POR LA LIBRE ELECCIÓN. Concentración en Madrid el pasado 23 de enero./ Juan Carlos Rojas

El 23 de enero miles de personas participaron
en concentraciones por el
derecho al aborto en diez ciudades
españolas. En Madrid, la más masiva,
se congregaron unas 3.000 personas
en la Puerta del Sol. La cincuentena
de organizaciones convocantes
exigieron al Gobierno que modifique
la actual Ley del Aborto “de modo
que deje de ser considerado delito en
el Código Penal”, y reclamaron “una
nueva normativa que garantice y respete
el derecho de las mujeres a interrumpir
voluntariamente su embarazo,
asegurando que se realice de forma
normalizada en la sanidad pública”.

Además, grupos feministas de
todo el Estado han organizado una
campaña de recogida de firmas en la
que mujeres y hombres se autoinculpan
por haber abortado o haber
acompañado a una mujer a hacerlo.

La campaña, que al cierre de esta
edición sumaba cerca de 5.000
autoinculpaciones, se está haciendo
de forma descentralizada. La primera
entrega de firmas estaba prevista
para el 7 de febrero en los Juzgados
de Primera Instancia de Madrid. La
Asamblea Feminista está recogiendo
autoinculpaciones además en Andalucía,
Zaragoza y Castilla y León.

Por otro lado, el 23 de enero representantes
de la Asociación de Clínicas
Acreditadas para la Intervención
del Embarazo (ACAI) se reunieron
con Patricia Flores, directora de
Calidad de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid (CAM),
para solicitarle que esta Administración
cese su persecución a estos
centros. Según Empar Pineda, portavoz
de la clínica Isadora, Flores aseguró
que intentarán “racionalizar las
inspecciones”. Además, aclaró que
éstas fueron motivadas porque en
2007, 208 personas presentaron denuncias
contra la clínica por supuestas
irregularidades. Sin embargo, el
acoso no cesa: en la madrugada del
24 de enero, dos periodistas de ABC
se apostaron frente a Isadora a la hora
de la recogida de residuos sanitarios
de abortos. Tras ello, dicho periódico
publicó una noticia “Entierro
de fetos con nocturnidad”
que, según Pineda, “cita textualmente
un párrafo del acta de inspección
de 2007”. Pineda anunció a
DIAGONAL que la clínica se querellará
contra el inspector de Sanidad
Mortuoria de la Dirección de Salud
Pública de la CAM, Juan Raúl Sanz,
por filtración de documentos confidenciales.

Sólo la clínica, la funeraria
y Sanz, quien ordenó la inspección
de 2007 y da los permisos para
el traslado, saben el día y hora de
estas recogidas. La Dirección de
Salud Pública obliga a Isadora a
realizar la recogida de residuos sanitarios
de abortos de más de seis
meses en un coche fúnebre pagado
por la clínica tras una denuncia del
Seprona de la Guardia Civil en febrero
de 2007 por supuesto incumplimiento
de la ley de gestión de residuos
(ver DIAGONAL nº 68).