“Luchamos para que la democracia sea inclusiva y verdadera para todas y todos. El reto es la educación, para que las próximas generaciones pueden vivir en libertad y celebrar la diversidad en todas sus expresiones”. Quien habla es Pedro Paradiso. Este abogado no sólo es coordinador del Área Jurídica de la organización Comunidad Homose­xual Argentina (CHA) sino que también es secretario regional de la sección de América Latina y Caribe de la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA).

Paradiso pone una medalla al activismo. ILGA agrupa ya a más de mil organizaciones alrededor del mundo. “El trabajo comunitario de las y los activistas es la base de una transformación que hemos iniciado hacia la igualdad. La aprobación de leyes, la jurisprudencia y las políticas públicas no hubiesen sido posible sin ello”, afirma con orgullo. Este trabajo y el debate público son un elemento fundamental para el reconocimiento de la diversidad sexual por parte de la sociedad.

La aprobación del matrimonio igualitario en Uruguay y la ley de identidad de género de Argentina –que incluye “una mirada y posición despatologizante, desjudicializante y a la vez descriminalizadora” ante el cambio de género en el registro civil sin necesidad de cirugía– son los mayores avances de la región que señalan desde ILGA. Pero en el campo judicial e institucional también se han dado pasos hacia delante con las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a favor de la diversidad sexual o la reciente creación de la unidad LGTB dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, la homo/lesbo/ transfobia se cruza con las discriminaciones de clase y raza y el machismo arraigado. “La falta de oportunidades, la marginación, como la invisibilidad, son agravantes de esta situación. Esto se hace evidente en la comunidad trans, donde el acceso a los derechos más básicos se ven vulnerados de manera vergonzante, la vida se pone en juego a diario y la exclusión es mucho mas fuerte”, apunta Paradiso. Los crímenes de odio y la violencia se manifiestan ahí con fuerza. “Los fundamentalismos religiosos también son causa de multitud de suicidios y muertes en la comunidad LGTBI”, añade.

Así que todavía queda mucho camino por recorrer. La discriminación, la marginación, la invisibilidad, la violencia, los crímenes de odio, la dificultad en el acceso a la justicia, el fundamentalismo religioso, el machismo, la falta de leyes y políticas siguen siendo, a juicio de Paradiso, algunos de los problemas centrales que enfrentan día a día. ¿La solución? Una legislación que respete y promueva la igualdad y la libertad, trabajar contra los fundamentalismos religiosos y políticos que promueven la exclusión y el odio, impulsar políticas públicas concretas y, sobre todo, una educación que celebre la diversidad.

Debate sobre el matrimonio

Nunca como en las últimas semanas se había oído hablar tanto de matrimonio igualitario. “La sensación es de estar viviendo un momento histórico”, señala desde Uruguay Magdalena Bessonart, del colectivo por la diversidad sexual Ovejas Negras. La organización presentó el proyecto de ley que aprobaron las cámaras el pasado mes de abril, convirtiendo al pequeño país del cono sur en el segundo de Latinoamérica tras Argentina en legalizar estas uniones en igualdad de condiciones a las parejas heterosexuales.
Con unos días de diferencia, Francia y Nueva Zelanda se sumaban a esta lista de países. Colombia, sin embargo, vivió una decepción. Durante las dos semanas de suspense, la plaza Bolívar de Bogotá (donde se encuentran los edificios de los poderes políticos) albergaba concentraciones a favor y en contra. Separados por una valla metálica y un cordón de policías, banderas multicolores de un lado y referencias a que el matrimonioes cosa “de hombre y mujer” del otro. Finalmente, el 24 de abril el Congreso hacía naufragar el
proyecto.

Intersexualidad

Invisibles. Así se sienten las personas intersexuales ante la sociedad y las instituciones. El binarismo de género que distingue entre hombre y mujer no sólo les afecta sino que también les mutila físicamente. La cirugía de reasignación en personas cuyos genitales no son claramente masculinos o femeninos busca “normalizarlos” cosmética­mente. Etique­tar­los sin que quepa duda de que son o de niña o de niño. Los informes de organizaciones de activistas de todo el mundo recogen que esta tendencia se produce por doquier y solo Australia se presenta como una isla de esperanza en este convulso mar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó, el pasado marzo, a una delegación de personas que trabajan el tema en la región. Natasha Jiménez, de Costa Rica, fue una de ellas. Se define como “intersex por nacimiento y trans por convicción” y es coordinadora de Mulabi, un espacio latinoamericano de sexualidades y derechos.

Para ella, la histórica convocatoria de la comisión “demuestra un interés genuino en que el tema sea visibilizado, colocado en las agendas de la Comisión y de los Estados parte”. Durante la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los comisarios preguntó en varias ocasiones si existían buenas prácticas en la región. Una y otra vez, tuvieron que responderle negativamente. “No podíamos darle esa buena noticia, ya que no existen políticas o protocolos favorables para la población intersex”, recuerda Jiménez.

Jiménez considera “preocupante” el desconocimiento generalizado sobre la temática intersex, incluso dentro de los propios grupos LGTBI: “Muchas organizaciones y movimientos mencionan la letra “I” por defecto, pero no hay una preocupación real o conciencia. Sin temor a equivocarme diría que somos un grupo invisible ante los ojos de la sociedad en general”.

Apunta a la cirugía de reasignación de sexo como el principal derecho violentado. “No se da la oportunidad de decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, incluso el personal de salud decide por encima de los padres y madres, apegándose a una mala interpretación del Código de la Niñez y la Adolescencia, actuando por oficio”, concluye Natasha Jiménez.

Ahí se centra la principal lucha del colectivo, frenar estas intervenciones que no se hacen por salud sino para prevenir discriminaciones de género y que en realidad acarrean en el futuro una larga lista de problemas físicos y psicológicos. Apuestan por naturalizar la sexualidad tal y como viene de nacimiento y que sea la persona la que más adelante decida con qué identidad de género y sexo se encuentra más cómoda.