INMIGRACIÓN / UNA PROPUESTA APROBADA EN EL SENADO PRETENDE ENDURECER AÚN MÁS LA LEY
El Constitucional tumba cinco artículos de la ley de Extranjería

Las organizaciones
sociales denuncian que
las dos propuestas de
reforma legal criminalizan
a los ‘sin papeles’
y amplían el desarrollo
de un derecho de
segunda categoría.

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MADRID. El 11 de noviembre colectivos por los derechos de los inmigrantes organizaron una concentración en Lavapiés./Olmo Calvo

El 11 de noviembre se hacía pública
la decisión del Tribunal Constitucional
sobre los recursos presentados
contra la ley de Extranjería:
anula tres artículos por inconstitucionales,
los referentes a los derechos
de reunión, asociación y sindicación.
El tribunal declara “inconstitucional
y nula” la inclusión del
término “residentes” en otros dos
artículos: sobre el derecho a la educación
no obligatoria y a la asistencia
jurídica gratuita. La decisión ha
sido recibida con alegría por buena
parte de las organizaciones sociales
que intervienen sobre inmigración.

Para Diego Lorente, abogado de
SOS Racismo, la sentencia “puede
ser un apoyo para decirles a los
políticos que tienen que ser respetuosos
con el Estado de derecho”.
Según Arancha Zaguirre, del Servicio
de orientación jurídica de
extranjería del Colegio de Abogados
de Madrid, el tribunal pone
fin a una injusticia: “la ley de Extranjería
reconocía los derechos
de asociación, huelga, etc., pero
prohibía su práctica hasta que no
se tuviesen los papeles. Ahora
queda claro que las reformas van
por un lado, pero las sentencias
del Constitucional van por otro:
los sin papeles han de tener los
mismos derechos que el resto”.

Son constantes las denuncias de
que las distintas propuestas legales
en marcha criminalizan al inmigrante.
El 2 de octubre, el proyecto
de reforma de la ley del Poder Judicial
era tramitado en el Congreso y
el 23 de octubre llegaba al Senado,
que empezaría a debatirlo en noviembre.
Esta reforma busca perseguir
extraterritorialmente el tráfico
ilegal de personas o la inmigración
irregular: la judicatura y la policía
podrán intervenir más allá de las
fronteras españolas. Según el Centro
de Defensa y Estudio de los Derechos
Humanos (CEDEHU), el
proyecto equipara la inmigración
irregular con la criminalidad transnacional
como el terrorismo, el genocidio
o el tráfico ilegal de personas
y drogas, igualando así ‘sin papeles’
a delincuente. El CEDEHU
denuncia que la reforma obvia la realidad:
la mayoría de los viajes en
cayucos no dependen de las mafias,
sino de la autoorganización de los
que en ellos viajan; y no resuelve el
problema de fondo, las causas, ni
evita que los ‘sin papeles’ se jueguen
la vida para llegar a Europa.
El 28 de septiembre, el Senado
aprobaba una propuesta de ley contra
la inmigración clandestina. Plantea
la creación de una jurisdicción
especial en materia de extranjería,
la supresión de las vías para la regularización
del indocumentado -supresión
del arraigo laboral y social,
de la posibilidad de matrimonio con
la población autóctona- y prohibición
del empadronamiento. Además,
el Estado asumiría la tutela de
los menores inmigrantes no acompañados,
se incrementa el plazo de
prohibición de entrada en supuestos
de devolución a seis años y el
plazo de detención en los Centros
de Internamiento de Extranjeros
pasa de 40 a 70 días.

Para Zaguirre, la exposición de
motivos de la ley es clarificadora
de las intenciones de la reforma:
“hay referencias a la pobreza y al
desigual reparto de la riqueza como
causas de las migraciones. Pero
como si no hubiese responsables y
beneficiarios de ello: se da por hecho
esta injusticia. Se viene a decir:
no estamos dispuestos a cargar con
esos desgraciados que quieren salir
de la pobreza. Bueno, estamos
dispuestos si es beneficioso para
nuestra economía. Tenemos un
23% del PIB generado por la economía
sumergida, los sin papeles
están ocupando su lugar”. Para
Lorente, la norma “es un reflejo de
cómo se utiliza la legislación sobre
inmigración como un arma política
y electoral (se lanza a meses de las
elecciones), está repleta de prejuicios
y de medidas que, de una forma
muy general, provocarán un fomento
de la inmigración irregular,
una mayor separación entre los
ciudadanos extranjeros y los españoles,
y por lo tanto, una segregación
y mayor racismo”. Zaguirre
añade: “con la ley de Extranjería ya
se creó un sistema jurídico de segunda,
con menores garantías y,
en algunos temas, menores plazos,
disminuyendo los derechos en el
acceso a la relación con la Administración.
Ahora, se trata de ahogar
definitivamente la situación de
los ‘sin papeles’, en todos los frentes”.
Y remacha Zaguirre: “¡ahora
resulta que el colapso de la justicia
es generado por los cayucos, y no
por la falta de medios! El que hayan
aumentado la carga de trabajo
por los recursos judiciales centrados
en extranjería, está directamente
relacionado con la arbitrariedad
de las resoluciones administrativas.
La reforma criminaliza al
recurrente que hace uso de su derecho
constitucional a la tutela judicial
efectiva”. Lorente concluye:
“No creo que la ley salga adelante:
en el Congreso va a quedar aparcada.
Ésa es una de las razones por
las que no ha habido movilización
social: sería hacerle publicidad gratuita.
Pero sin olvidar que tras las
elecciones se puede reactivar”.

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