DERECHO AL PROPIO CUERPO. El 8 de marzo en Barcelona reunió a unas 7.000 personas por el aborto libre y gratuito.

La persecución a las clínicas de abortos
repunta con fuerza: imputaciones
a mujeres en Barcelona, citaciones
en Sevilla a personas solidarias
que se han autoinculpado y señalamiento
de nuevas clínicas.

El 7 de marzo, el presidente de ECristians
y ex conseller de Agricultura
de la Generalitat en la etapa de
Pujol, Josep Miró i Ardèvol, envió un
requerimiento notarial a Santiago
Barambio, portavoz en Cataluña de
la Asociación de Clínicas Acreditadas
para la Interrupción del Embarazo
(ACAI), exigiéndole que explicara
los supuestos a los que se atienen las
clínicas de ACAI para realizar abortos.
Y amenazaba con querellarse
contra éstas por practicar abortos ilegales
si no tenía respuesta en un plazo
de 15 días.

Santiago Barambio explica a DIAGONAL
que la acusación del grupo
ultra se basa en fragmentos de sus
ponencias en congresos médicos:
“No son documentos legales porque
se usan términos que comprende y
maneja la profesión, pero él las eleva
a la categoría jurídica, contraponiéndolas
a opiniones de juristas sin valor
alguno; por fin, lo contrasta con
otra sentencia que le interesa y construye
una teoría de ilegalidad”. Según
Barambio, Miró i Ardèvol “me
califica de homicida y delincuente.
Es el mismo esquema que ha seguido
con las clínicas de Morín. En lugar
de intentar convencer a la gente
de que no aborte se dedica a perjudicar
a los profesionales que hacen posible
que las mujeres ejerzan su derecho.
No es un hecho aislado, sino
muchos y en una dirección”. ACAI
ha remitido el texto del requerimiento
a los Ministerios de Justicia y Sanidad.
Su portavoz estatal, Empar Pineda,
se lamenta de que las clínicas
estén de nuevo “en el punto de mira”.

Por otro lado, la jueza Elisabet
Castelló ha imputado a 99 mujeres
que interrumpieron sus embarazos
en las clínicas de CB Medical por
aborto ilegal basándose en un informe
de la Unidad de Policía Judicial
de la Guardia Civil sobre 139 historias
clínicas de las 2.780 requisadas
durante los registros de estos centros
del pasado octubre. Tras el levantamiento
del secreto de sumario, diversos
medios de comunicación han realizado
una descripción terrorífica
de las clínicas del doctor Morín en
las cuales se habrían realizado abortos
de gestación avanzada, a menores
de edad y sin practicar examen
médico previo. Desde ACAI, Pineda
aclara que “los abortos de 30 semanas
de gestación son legales con el
certificado de un médico especialista
o psiquiatra, según el supuesto. Hay
casos de malformación fetal que no
se detectan hasta las 22 semanas, por
lo que se debe determinar si la salud
de la mujer se verá afectada por llevar
a término el embarazo. En ese
caso, se aplica el supuesto de peligro
para la salud psíquica, sin plazo límite.
Según la ley, cualquier aborto
practicado sin certificado médico
previo es un delito”. Y también recuerda
que las menores de edad pueden
abortar con permiso materno,
paterno o tutorial.

Por su parte Olga Tubau, abogada
de uno de los psiquiatras encausados,
explica a DIAGONAL que “el
instrumental, la salubridad y la calificación
del personal de CB Medical
eran impecables” y desmiente la
existencia de trituradoras de fetos.
Matiza que “si hay alguna historia
clínica en que el informe psiquiátrico
se incorporó después, se habría cometido
una infracción administrativa
y no un delito penal”. En ese último
caso, “habría que ver si la salud
psíquica de la mujer peligraba, porque
en ese caso entraría en el primer
supuesto”. Según Tubau, la mayoría
de abortos realizados en esas clínicas
se acogen a éste. “Muchas mujeres
no fueron atendidas en la Seguridad
Social, por lo que podrían pedir
que se les reembolsara el coste del
aborto”. Según Pineda, las mujeres
que abortaron “no son responsables,
no hay derecho a que se las llame a
declarar ante la Guardia Civil”.

Por otro lado, en Sevilla, el juzgado
6 de instrucción ha citado como
testigos a cinco mujeres y hombres
de entre las 360 personas que se autoinculparon
en el marco de una
campaña estatal de solidaridad con
las mujeres inculpadas por abortar.
La Brigada de Homicidios les ha tomado
declaración.

Tras una campaña electoral en la
que la reforma de la ley del aborto
estuvo ausente (con la excepción de
IU y ERC, que proponían una ley de
plazos), el resultado de las elecciones
plantea un difícil panorama para
la reivindicación feminista de aborto
libre y gratuito. El PSOE baraja formar
gobierno apoyándose en CIU.
Este partido estuvo a punto de lograr
el séptimo escaño por Barcelona para
Manel Silva, miembro de la plataforma
ultracatólica E-Cristians, grupo
que ha desencadenado la actual
ofensiva antiabortista al denunciar al
grupo CB Medical. Duran i Lleida,
cabeza de lista de CIU para el Congreso,
asistió a la misa por la familia
cristiana que E-Cristians organizó el
27 de enero en Barcelona. Pineda
cree que “si estaban crecidos, ahora
que alguno de sus integrantes está
en formaciones políticas que el Gobierno
necesita lo estarán más”