ARGELIA / ORGANIZACIONES QUIEREN CREAR UNA 'COMISIÓN DE LA VERDAD'
Argel prohíbe encuentro sobre desaparecidos

Sólo un día después de la firma de la Convención Internacional Contra las
Desapariciones Forzosas, el Ejecutivo argelino prohibía un congreso organizado
por asociaciones de familiares de desaparecidos y de víctimas del terrorismo.

01/03/07 · 0:00
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FRENTE A LA SEDE DEL PERIÓDICO ‘EL JABAR’. Fatima Yous de SOS Disparus (dcha.)
y Nacera Tudour del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Argelia en Francia./Ijana Cabarga

La política de “dos pesos, dos medidas”
del Gobierno argelino a veces
llega al paroxismo. El pasado 7 de febrero,
un día después de que su ministro
de Asuntos Exteriores, Mohamed
Beyahui, firmara en París la
Convención Internacional Contra las
Desapariciones Forzosas, el
Ejecutivo de Buteflika prohibía en
Argel un congreso sobre “la verdad,
la paz y la reconciliación” organizado
por tres asociaciones de familiares
de desaparecidos y dos de víctimas
del terrorismo. El comisario general
de Argel en persona, acompañado
de miembros de los servicios
de información y de seguridad, se
presentó en el lujoso Hotel Mercure
y procedió a cortar la electricidad del
auditorio donde iban a tener lugar
los debates y a bloquear su acceso,
dejando a la mayor parte de los participantes
en el exterior. Sólo un pequeño
grupo de madrugadores, entre
ellos el embajador de Suiza en
Argelia y algún periodista extranjero,
consiguió acomodarse en el salón
de actos bajo la luz de unas improvisadas
velas, pero ante la imposibilidad
de desarrollar el encuentro, la
organización decidió posponerlo. A
continuación, los colectivos convocantes
se trasladaron a la Casa de la
Prensa con objeto de denunciar este
nuevo “atentado contra la libertad de
reunión”, pero la dirección de la entidad,
otrora baluarte de la lucha por
las libertades, se negó a ceder un espacio,
por lo que la calle sirvió de improvisada
plataforma para realizar
una rueda de prensa y una ruidosa
concentración de protesta.

A pesar de que sus promotores,
con la financiación de la Agencia
Catalana de Cooperación al Desarrollo
(ACCD), solicitaron los permisos
preceptivos con dos meses de antelación,
las autoridades de la wilaya
(provincia) de Argel, sin argüir motivo
alguno, comunicaron por teléfono
su negativa sólo doce horas antes de
la inauguración del evento. “Uno de
los objetivos del seminario era abrir
un diálogo con las autoridades argelinas,
algo que éstas nunca han querido,
y ahora su mensaje no puede
ser más claro”, declaró a DIAGONAL
Nacera Dutour, presidenta del Colectivo
de Familiares de Desaparecidos
de Argelia (CFDA), una de las entidades
organizadoras.

Según esta histórica luchadora,
con el congreso “buscábamos aprender
de otras experiencias similares a
la argelina y llegar a un consenso entre
los distintos actores de la sociedad
civil de este país para constituir
una Comisión de la Verdad”. Para
ello, invitaron a especialistas pero en
vano. “El Gobierno no sólo negó el
visado de entrada a los extranjeros
que debían participar”, indicó Dutour,
sino que también “nos impidió
a los propios argelinos discutir entre
nosotros”. “Esto sigue siendo una
dictadura”, remachó, para añadir:
“Por desgracia, los países occidentales
protegen a dictaduras que representan
lugares estratégicos, y de esta
forma, Argelia puede firmar las convenciones
que sea y después no hacer
nada porque nadie le presiona”.

En esta ocasión, informó SOS Disparus,
otro de los colectivos organizadores,
el embajador español en Argelia,
Juan Leña, telefoneó molesto a
los responsables de la ACCD para
trasmitir el enfado de las autoridades
argelinas por haber financiado un
evento que, según éstas, ponía en peligro
el orden público.
Debido a la tormenta mediática
generada por la prohibición, dos días
después el Gobierno se vio obligado
a dar alguna explicación. En boca de
Faruk Ksentini, el alto funcionario
encargado de estudiar los casos de
desaparecidos, el Ejecutivo apeló al
artículo 46 de la Carta por la Paz y la
Reconciliación Nacional, que “prohíbe
evocar de nuevo el asunto de los
desaparecidos”. “Este dossier está
cerrado y nadie tiene derecho a hablar
sobre él”, subrayó Ksentini.

Cuestionada amnistía

La Carta por la Paz, que fue aprobada
en un cuestionado referéndum el
29 de septiembre de 2005 y ya ha permitido
la excarcelación de 2.000 presos
por delitos de terrorismo y la amnistía
de los agentes del Estado implicados
en casos de guerra sucia, es
rechazada por las cinco organizaciones
promotoras del seminario, que
representan a la mayor parte de afectados
por terrorismo y desapariciones
forzosas, hayan sido éstas perpetradas
por funcionarios o por los grupos
armados islamistas. “Estamos
dispuestos a dialogar con el Gobierno,
pero si ellos no quieren que
se conozca la verdad, nos tendrán
enfrente y no vamos a parar hasta
que llevemos a los tribunales internacionales
a sus responsables”, insistió
Nacera Dutour.

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