REFERÉNDUM // LA LEY APROBADA EXIMIRÁ AL ESTADO DE SU PAPEL EN MÁS DE 6.000 DESAPARICIONES
Argelia pasa página a los años de plomo sin curar sus heridas

El 29 de septiembre los argelinos aprobaron en referéndum una ley que concede la amnistía a los implicados
en actos de terrorismo y guerra sucia. Según el Gobierno, el texto fue respaldado por el 91,76% de los
votantes. La oposición denuncia un fraude masivo y habla de “tsunami totalitario”.

20/10/06 · 20:04
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RESULTADO SOSPECHOSO. En Argelia apenas hay dudas de que la ley obtuvo la mayoría, pero pocos creen los datos oficiales / Ijana Cabarga

El día del referéndum, Sara B. acudió
a la escuela Halima Saadia de
Argel con el objeto de depositar su
voto. Pero cuando se disponía a hacerlo,
se topó con la sorpresa de que
ya había votado. Su nombre había
sido tachado de la lista electoral.

Tras pedir explicaciones y ante la
amenaza de escándalo, el jefe de
mesa le permitió votar. Su papeleta
fue uno de los escasos votos en
blanco de la consulta y ella, una de
las pocas personas jóvenes que pudimos
ver en los colegios electorales
de la capital, donde la afluencia
de votantes fue más que discreta, lo
que contrasta con los datos oficiales.

Según el Gobierno, la consulta
fue secundada por el 79,76% del
electorado en todo el territorio nacional
y por el 71% en Argel, hecho
que demuestra, en palabras
del ministro del Interior, “una recuperación
de la confianza de los
ciudadanos en la credibilidad de
las instituciones del Estado”. Los
periodistas no pudimos verificarlo:
el Ejecutivo prohibió a todo observador
externo presenciar el recuento
de votos.

Para la minoritaria oposición política
y las asociaciones de derechos
humanos, que se oponen a la ley de
amnistía, el de Sara no fue un caso
aislado. El Movimiento Democrático
Social (MDS, ex comunista),
algunos de cuyos militantes fueron
detenidos durante la campaña por
repartir octavillas invitando al boicot,
ha llamado a la población a “no
reconocer una operación refrendaria
erigida sobre la represión, el
fraude y la manipulación de las cifras”.
En términos similares se ha
manifestado el RCD (izquierda moderada),
para quien “es aritméticamente
imposible, con un boicot
masivo en Kabilia, obtener una
participación nacional del 80%”.

Según las cifras oficiales, el voto en
esta región fue seguido por el 11,5%
del electorado aunque su poderoso
movimiento ciudadano, que promovió
la abstención, considera que
el porcentaje puede haber sido menor.
El origen de este rechazo se encuentra
en unas declaraciones que
sólo una semana antes realizó
Buteflika, en las que negaba una de
las demandas históricas de los kabiles,
el reconocimiento del amazigh
(bereber) como lengua oficial
del Estado, a pesar de que el
Gobierno había llegado a un compromiso
en enero en este sentido.

Como argumento, el jefe del Estado
aseguró que “no existe país en el
mundo donde coexistan dos lenguas
oficiales [sic]”. Tras este nuevo
boicot, los partidos que apoyan
al Gobierno encaran ahora el difícil
reto de movilizar a la población kabil
en las elecciones parciales de la
región, que tendrán lugar el próximo
8 de noviembre.

En Argelia nadie duda de que la
Carta por la Paz y la Reconciliación
obtuvo el refrendo de la mayoría de
los votantes, pero pocos se creen
las estadísticas oficiales. La población
ha acogido estos resultados
con la misma indiferencia con la
que asistió a una campaña donde el
‘sí’ fue el único mensaje posible. La
Liga Argelina de Derechos
Humanos (LADDH) ha denunciado
que el Ejecutivo prohibió las manifestaciones
convocadas por los
opositores y disolvió con violencia
algunos de sus actos públicos, como
ocurrió en Constantine, donde
una concentración de familias de
desaparecidos acabó con varias
personas heridas y otras tantas detenidas.
Hassan Ferhati, portavoz
de SOS Disparus, denunció a DIAGONAL
que durante el mes de septiembre
la asociación recibió al menos
diez llamadas telefónicas de
amenaza.

Tanto la LADDH como SOS
Disparus y la mayor parte de colectivos
de familiares de desaparecidos
y de víctimas del terrorismo se
oponen a la ley propuesta por
Buteflika ya que, sostienen, “consolida
la impunidad y la negación de
la justicia” y sólo ofrece “reparaciones
económicas”, “negando a las
víctimas su búsqueda de la verdad”.
La Carta, cuyo reglamento de aplicación
queda ahora en manos del
Gobierno, a parte de glorificar la labor
de las fuerzas de seguridad,
concede la gracia a todos los detenidos,
condenados y perseguidos
por actos de terrorismo, a excepción
de aquellos que hayan perpetrado
“masacres colectivas, violaciones
y atentados con bomba en
lugares públicos”. Los islamistas
procesados podrán reincorporarse
a la vida social pero tienen prohibido
presentarse a las elecciones.
Respecto a las víctimas, el texto
ignora la reivindicación principal
de las familias: la investigación de
todas las violaciones de derechos
humanos y la identificación de los
culpables. Por ende, exime al Estado
de toda responsabilidad en las
desapariciones, a pesar de que éste
reconoce la existencia de 6.146 casos
de ejecutados presuntamente
por las fuerzas del orden. Desde
1991 hasta nuestros días, según datos
de la LADDH, el conflicto armado
entre el Gobierno y los islamistas
se ha cobrado en Argelia
unos 200.000 muertos, 20.000 desaparecidos
y 3.000 violaciones.

Tras el referéndum, que ha sido
calificado por la oposición como
un auténtico plebiscito popular de
Buteflika que sienta las bases para
su tercer mandato, algunos
cheiks (jefes) de zona de los Grupos
Salafistas por la Predicación y
el Combate (GSPC), la única organización
armada que sigue en
activo, han mostrado su disposición
a acogerse a la amnistía y a
abandonar las armas.

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