CENTROS DE EXTERMINIO. Fachada de la cárcel Modelo de Barcelona /
Fran Quevedo

A primeros de septiembre, la Asociació
Democrática Catalá de Funcionaris
de Presons (Adecaf), una organización
de funcionarios de prisiones
catalanes, hacía público un comunicado
que reconocía la práctica
de malos tratos en las cárceles bajo
competencia de la Generalitat. Esta
asociación considera que la situación
en estas prisiones es fruto del fracaso
de la administración catalana por haber
permitido “un sindicalismo corporativista
incompatible con los derechos
humanos”.

Adecaf afirma que estas prisiones
“han tocado fondo no sólo con las palizas,
sino sobre todo con el archivo
administrativo de las mismas, que
pone en evidencia la triste realidad
de una institución penitenciaria cuyo
cáncer corporativo alcanza los mismísimos
despachos de las direcciones
generales”. El comunicado se
apoya en los informes de denuncia
que desde hace varios años diferentes
organizaciones de defensa de los
derechos humanos han realizado sobre
la realidad penitenciaria catalana.
Es la primera vez que una organización
de carceleros acusa a otros
funcionarios -en su comunicado citan
la ya desaparecida “sección de
prisiones de CATAC”- no sólo de ultraderechistas
sino de practicar torturas.

Adecaf achaca estas prácticas
a una “cultura profesional de carceleros
oriunda de Herrera de la Mancha”,
el primer centro penitenciario
de máxima seguridad y donde se
aplicó el aislamiento absoluto. Esta
asociación menciona la práctica del
“túnel” o de las palizas protagonizadas
muchas veces por funcionarios
fuera de servicio. El comunicado cita
el motín de Quatre Camins, el 30 de
abril de 2004, en el que fueron agredidos
algunos funcionarios y tras el
cual carceleros fuera de servicio se
desplazaron a dicha prisión para
agredir a cerca de cuarenta presos -haciendo un pasillo para aporrearles-
y continuaron con las palizas a
varios internos durante los traslados
a otras prisiones. El aluvión de declaraciones,
partes médicos y demás
evidencias hicieron reconocer al
Departamento de Justicia del Gobierno
catalán que efectivamente se habían
producido “excesos”, aunque
ningún funcionario ha sido sancionado.
La causa judicial abierta entonces
por los abusos aún no se ha cerrado.
Las acusaciones de Adecaf sobre la
connivencia con los abusos alcanzan
tanto al anterior Gobierno catalán como
al actual del Tripartit.

La sección de Prisiones de CATAC,
de ideología ultraderechista y que en
las pasadas elecciones obtuvo una
amplia mayoría, fue expulsada en
2003 de la central sindical catalana y
tras crear una nueva organización,
USPC, se integró en UGT, alcanzando
más del 60% de la representación
sindical. Lo curioso de las acusaciones
de Adecaf es que los orígenes de
este pequeña asociación son también
de ultraderecha. Sus fundadores, inicialmente
integrados en CATAC-presons,
provienen también de los sindicatos
de carceleros franquistas. Uno
de sus fundadores participó en la creación,
a finales de los ‘80, de una asociación
filofascista junto a destacadas
figuras del neonazismo en
Cataluña. Algunos de sus artículos
relativizan los crímenes del nazismo.
UGT-presons va a celebrar el 3 de
octubre unas jornadas, con asistencia
del Departamento de Justicia,
en las que se condecorará a un funcionario
condenado en el pasado
por torturas.