ENTREVISTA // JORGE DEL CURA, DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTRA LA TORTURA
"En el caso Roquetas ya se han puesto en marcha mecanismos para lograr la impunidad”

Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación
contra la Tortura de Madrid y de diferentes organismos
de defensa de los DD HH habla sobre la muerte de
Juan Martínez Galdeano en el cuartel de la Guardia
Civil de Roquetas (Almería).

14/06/06 · 16:39
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// Olmo Calvo

 

Texto de A. C.

DIAGONAL: Regularmente los informesde organismos de defensa delos DD HH recogen casos de fallecimientosbajo la custodia de policías.Estos fallecimientos no han merecidoexplicaciones públicas ni ocupadoportadas. ¿Qué ha pasado enRoquetas para que esta nueva muerteno pase desapercibida?

 

JORGE DEL CURA: A muchos nos
ha llamado la atención. Creo que no
hay una única respuesta. Desde hace
varios años se están utilizando los
DD HH. y sus vulneraciones como
arma arrojadiza entre las diversas
facciones de los aparatos estatales
para lograr fines que nada tienen
con la defensa y extensión de los DD
HH. A nivel de Estado español, podemos
recordar la utilización mediática
que hizo el Partido Popular, a
partir de 1996, de los sumarios del
caso GAL para llegar al Gobierno
ese mismo año.

El ya conocido como ‘caso Roquetas’
podría ser una nueva utilización
fraudulenta de los DD HH. para
conseguir objetivos espurios, utilizándolo
para atacar al Gobierno, pero
sin intención de aclarar lo ocurrido
realmente. En este caso la utilización
vendría de varios sitios, grupos
mediáticos, partidos de la oposición,
asociaciones de guardias civiles; cada
uno con sus objetivos, unos provocar
desgaste político, otros meramente
corporativos y para obtener
ventajas profesionales, todos con la
intención de sacar tajada de la muerte
de una persona.

También habría que tener en
cuenta que la muerte de Galdeano
se produjo el 24 de julio, en un periodo
carente de noticias de ‘interés’ y
los media se han agarrado a una noticia
que aunaba morbo y escándalo
(sería la ‘serpiente’ del verano de
2005). De todas formas, el impacto
mediático del ‘caso Roquetas’ irá disminuyendo
al tiempo que otros ‘escándalos’
tomen su lugar.

D.: ¿Como calificarías lo sucedido
en el cuartel?

J.C.: Por los datos que se van conociendo
los hechos deberían calificarse
como constitutivos de, entre otros,
un delito de torturas con resultado
de muerte. En ningún momento puede
plantearse como ‘el uso de la fuerza
mínima necesaria para reducir’ a
alguien que se resiste, o un uso proporcional
de la fuerza como pretende
la defensa y los propios agentes.

La mayoría, prácticamente la totalidad,
de los golpes infligidos a Juan
Martínez Galdeano lo fueron después
de que una agente sufriera una
lesión en un dedo (según la versión
de la propia Guardia Civil.) cuando,
intentaba reducirlo y como ’castigo’
por esta lesión. Ello nos colocaría
ante un delito de tortura tal y como
declara la Convención contra la
Tortura de la ONU: "Se entenderá
por tortura todo acto por el cual se
inflija intencionadamente a una persona
dolores o sufrimientos graves
(...) con el fin de obtener de ella o de
un tercero información o una confesión,
de castigarla por un acto que
haya cometido o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar o coaccionar
(..) cuando dichos dolores sean
infligidos por un funcionario público".
Ésta se ha denominado ’tortura
punitiva’, para distinguirla de la tortura
cuando busca obtener información.
Junto a este delito habría otras
figuras penales, lesiones, obstrucción
a la justicia, etc. que deberán ir
definiéndose más adelante. No creo
aplicables a este caso ni las calificaciones
de “asesinato” ni de “homicidio
imprudente” que en algunos medios
se ha barajado.

D.: Un reciente informe de la CESPP
concluye que los jueces son reacios
a dar crédito a las denuncias por malos
tratos contra policías. ¿Qué valoración
haces de las decisiones de la
juez que lleva la investigación?

