REFUGIADAS EN BURUNDI. El 39% de las mujeres declararon haber sido violadas en el genocidio de Ruanda / ACNUR

La violencia sexual es la punta del
iceberg de la pirámide de violencias
que afrontan las mujeres en la
guerra, escenario que refuerza el
sistema patriarcal de dominación
hasta convertirlas en botín y medio
para humillar, someter y marcar al
enemigo.

Según el texto Violencia Sexual
contra Mujeres y Niñas en Guerra
y Posguerra: realidades, respuestas
y recursos necesarios, elaborado
por el Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA), en los
conflictos marcados por divisiones
raciales, tribales o religiosas se
busca perpetrar la limpieza étnica
mediante la violación, el embarazo
forzado, el contagio del VIH-SIDA
o la mutilación genital: en la guerra
de la ex Yugoslavia, las violaciones
públicas querían forzar la
expulsión de comunidades musulmanas;
en Bosnia, el centro Cenica
para el Registro de Genocidio y
Crímenes de Guerra ha documentado
40.000 violaciones desde
1993. Para hacerles concebir “hijos
serbios”, los militares encerraban
a las mujeres encintas hasta que
no podían abortar.

Durante el estallido del conflicto
de Ruanda en 1994 se calcula que
fueron violadas 60.000 mujeres, de
las que 2/3 se infectaron con el VIH.
Otra meta es anular la resistencia
aterrorizando a las comunidades y
grupos contrarios, algo tristemente
común en conflictos de larga duración
como el de Colombia: en 2001,
el Comisionado Especial para la
Violencia contra las Mujeres de la
ONU recogió el caso de una mujer
a la que, tras violarla y matarla, los
paramilitares le quitaron los ojos y
las uñas y le cortaron los pechos.
La violencia tribal de los muyahidines
que tomaron el poder en Afganistán
tras la ocupación soviética
instauró tal miedo a las violaciones
masivas y públicas que el régimen
talibán se percibió como una tregua
en ese aspecto. En Timor
Oriental, las tropas indonesias violaban
a las mujeres frente a sus familias
y obligaban a los hombres
de la comunidad a hacerlo.

Vulnerables en la posguerra

En el ‘98 los rebeldes de la República
del Congo violaron a 5.000
mujeres y 25.000 niñas; el 25% contrajo
Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) y un 10% se contagió
con el VIH. Además cometieron
atrocidades como violaciones a bebés
y abusos con objetos.

Las guerras ponen en el punto de
mira a las mujeres en todas las fases
y frentes del conflicto. Un 40% de
los niños soldados del mundo son
niñas reclutadas forzosamente y
muchas sufren violencia sexual, como
en Uganda, donde el Ejército
Nacional de Resistencia las utilizaba
como esclavas sexuales. En Sierra
Leona, los rebeldes capturaban mujeres
para que ejercieran de esposas.
Mujeres que se alistaron voluntariamente
en la guerrilla maoísta
de Nepal explicaron que las forzaban
a acostarse hasta con 12 hombres
en una noche.

En cuanto a las civiles, su doble
vulnerabilidad hace de la huida un
momento de alto riesgo: refugiadas
afganas en Pakistán fueron forzadas
a mantener relaciones sexuales
a cambio de un techo y el 36% de
desplazadas internas en Colombia
sufrió una violación.
El asentamiento en campos no
mejora la situación: la sobrepoblación,
poca iluminación y proximidad
de lavabos de hombres y mujeres
y el acceso desigual de éstas a
los recursos favorecen los abusos,
según atestiguan los casos en campos
de Burundi o Liberia. Sufrir violencia
sexual durante el conflicto es,
además, un factor de riesgo posterior:
en países como Burundi, el estigma
de la violación expone al rechazo
social y el abandono marital
por el deshonor y el miedo al contagio
del VIH. Tras los conflictos, los
planes de reconstrucción no contemplan
las necesidades de las mujeres
y perpetúan leyes o tradiciones
discriminatorias: tras el genocidio
de Ruanda, se promulgó una ley que
prohibía a las viudas acceder a las
propiedades del marido a menos
que constaran como beneficiarias,
lo que abocó directamente a muchas
a la pobreza o la prostitución. En
Iraq, más de 400 mujeres fueron secuestradas
y violadas tras la ocupación
angloamericana y la Autoridad
Provisional de la Coalición derogó
el Código Familiar iraquí de 1959,
considerado como uno de los más
avanzados del mundo árabe por el
grado de autonomía y protección de
derechos de las mujeres, para sustituirlo
por la ley islámica.

La participación de mujeres en las
fuerzas armadas tampoco es la panacea,
vista la implicación activa de
las soldadas norteamericanas en
abusos sexuales a civiles iraquíes.

