EXPECTATIVAS DEFRAUDADAS. El PSOE anunció que posterga una vieja aspiración: la supresión de la Audiencia Nacional. // Olmo Calvo

Para la abogada madrileña Begoña
Lalana, los juicios rápidos no parecen
haber solucionado el colapso
de los juzgados, pues “jueces, fiscales
y funcionarios se quejan mucho
de que no tienen tiempo para trabajar”.
Una opinión similar tiene
Arturo Beltrán, magistrado de la
Audiencia Provincial de Madrid:
“Durante buena parte del pasado
año, a los juzgados de instrucción,
además de las guardias y los juicios
rápidos se les encomendaron todas
las medidas cautelares respecto a la
violencia doméstica. Esta sobrecarga
les ha quitado tiempo para investigar
delitos más complejos, sobre
todo la delincuencia económica, lo
que está favoreciendo al criminal
de cuello blanco”.

Otra crítica frecuente a los juicios
rápidos es la de la pérdida de garantías.
Para Jaume Asens, abogado de
la Comisión de Defensa del Colegio
de abogados de Barcelona, “la ‘justicia
express’ obliga a realizar la defensa
de los detenidos de forma improvisada,
con poco tiempo y recursos”.
“En realidad -añade- es una
transferencia de las funciones judiciales
al ámbito policíaco-administrativo:
lo que tendrían que hacer
los jueces lo hacen los policías, porque
los atestados policiales son cada
vez más un instrumento para
predeterminar la calificación de los
delitos y de las pruebas”. Para
Begoña Lalana, “en los juicios rápidos
en el ámbito penal la acusación
tiene la prueba nada más cometerse
el delito. La defensa, no. Es difícil
conseguir elementos exculpatorios
y se prima a la persona que se conforma
con la pena, sobre todo cuando
se le ofrece rebajarla ampliamente”.
La consecuencia es que “los
que aceptan este tipo de disminuciones
se van cargando de antecedentes
penales y sin darse cuenta
lastran sus posibilidades de beneficios
de suspensión de condena en
el futuro”.

Los juzgados de
violencia contra las mujeres

Sobre una de las innovaciones más
importantes del Gobierno, los juzgados
contra la violencia de género,
Lalana afirma que “el tema de la
violencia contra las mujeres ocupa
gran parte de las detenciones, creo
que es lo que más detiene la policía
en este momento”. Sin embargo,
aclara que “aunque metiéramos en
la cárcel a todos y cada uno de los
hombres que han golpeado, en alguna
ocasión, a sus mujeres o parejas,
no resolverías el problema. El
problema es social, no personal”.
Lalana resalta que en la reciente legislación
sobre violencia contra las
mujeres hay medidas de carácter
civil “que a veces son más importantes
para una persona que está viviendo
una situación de violencia”.
Por su parte, Jaume Asens respalda
esa opinión: “Hay una judicialización
excesiva. Se enfoca el problema
desde el lado punitivo”. Y destaca
que “orientar los recursos a la
víctima -la mujer- es lo correcto,
pero, ¿y el agresor? Se le tendría
que obligar a hacer tratamientos y
no hay recursos para la rehabilitación.
Le meten en el ‘talego’ y cuando
sale es el mismo de siempre. El
agresor también necesita ayuda
porque tiene que cambiar de chip”.

Para el juez Arturo Beltrán, “lo
mejor del año ha sido que el Ministerio
de Justicia no ha legislado,
no han hecho grandes leyes. Por lo
menos no se ha creado esa confusión
de cambio cada 15 días. Se ha
llevado una pauta de prudencia legislativa.
Comparado con el torbellino
de la época anterior ha significado
un cierto sosiego”. Una opinión
similar mantiene Begoña
Lalana: “La última etapa del PP fue
desesperante, todos lo criticábamos
abiertamente en los tribunales. A
cada problema que podía dar más o
menos votos, el PP endurecía el sistema
penal. Esto crea una inseguridad
jurídica tremenda”.

Aunque Jaume Asens coincide en
que “los tiempos son importantes”,
recuerda que “había una esperanza
de que todo el arsenal punitivo, todo
el entramado de las dos legislaturas
del PP, se desmontaría. Si
bien es cierto que se ha hecho en algunas
políticas, hay otras que se
han mantenido. Y, en lo que hace
referencia al tema penal, se ha consolidado.
Como se mantiene, se le
da nueva validez. Se va pasando la
legislatura y no hay síntomas de
cambio”. Aunque no se hace muchas
ilusiones, pues “muchas de las
reformas regresivas se aprobaron
con el apoyo del PSOE”, insiste en
que se puede hacer un “borrón y
cuenta nueva del conjunto, porque
todo está mal hecho”. Para Lalana,
“el PSOE debería haber rehecho este
estado de cosas porque, aunque
es verdad que las leyes penales no
se deben cambiar cada minuto, yo
iría por lo menos a los aspectos más
destacados”.

Ambos abogados coinciden en
que, aunque hay aires nuevos, sigue
presente la pesada herencia del
PP. Lalana destaca del último año
“un aumento enorme de la arbitrariedad
judicial. Los jueces tienen
tendencia a no querer desagradar
al poder”. La apreciación de que
muchos han abrazado la demanda
de mayor dureza la comparte
Asens, que lo ha notado “en el tema
de las prisiones provisionales y las
condenas. La presunción de inocencia
es cada vez más el tema de la
presunción de culpabilidad”.