J.C.: Poco puede decirse de las mismas,
puesto que hasta la fecha, que
se sepa, sólo ha tomado dos decisiones
reales: una, imputar a nueve
agentes (un teniente, siete guardias
y un alumno en prácticas). Y dos, dejarles
en libertad a todos tras prestar
declaración, rechazando la petición
de prisión provisional para el teniente
y uno de los agentes, efectuada
por el fiscal y la acusación particular.
Esta última decisión es bastante
discutible por el riesgo real de que el
teniente haga desaparecer pruebas.
Otras razones que podrían justificar
la prisión provisional no están claras:
la alarma social no debería ser
nunca un argumento jurídico (ni en
este caso, ni en ningún otro, con independencia
del delito de que se trate).
La pena que pudiera imponerse
a los agentes está aún por determinar,
dependerá de cómo se califiquen
los hechos y para ello habrá
que tener en cuenta las causas de la
muerte que recoja el informe forense
(pendiente de varios análisis anatomopatológicos).
Otra cosa es si podrá
soportar las presiones a las que,
sin duda, se verá sometida durante
la instrucción (la baja por depresión
luego desmentida), pero no tengo
datos. En todo caso un juez no es independiente
cuando nadie le presiona,
sino cuando sabe resistir las presiones.
La independencia no es un
derecho cuanto una obligación.

D.: ¿Cuál ha sido el papel de los médicos
forenses?

J.C.: Los informes de los médicos forenses
son, creo, pretendidamente,
ambiguos no concretando las causas
de la muerte y planteando supuestos
que podrían favorecer las tesis de la
defensa de los agentes.

En este caso el informe indica varias
posibles causas para la rotura
del esternón que pudo haber ocasionado
la asfixia: golpe violento, maniobras
de reanimación... y deja las
puertas abiertas a imputar la muerte
a la ingesta de drogas e, incluso, a
una pequeña artereoesclerosis que
podría haber facilitado el fallo del
corazón. Todas estas ’dudas’ han servido
en casos similares para justificar
una absolución o, como mucho,
imponer penas irrisorias. Es cierto
que la medicina no es una ciencia
exacta, pero al menos en este caso y
por lo que vamos conociendo, esta
ambigüedad contrasta con la rotundidez
de informes forense en otros
casos de muerte bajo custodia policial,
en lo cuales no se duda al afirmar
categóricamente que la causa
de la muerte es, por ejemplo, un infarto
por “reacción adversa a drogas
de abuso” o cualquier otra causa
achacable al propio detenido, excluyendo
cualquier posibilidad de que
la muerte se hubiera producido por
una agresión de los agentes.

D.: El amplio eco en torno a la muerte
de J. M. Galdeano ha desatado filtraciones,
acusaciones, peticiones
de dimisión. ¿Qué opinión te merecen
dichas reacciones?

J.C.: Ningún partido, sindicato policial,
grupo mediático ha solicitado el
cese de ningún responsable político
ni policial ante las al menos 63 personas
fallecidas en comisarías y cuarteles
de las Fuerzas de Seguridad del
Estado entre 2001 y 2004. Ninguna
petición de dimisión se ha oído ante
las decenas de muertes que se han
producido en los que va del año 2005.
El escándalo está siendo utilizado
por las asociaciones de guardias civiles
para presionar al Gobierno y lograr
así lo que consideran mejoras
profesionales y, en concreto, solicitar
más medios materiales y legales para
su defensa: y así, entre petición de
dimisión y declaraciones de apoyo a
los inculpados, estas organizaciones
han solicitado del Gobierno el endurecimiento
del Código Penal en los
casos de atentados contra la autoridad-
más penas de cárcel- o más medios
materiales para su defensa, incluyendo
la adquisición de más armas
aun cuando su uso esté prohibido,
en concreto más porras extensibles
y otros instrumentos.

«Tolerancia cero hacia los abusos policial

D.: ¿Es creíble esa afirmación
gubernamental?

J.C.: Hasta ahora se han producido
declaraciones de buenas
intenciones -que son, qué
duda cabe, muy importantespero
es imposible mantener y
aplicar una política de 'tolerancia
cero' contra los abusos
policiales cuando se niega sistemáticamente
el problema, y
en este sentido no las hacen
creíbles las constantes y reiteradas
declaraciones de responsables
políticos y policiales
del Estado negando el problema
o reduciéndolo a casos
aislados sin importancia.
Por ejemplo, en pleno estallido
del 'caso Roquetas',
Miguel Valverde, director del
Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista (CNCA), en
una conferencia aseguró no
conocer "ningún caso de torturas"
en el Estado español.
Este caso no ha hecho más
que comenzar, pero ya se han
puesto en marcha varios de
los mecanismos para lograr la
impunidad por esa muerte:
descrédito y difamación de la
víctima (tenía antecedentes,
se drogaba...), de su abogado
(supuestamente había
sido detenido por un delito de
tráfico de drogas), de los testigos,
presiones sobre los
magistrados, dudas sobre la
causa de la muerte... Estos
mecanismos podrían llevar a
la absolución de los agentes
por esta muerte (en cualquiera
de las formas en que se
tipificase - muerte por torturas
u homicidio imprudente). Son
dudas sobre la forma en que
se causan las lesiones, sobre
la entidad de éstas, que
podrían llegar a ser calificadas
únicamente como falta
de lesiones, no como delito.

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