EL GOBIERNO OFRECE UNA REPARACIÓN 'SIMBÓLICA'
El combate por la memoria de la libertad

El autor, destacado miembro del Movimiento Libertario
Español en la lucha antifranquista, valora el reciente y
nuevo rechazo del Supremo a revisar la condena a
muerte de los anarquistas Granado y Delgado.

04/01/07 · 0:00
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MEMORIA,DIGNIDAD Y LUCHA. Manifestacion en Madrid el 9 de agosto de 2006./ Olmo Calvo

La decisión -por tres votos
a dos- de la Sala de lo Militar
del Tribunal Supremo,
denegando el recurso
de revisión contra la sentencia del
consejo de guerra sumarísimo que
en 1963 condenó a muerte a los
anarquistas Joaquín Delgado Martínez
y Francisco Granado Gata, no
ha sorprendido. La afinidad ideológica
con el franquismo del presidente
de la Sala, Ángel Calderón,
y de los magistrados Agustín
Corrales y Javier Julián, ponente
del auto, era bien conocida.
Es verdad que la singularidad jurídica
del caso Granado-Delgado,
al existir el “elemento de prueba
nuevo” (eximiéndoles de los hechos
que les habían sido imputados)
permitía esperar de esta Sala
la rigurosa aplicación de la Ley
Orgánica 2/1989 Procesal Militar
y que no vulnerara una vez más
el derecho a la tutela judicial -como
ya se lo reprochó el Tribunal
Constitucional en 2004, obligando
a la Sala Militar a retrotraer
las actuaciones judiciales al momento
probatorio que ella había
desechado en 1999.

Pero no ha sido así y la mayoría
de la Sala no ha querido considerar
como verosímiles los testimonios
de Sergio Hernández y de Antonio
Martín declarándose autores de los
atentados, ni mi propio testimonio,
como coordinador de las acciones
realizadas en aquellos años por Defensa
Interior, pese a que la policía
y la prensa franquistas me atribuían
tal responsabilidad.
La ideología fascista de estos
tres magistrados ha quedado una
vez más en evidencia, pues no sólo
consideran como “legalidad de
la época” a la dictadura franquista
sino que no han hecho nada para
verificar la credibilidad de
nuestros testimonios.

Como ha escrito el catedrático
de Derecho Constitucional Marc
Carrillo, “esta decisión evidencia
que algunos sectores del Poder
Judicial muestran una impotencia
estructural para garantizar los valores
del Estado de derecho. Incluso
cuando, como en este caso,
las normas procésales le facilitan el
terreno para una actuación revisionista
de un pasado ominoso, que a
los miembros de una institución democrática
como la judicial, cabe
pensar que debería repeler”.
Aunque lo más grave es que tal
carencia de ‘civismo democrático’
siga prevaleciendo, 31 años después
de muerto Franco, en la mayoría
de las instituciones del Estado.
Véase si no el tímido proyecto de
ley presentado por el Gobierno socialista
para rehabilitar a las víctimas
de la represión franquista y la
violenta oposición del PP y de los
poderes fácticos a tal rehabilitación.

Y eso pese a que el artículo 87 de la
Constitución autoriza al Gobierno y
al Parlamento a presentar tales iniciativas
legislativas.
Una ‘iniciativa’ que sólo ofrece
reparación ‘simbólica’, sin consecuencias
normativas, de una
injusticia que desde hace 30 años
deshonra a la democracia y a la
Constitución.

Durante la Transición, se justificó
este vergonzoso ‘olvido’ por la
necesidad de dar paso al Estado de
derecho. Ahora, que hasta el PP
habla de un “Estado de derecho
consolidado”, sería lógico y consecuente
cerrar aquella “anormalidad
jurídica” y ética. Pero ya hemos
visto el resultado del debate
sobre las “enmiendas a la totalidad”
del proyecto de ley presentado por
el Gobierno el 14 de diciembre en
el Congreso. Ni siquiera consenso
para aprobar un acto de justicia cívica
hacia los que lucharon por la
libertad y así poner fin a tantos
años de vergüenza y cobardía.
En tales condiciones, y se recurra
o no al Tribunal de Estrasburgo
para el caso Granado-Delgado, el
combate por la memoria de la libertad
debe continuar...

El objetivo primero de este
combate era acabar con la amnesia
histórica impuesta por los que
pactaron la Transición y, con
ello, poner en evidencia la vergonzosa
responsabilidad de las
fuerzas políticas en mantener durante
tantos años la inconsecuencia
política y ética de una democracia
que reconocía y aún reconoce
como legales las sentencias
de los tribunales represivos de la
dictadura franquista.
El de ahora es mantener viva esta
memoria y obligar a los partidos
‘progresistas’ a poner fin a la hipoteca
con el Franquismo.

Recursos contra las sentencias franquistas
_ La Sala Quinta de lo Militar del
Tribunal Supremo está compuesta
por siete magistrados y
un presidente de sala. Cuatro
pertenecen a la carrera judicial
y otros cuatro son elegidos
entre los miembros del Cuerpo
Jurídico Militar. El tribunal lo
forman cinco magistrados, y
tres es el mínimo legal. En
cualquier caso las decisiones
de esta sala se están caracterizando
por evitar la revisión de
las sentencias del franquismo,
aunque se dice que hay un
grupo de jueces «progresistas»
que, en cualquier caso, se
manifiesta con los votos particulares.
Desde diversos foros
se señala la proximidad ideológica
del presidente de la sala,
Ángel Calderón, con el franquismo.

El recurso de Delgado
y Granado no es el único que
ha sido denegado. Entre ellos
está el interpuesto por las hermanas
de Puig Antich, por la
hija de Juan Peiró Belis (ministro
de la CNT durante la República),
y el caso de José Pellicer
(organizador de la Columna
de Hierro). En el caso de Delgado
y Granado, la sala pasa
por alto el testimonio de los
autores materiales de los atentados
que declararon públicamente
su autoría. En el caso
de Pellicer, con el voto en contra
del juez Calvo Cabello, el tribunal
consideró que la sentencia
de muerte fue dictada por
un consejo de guerra que
«estaba dentro de la legalidad
vigente». Calvo Cabello, que
también votó en contra de la
resolución en el caso de Delgado
y Granado, fue uno de los
primeros magistrados en absolver
a un insumiso. En el caso
de Peiró, la sala estimó que la
ausencia de nuevos elementos
de prueba no evidencian la
inocencia del condenado. Sí
hay nuevos elementos en el
caso del anarquista catalán
Puig Antich, en la declaración
del doctor Barjau, ante quien
fueron llevados los heridos
después del tiroteo en que fue
detenido Salvador, y que asegura
que el policía Anguas
había recibido cinco disparos
en vez de los tres que señala
la autopsia oficial. La defensa
de Puig Antich ha encontrado
en un asilo a Rafael Espinosa,
uno de los dos forenses que
hicieron la autopsia a Anguas.
Está prevista la declaración del
ayudante de Barjau, el doctor
Joaquim Latorre Martín, que
fue junto a Espinosa quien hizo
la autopsia al policía.

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