PANORAMA // LAS PLATAFORMAS Y ORGANIZACIONES DE INMIGRANTES COMIENZAN A TOMAR PROTAGONISMO
Aumenta el control, crece el movimiento

Frente a la discriminación institucional, el aumento
de las deportaciones, los malos tratos de las fuerzas
de seguridad, la construcción de la inmigración
como problema social y la criminalización de la libertad
de movimiento, en el Estado español asistimos
en los últimos tiempos a un fortalecimiento de
las luchas de migrantes y colectivos de apoyo. El
desarrollo de organizaciones en el sector de los
temporeros en las zonas rurales o de los manteros
y las empleadas del hogar en las ciudades son
ejemplos de un proceso que en otros países vecinos,
como Francia, se inició hace décadas.

, Madrid
02/05/08 · 0:00
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José Colón

El Estado se nutre cada vez más de
herramientas de control de las migraciones,
tanto para las fronteras
externas con dispositivos como el
Sive (Sistema Integral de Vigilancia
Exterior) o el Frontex (Agencia para
la Cooperación en las Fronteras
Exteriores) como para las fronteras
internas, con políticas de endurecimiento
en el trato a los migrantes y
marcos legales sumamente rígidos
para las reagrupaciones familiares o
las solicitudes de arraigo, lo que genera
tensiones entre la migración y
la idea de ciudadanía. Bajo el interrogante
de qué puntos son los que arden
y qué actores le meten candela,
se abre un rico abanico de luchas.
Conocidas son las constantes vulneraciones
de derechos en los controles
de fronteras. Mauricio Valiente,
secretario general de la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), señala que “estamos presenciando
una zona de no control de
parte de la autoridad judicial de las
zonas fronterizas; con el operativo
Frontex, se intercepta a los inmigrantes
y se procede a su devolución
sin asistencia del abogado
que establece la propia
Ley de Extranjería”. Hace un
mes, CEAR denunció la actuación
de una patrulla de la Guardia Civil
en Ceuta que llevó a cuatro inmigrantes
hasta las aguas de Marruecos,
les pinchó el flotador y uno de
ellos murió ahogado. “Frente a esta
opacidad hay que seguir denunciando”,
concluye.

La forma de justificar la prohibición
de entrada al Estado es uno de
los puntos fuertes de las denuncias.
Según Reto Thumigher, de la Asociación
Afroaid, “la situación se ve
desde el punto de vista de que Europa
no puede ayudar a todo el mundo,
pero no se ve que África o América
Latina no necesitan una ayuda humanitaria
o caritativa, sino justicia.
Europa puede vender sus productos
en África, pero África no puede vender
libremente sus recursos, no
puede controlar sus procesos políticos
ni sus recursos naturales”.
La criminalización de las migraciones
está cada vez más amparada
en el marco legal, como muestra
la Reforma 13/2007 de la Ley
Orgánica del Consejo General del
Poder Judicial y del Código Penal,
aprobadas por las Cortes en noviembre,
y que según Clara Redal,
integrante de CEDEHU, “legaliza
la persecución extraterritorial de
la inmigración irregular y equipara
inmigración con los más graves delitos”.
CEDEHU, junto a otras organizaciones,
exige la derogación
de esta reforma y ha presentado
denuncias en la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la UE
y en el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU.

Fronteras interiores

El concepto de frontera funciona
también dentro del Estado y los derechos
de los migrantes difieren
según la situación administrativa.
Diversas asociaciones hacen regularmente
campaña por la defensa
del derecho de sufragio activo y pasivo,
ya que sino “no existe una
igualdad de ciudadanía”. Exigen el
ejercicio de los derechos laborales,
sociales, civiles y culturales bajo un
criterio de igualdad con la ciudadanía
europea. Esteban Cancelado,
de Ferine (Federación Estatal de
Asociaciones de Inmigrantes y
Refugiados en España) señala que
“hace días el portavoz de gobierno
dijo que el PSOE iba a evaluar el
derecho al voto; vamos a ver qué tipo
de voto promueven, porque tenemos
derecho a elegir y ser elegidos
en todas las áreas del Estado”.
Otra práctica de establecimiento
de fronteras internas son los controles
de documentación de forma
arbitraria en las ciudades. Muchas
de las aperturas de expedientes
concluyen con el traslado del migrante
a un Centro de Internamiento
para Extranjeros (CIE). Las personas
con órdenes de expulsión
aumentan a la par que las denuncias
de malos tratos por parte de
los cuerpos de seguridad. Tras el
caso del ciudadano nigeriano
Osamuyi Aikpitany, en junio pasado,
que murió por asfixia al ir
amordazado en el avión donde era
expulsado, Interior elaboró un protocolo
de expulsiones que en teoría
regulaba esa indeterminación,
pero su ambigüedad no garantiza
la integridad de las personas. El
protocolo sigue vigente pese a que
su derogación es una de las 12 medidas
urgentes que exige la Red
Estatal por los Derechos de los
Inmigrantes (REDI). Julia Castillo,
de la REDI-Valencia, afirma que
“el Gobierno habla mucho de integración
e interculturalidad, pero
promueve sólo dimensiones folclóricas.
Para hablar de integración
hay que hablar de derechos y no de
aumentar las expulsiones, de aumentar
los malos tratos”.

En este contexto surge en Madrid
el grupo Cerremos Nuestros Guantánamos,
en relación a los CIE, que
está formado por organizaciones como
las Oficinas de Derechos Sociales
del Patio Maravillas o del Centro
Social Seco, la red del Ferrocarril
Clandestino, entre otras, y que cuenta
con amplio apoyo del tejido asociativo
dentro del Estado. Según la
Coordinadora de Inmigrantes de
Málaga, “esta batalla entre el control
de los flujos migratorios y la capacidad
de transformar a las migraciones
en movimientos sociales y ser
sujetos activos es una batalla con resultado
abierto. Es difícil pensar que
se pueda expulsar a todos los inmigrantes
sin papeles, con lo cual creemos
que cada vez más van a ir proliferando
experiencias de lucha y de
organización en el seno de las comunidades
migrantes”.


UN MOVIMIENTO EN EXPANSIÓN

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