ACUERDOS INTERNACIONALES: MUCHO TEXTO Y POCOS HECHOS

El pasado junio se celebró en
Bruselas el I Simposio Internacional
sobre Violencia Sexual
en Conflictos, organizado por
el UNFPA. Tras establecer la
violación; la esclavitud sexual;
la prostitución, esterilización y
embarazo forzados y la violencia
sexual (VS) como crímenes
de guerra, la ONU quiere
integrar la perspectiva de
género en la prevención, la
gestión y la resolución de conflictos.
Pero la mayoría de los
acuerdos aún siguen siendo
papel mojado en la vida diaria
de las mujeres y hombres que
soportan las guerras.
En 1989, el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) creó la
figura del Coordinador Senior
para las Mujeres Refugiadas.
Las Directrices para la Protección
de Mujeres Refugiadas
de 1991 reconocen por primera
vez su vulnerabilidad frente
a la VS. Tres años más tarde,
la Conferencia Internacional
de Población y Desarrollo establece
la respuesta a la violencia
contra las mujeres como
uno de los cuatro pilares
de su programa de salud reproductiva.
En el ‘95 y ‘96
ACNUR editó Violencia Sexual
contra Refugiadas: guía de
actuación para la protección y
respuesta y el Manual de
Salud Reproductiva en Situación
de Refugio sobre prevención
y gestión de la violencia
en la emergencia y el desplazamiento.
Posteriormente,
adoptó el término de Violencia
por Motivos de Género (VdG)
para reflejar la exposición de
las mujeres a múltiples violencias
por su situación de desigualdad
estructural y creó el
modelo multisectorial de intervención,
que integra los sectores
sanitario, psicosocial y de
seguridad. Además de hacer
recomendaciones para intervenir
en la VS en situaciones de
emergencia y crisis humanitarias,
la ONU ha incorporado a
sus programas las directrices
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para el tratamiento
médico en caso de violación.
Pero teoría y práctica
no cuadran: según la llamada
a la acción que cerró el I Simposio
de Bruselas, “la falta de
una acción política consistente
y de fondos ha socavado
los esfuerzos para combatir la
violencia sexual”. De 2000 a
2006, sólo un 7,9% de los casi
106 millones de dólares del
presupuesto de instituciones de
la ONU para protección de
comunidades vulnerables se
dedicó a programas específicos
contra la VdG y un 5,9% a promover
el empoderamiento de
las mujeres.

Los tribunales penales internacionales
sobre crímenes de
guerra en la ex Yugoslavia y
Ruanda, celebrados en 1993
y 1994 respectivamente, condenaron
a diferentes militares
por delitos de violación, desnudez,
prostitución forzada y
esclavitud sexual. Pero no es
hasta el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional,
firmado en 1998 y en vigor
desde 2002, que por primera
vez se tipifica la violación, la
esclavitud sexual, la prostitución,
embarazo y esterilización
forzados y otras formas de violencia
sexual como crímenes
de guerra y contra la humanidad.
La Resolución 13-25
sobre Mujeres, Paz y Seguridad
del Consejo de Seguridad
de la ONU de 2000 llama a
respetar el derecho internacional
que protege a mujeres y
niñas en tanto que civiles, en
aplicación del Convenio de
Ginebra de 1949, la Convención
sobre los Refugiados de
1951 y otros tratados. Dicha
resolución pide una participación
activa de mujeres y la
integración de la perspectiva
de género en la prevención de
conflictos, las negociaciones
de paz y la reconstrucción; y
es uno de los puntales de la
llamada “reforma del sector
de seguridad”. Desde la 4ª
Conferencia de la Mujer de
Beijing (1995) la ONU promueve
el equilibrio y la capacitación
de género en los cuerpos
de justicia internacionales,
las fuerzas de paz, la policía y
el personal de misiones relacionadas
con los conflictos
armados, para acabar con la
VdG. Un objetivo cuanto menos
dudoso: las fuerzas de
paz han estado implicadas en
casos de comercio sexual en
Bosnia-Herzegovina, Sierra
Leona, Kosovo, Timor Oriental
y Congo, lo que llevó a la ONU
a introducir la política de tolerancia
cero a la VdG en los códigos
de conducta y cursar
una investigación contra 100
soldados de fuerzas de paz
acusados de explotación sexual
en el Congo. Recientemente,
el informe Sonrisas
Robadas de la ONG Save the
Children ha denunciado los
abusos sexuales contra niñas
en campos de refugiados
de Liberia por parte de trabajadores
humanitarios y la
cadena BBC ha extendido esa
denuncia a un trabajador del
Programa Mundial de Alimentos
de la ONU (PMA).