A las 12h tenía que comenzar, en el Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid, la vista oral contra 13 personas acusadas de okupar hace cinco años el palacio de la calle Atocha, 49 en Madrid. La pena solicitada era de 18.000 euros para cada imputado y tres meses de prisión en caso de impago.

Sin embargo, la vista no se ha podido celebrar debido a un defecto procesal. La acusación particular -formada por presuntos implicados en la Operación Saqueo de la trama Malaya- pedía un delito de usurpación y otro de daños por valor de 300.000 euros (no acreditados), mientras la fiscalía solo acusaba de un delito de usurpación. Esta irregularidad debía haberse subsanado hace dos años en el juzgado de instrucción, al que ahora ha vuelto el caso, pues comparecer ante un juez sin saber exactamente de qué se te acusa es “causa de nulidad”.

El 27 de marzo de 2008 un grupo de vecinos y vecinas del centro de Madrid creó el Palacio Social Autogestionado Malaya, como denuncia de la especulación urbanística y mercantilización de los espacios públicos. De esta forma, se abrió a la ciudadanía un centro social, donde se realizaron cientos de actividades culturales, hasta que el edificio fue desalojado el 1 de diciembre de ese mismo año. En ocho meses, más de 20 colectivos y varios centenares de personas participaron en los talleres y eventos del PSOA Malaya.

Este inmueble del siglo XIX permanece cerrado y abandonado desde aquel desalojo, tal y como estaba antes de la apertura del centro social. El edificio tiene 5.011 metros cuadrados y forma parte del “Conjunto Histórico de la Villa de Madrid”, tal y como señala el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Como la propiedad se negó a acometer las obras en la estructura del palacio, a las que está obligada por la protección integral que tiene asignada, Gerencia de Urbanismo aseguró en verano de 2012 que emprendería una “acción sustitutoria” que todavía no ha llevado a cabo. Es más, desde el pasado 15 de enero, este edificio se encuentra embargado. ¿Pero de quién es este palacio histórico? ¿Y a qué debía su nombre el centro social?

Una pieza de la trama Malaya

El inmueble fue adquirido en marzo de 2004 por una sociedad mercantil llamada Atocha 49, S.L, integrada a su vez por dos sociedades: Por un lado, Inversiones Paduana SL, cuya administradora única es Pilar Román, hija de Pedro Román, ex-teniente de alcalde del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Marbella. Padre e hija están imputados en la operación Saqueo de la trama Malaya (que ya va por su tercer episodio), acusados de delitos de fraude, cohecho, blanqueo de capitales y delitos contra la ordenación del territorio. Se les ha considerado testaferros de Juan Antonio Roca, ex concejal de Urbanismo del GIL. Para más inri, el abogado de la acusación particular en el proceso del PSOA Malaya, Severino Martínez Izquierdo, también fue administrador de Inversiones Paduana, y también aparece como implicado en el sumario de la trama Malaya.

La segunda sociedad que participa en Atocha 49 SL es AMACU S.L, cuyo administrador único es Javier Pérez Villena, acusado (y más tarde absuelto) de delitos continuados de falsedad, e hijo de Ismael Pérez Peña, imputado por cohecho y falsedad continuada, a quien se le acusa también de ser testaferro de Roca, de quien supuestamente habría recibido la concesión del Servicio Municipal de Grúas, a cambio de 30 millones de las antiguas pesetas (180.000 euros) y varios automóviles.

Volvamos a los administradores del edificio okupado. El Juzgado de Instrucción nº5 de Marbella imputó a Pilar Román (detenida en 2008 volviendo de Suiza) y a Javier Pérez Villena, por presunto blanqueo de dinero procedente de las arcas municipales de Marbella, que se habría invertido en la compra de una docena edificios madrileños, entre ellos el palacio de Atocha. En 2007 el mismo juzgado andaluz ordenó a sus propietarios la “prohibición de disponer del edificio”, ante los indicios de corrupción.

En diciembre de 2012, el Tribunal de Cuentas ordenó el embargo de varias propiedades de Pedro Román como un avión, un helicóptero y 41 fincas, entre ellas del palacio Malaya (su ejecución se hizo efectiva el 15 de enero de 2013), como garantía de pago ante una sentencia que lo condena a abonar al Ayuntamiento de Marbella 100 millones de euros. Es curioso, cuando menos, que le embarguen un edificio que está a nombre de su hija.

“Es una auténtica paradoja, y un fiel reflejo del injusto sistema socio-económico en el que nos encontramos, que se deban sentar en el banquillo aquellas personas que han dado vida o apoyado un inmueble en el centro de Madrid, en situación de abandono y adquirido por políticos corruptos y testaferros con el dinero que pertenece a la ciudadanía”, señala la nota de prensa enviada por los imputados a medios de comunicación.

“Las trece personas imputadas que han acudido hoy a los Juzgados de lo Penal lo han hecho, no por dar cuentas de un enriquecimiento personal, sino por conquistar un beneficio ajeno y colectivo, como son los espacios sociales abiertos a toda la ciudadanía”, ha declarado a la salida de los juzgados el abogado defensor del PSOA Malaya, Endika Zulueta.