UNA DENUNCIA DE UN GRUPO ULTRACATÓLICO PROVOCA SEIS DETENCIONES
Colectivos feministas critican la ambigüedad de la ley del aborto

El 30 de noviembre el Juzgado 33 de Instrucción de Barcelona ordenaba el encarcelamiento del director
y de dos trabajadoras del grupo de clínicas ginecológicas Ginemedex-TCB por los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental. Entidades por los derechos sexuales y reproductivos piden respeto a la presunción de inocencia y un juicio justo.

12/12/07 · 21:51
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Irene Cuesta

La jueza Elisabet Castelló acusa al
médico Carlos Morín y a las enfermeras
María Luisa D.S. y Virtudes
S.V. de practicar abortos a mujeres
en períodos superiores a los que estipula
la ley. Esta ley, de 1985, permite
la interrupción voluntaria del
embarazo (IVE) en tres supuestos:
violación (permitido hasta las 12 semanas
de gestación si se presenta
denuncia); graves taras físicas o psíquicas
en el feto (hasta 22 semanas,
dictaminado por dos especialistas
de un centro acreditado que no practique
ese aborto) y grave peligro para
la salud física o psíquica de la madre
(sin límite temporal y dictaminado
por un profesional médico distinto
a quien realice la interrupción).

Según el Juzgado 33 y la Fiscalía de
Cataluña, las clínicas Ginemedex,
EMC y CBMedical practicaron abortos
de fetos de más de 35 semanas,
falsearon informes psiquiátricos y
ecografías para justificar dichas interrupciones
y su personal ejercía
sin titulación. Tres acusados más
quedaron libres tras pagar unas
fianzas de entre 2.000 y 3.000 euros.
La Guardia Civil registró cinco clínicas
del grupo y la casa de Morín.

La existencia de máquinas trituradoras
de fetos en los centros para ocultar
pruebas, publicada por diversos
medios de comunicación, fue desmentida
por la Unidad de Criminología
del instituto armado. Fuentes
cercanas a los acusados aseguran
que no se han practicado abortos en
gestaciones tan avanzadas y defienden
la profesionalidad del director y
del personal del grupo Ginemedex-
TCB (GTCB). La Asociación de Clínicas
Acreditadas para la IVE, a la
que grupo TCB no pertenece, apela
a su presunción de inocencia y recuerda
que las clínicas cubren una
“demanda legal y social”. Según la
Federación Estatal de Planificación
Familiar, el supuesto legal de peligro
para la salud no fija un plazo para
practicar el aborto, por lo que no es
delito practicarlo en cualquier momento
del embarazo. La Coordinadora
Estatal de Organizaciones Feministas
exigió mantener la confidencialidad
de los informes médicos,
criticó el “alarmismo” con el que
se ha tratado el caso y aclaró que el
88% de los abortos practicados en
2005 se realizaron en gestaciones de
menos de 12 semanas; del 12% restante,
un 2% fueron IVE de más de
21 semanas y se hicieron por riesgo
fetal, que en muchos casos no se detecta
hasta las 20 semanas.

Aunque se basan en el testimonio
de una persona que fue empleada de
GTCB, la operación judicial parte de
la denuncia que el grupo E-Cristians
presentó en octubre de 2006 basada
en un reportaje de la televisión pública
danesa grabado con cámara
oculta en el que una periodista embarazada
de 30 semanas solicitaba
información para abortar y se le decía
que era posible. El Departament
de Salut de la Generalitat multó entonces
al grupo por irregularidades
administrativas, sin detectar ilegalidad
alguna. Ya anteriormente, en 1989, el Juzgado de Instrucción 7 de
Alicante acusó a Morín y a otros doctores
de la clínica Ginetec de practicar
abortos ilegales. Pasaron un
mes en prisión. El juez Lino Rubio
también decretó el secreto de sumario
y accedió a las historias clínicas.
El caso fue archivado en 1990.

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