003, y de
manera especialmente intensa en el
último año, las personas que, provenientes
del África Subsahariana,
tratan de alcanzar El Dorado europeo,
deben sumar a la muralla europea
las nuevas barreras impuestas
por los Estados de la ribera sur.
Leyes de extranjería más restrictivas,
sistemas de vigilancia más precisos,
un incremento de la presión
policial y de las expulsiones masivas.
Una receta que viene de los vecinos
del norte y que, acompañada
de miles de euros en concepto de
“cooperación euromediterránea”,
forma parte del proceso de externalización
del control migratorio.
Con dinero proveniente de los fondos
MEDA, elemento central del
Proceso de Barcelona, los gobiernos
de Túnez, Argelia y Marruecos han
adquirido en estos años nuevos instrumentos
para el control de fronteras
(como radares, sensores y vehículos)
y han puesto en marcha equipos
policiales especializados en la
materia. Desde hace meses, expertos
europeos en ‘inmigración clandestina’
viajan a estos países para
instruir a policías locales, y las patrullas
conjuntas de guardias civiles españoles
y gendarmes alauitas han
dejado de ser una novedad en el límite
hispano-marroquí.

Libia

En 2005, Libia, que está excluido de
los países del Proceso de Barcelona
por su implicación en históricos atentados
terroristas, recibió dos millones
de euros del Consejo de Europa
para capacitar a funcionarios de
fronteras y mejorar los procedimientos
de detección e intercepción de
embarcaciones. Las organizaciones
de derechos humanos critican que se
financie a un Gobierno que ni siquiera
ha firmado la Convención de
Ginebra sobre Refugiados y el propio
Parlamento europeo, en una resolución
adoptada el pasado mes de
abril, recordó que este país “practica
la detención arbitraria y las repatriaciones
masivas de extranjeros en
condiciones que no aseguran la dignidad
de sus vidas”. Pero la economía
de un estado como Italia está
muy por encima de este tipo de “consideraciones
humanitarias”.

Durante los años de embargo,
Gadafi, autoproclamado líder del panafricanismo,
abrió las puertas de su
país a todo subsahariano que desease
establecerse en su suelo. Pero desde
que el Coronel planta su tienda de
beduino en las capitales de Occidente,
Libia ha dejado de ser una lanzadera
segura hacia Europa. Sobre
todo después del 25 de agosto de
2004, fecha en la que Berlusconi firmó
con el presidente libio un acuerdo
de readmisión de inmigrantes similar
al que mantiene con Túnez
desde 2003 y muy parecido al que
comparten el Estado español y
Marruecos. Poco después, Italia organizaba
el mayor operativo de repatriación
de su historia: mil subsaharianos
fueron transportados en
avión desde la isla de Lampedusa, la
‘Fuerteventura’ italiana, a Trípoli.
Según diversas fuentes, sólo en el
mes de febrero de 2005 Libia trasladó
en 72 camiones y en condiciones
‘infrahumanas’, a unos 14.000 subsaharianos
hasta la frontera con Níger,
donde fueron abandonados a su
suerte. En los seis primeros meses
de aplicación del acuerdo bilateral,
106 personas murieron en la ‘República
Árabe Socialista’ cuando eran
devueltas hacia sus países de origen.
La respuesta de los otros cuatro
gobiernos africanos del Mediterráneo
a las “sugerencias” europeas no
es muy diferente, como prueban las
expulsiones masivas organizadas en
Argelia el pasado mes de diciembre
(ver Diagonal nº 23) o el operativo
que sucedió a las llamadas “muertes
de la valla” en Marruecos. Sólo el
desierto sabe cuántos inmigrantes
perdieron la vida tras ser arrojados
por los gendarmes alauitas a la frontera
argelina y saharaui este otoño.
En todo el arco sur del Mediterráneo,
las redadas policiales y las detenciones
arbitrarias de subsaharianos
se han convertido en moneda
corriente en el último año, y ya no
sólo se organizan en las zonas fronterizas
sino en todo el territorio, incluidos
los barrios de las grandes
ciudades donde los migrantes en
tránsito tenían por costumbre agruparse.

Organizaciones como Human
Rights Watch, Amnistía Internacional
y Médicos Sin Fronteras
han denunciado en sus informes
anuales multitud de violaciones de
derechos humanos cometidas por
funcionarios públicos contra personas
sin papeles en estos países. Los
malos tratos, la tortura, el chantaje
económico, los abusos sexuales y
los robos perpetrados por policías y
gendarmes a subsaharianos están a
la orden del día en países como
Libia, Marruecos y Argelia. Otras
veces, se expulsa a los detenidos de
manera automática, sin seguir el
procedimiento que dicta la legislación
local y haciendo caso omiso a
las demandas de asilo. El desalojo
de un campamento de 2.000 sudaneses
que reclamaban ser reconocidos
como refugiados y en el que
murieron 27 personas a manos de
la Policía egipcia, ocurrido a finales
de diciembre en pleno centro de El
Cairo, ilustra con toda crudeza este
cambio de política.

Un cambio que suele ir acompañado
de la promulgación de nuevas
leyes sobre inmigración, mucho más
restrictivas. En 2004, Túnez aprobó
una norma que sitúa al inmigrante
sin papeles en la esfera de los delincuentes
comunes, siguiendo la estela
de la ley de extranjería marroquí de
2003, que además permite expulsar
del país en un plazo de 48 horas a los
migrantes que hayan sido detenidos.
Asumiendo las recomendaciones europeas,
Gadafi comenzó a aplicar la
primera ley para combatir la ‘inmigración
ilegal’ de la historia de su
país el pasado 14 de agosto.
El resultado de todas estas medidas,
como se encargan de propagar
los gobernantes de una y otra orilla
del Mediterráneo, ha sido un descenso
significativo del número de
sin papeles que llega a las costas europeas
utilizando los medios más
económicos y arriesgados, como son
las pateras. Pero no sólo. El desplazamiento
de las fronteras europeas
está modificando las rutas tradicionales
de migración subsahariana,
que se vuelven cada vez más largas,
clandestinas y peligrosas. Más fuera
de control, en definitiva.

Un muro de 'Estados tapón' para controlar
El pasado mes de noviembre,
Antonio Vittorino,
comisario de Asuntos de
Justicia e Interior de la UE,
anunció que en los próximos
18 meses Marruecos,
Mauritania, Argelia, Libia y
Túnez acogerán cinco campos
para inmigrantes.
Según el funcionario italiano,
estos proyectos piloto,
que estarán financiados
por la Comisión Europea y
Holanda (con 800.000
euros y 200.000 respectivamente)
responden a
una iniciativa de ACNUR,
quien se encargará de
negociar con los países
del Magreb los programas
que allí se desarrollen.
Las expulsiones masivas de
subsaharianos realizadas
durante el último año por
Marruecos, Argelia y Libia
son una muestra de la
aceptación del papel de
gestores de la inmigración
no deseada. Por ejemplo,
las autoridades libias anunciaron
la detención en
febrero de 370 candidatos
a inmigrantes clandestinos
de diversas nacionalidades,
y afirman haber repatriado
ese mes a 744.

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