NI ‘GRAFFITIS’ NI ACAMPADAS
SOLIDARIAS. La nueva normativa sanciona
todo tipo de comportamientos. / Directa / Regino Hillera

Nunca llueve a gusto de todos y la nueva ordenanza ‘cívica’ que el
Ayuntamiento de Barcelona quiere
poner en marcha es un buen ejemplo.
Es verdad que son muchos los
que piensan que la capital catalana
es una ciudad insegura, sucia, y en
la que los sectores marginales han
tomado la calle. Pero también hay
muchos otros que ante esta situación
piden soluciones de tipo social
y ayudas en lugar de castigos.

El alcalde de Barcelona, Joan
Clos, alentado por algunos medios
de comunicación, la oposición y un
futuro poco optimista según las encuestas,
ha decidido tomar nota y
aplicar ‘mano dura’. Una práctica
que no es nueva y que tiene su referente
en la tercera vía apadrinada
por el premier británico Tony Blair:
la izquierda más conservadora, ante
los nuevos retos de Europa, toma
recetas de la derecha para hacer
frente a las situaciones que surgen
en el siglo XXI. La inmigración, el
fracaso en la educación, la concentración
y aglomeración son algunos
puntos a los que debe responder.
Y la respuesta ha llegado en forma
de sanción. A las prostitutas
que están en la calle y a sus clientes,
aunque la conducta que se persigue
penalmente sea la del proxeneta.
Al mendigo insistente. Al
cliente del ‘top manta’ y no al explotador
del vendedor. A los graffiteros
y skaters. A los que orinan,
defecan o escupen en la calle cuando
hasta hace dos días no se había
pensado en recuperar los urinarios
públicos. A los que hacen acampadas
solidarias contra situaciones
insolidarias. A los que cuelgan carteles
y convocatorias de manifestaciones
en espacios no autorizados;
y también a los que las organizan,
obligándoles a depositar una fianza
por si se producen desperfectos.
Pero no todos los ciudadanos están
dispuestos a tomar la medicina
que el ‘doctor’ Joan Clos les quiere
hacer tragar. La entidad que reúne
a las asociaciones de vecinos de
Barcelona, la Federació d’Associacions
de Veïns de Barcelona
(FAVB), y, sobre todo, los sectores
criminalizados y perseguidos por
el Ayuntamiento, no piensan permanecer
callados y, de momento,
ya lo han dejado claro.

Desde un principio, la FAVB ha
insistido en que la ordenanza, lejos
de poner soluciones sobre las
mesa a determinados problemas,
penaliza a los colectivos más desfavorecidos.
La entidad que agrupa
a los vecinos denuncia, además,
que no hay tiempo para debatir
los aspectos más polémicos
de la normativa. Sobre todo teniendo
en cuenta que la propuesta
se aprobó el 9 de noviembre y
está previsto que, dos días antes
de Navidad, reciba el visto bueno
en el pleno municipal.

Los colectivos directamente
afectados -y que la nueva norma
del consistorio señala con el dedo
como culpables- tampoco han
apostado por el silencio. Entre comunicados
de skaters y graffiteros,
las prostitutas son las que han llevado
su malestar a la calle gritando
más fuerte. Medio millar participaron
en una concentración ante el
Ayuntamiento de Barcelona, convocadas
por la Plataforma Treball
Sexual i Convivència. Ellas también
estuvieron presentes, junto a
entidades juveniles, vecinales y
contra el racismo, en el debate que
acordó encargar a juristas un informe
sobre la ordenanza y las enmiendas
que deberían presentarse.

Pero las protestas no acaban
aquí. Cuando se llevó la polémica
al Consell de Ciutat, el máximo órgano
consultivo y de participación
ciudadana según el Ayuntamiento,
800 ‘incívicos’ más salieron
a la calle. Si bien las protestas
que hasta ahora se han realizado
en la calle no han sido masivas, la
proximidad del 23 de diciembre
ha hecho que los opositores a la
ordenanza expriman cada segundo
y preparen caceroladas, manifestaciones
e incluso una divertida
encuesta que ridiculiza la nueva
imposición municipal. El cuestionario
acaba con una máxima
atribuida a Joan Clos. Una máxima
que lo dice todo: “Prohibamos
lo que promocionamos”.