EVALUACIÓN A FONDO. Amnistía Internacional propone indicadores de seguimiento / Olmo Calvo

El 11 de julio, María Teresa Fernández
de la Vega evaluó en una rueda
de prensa los tres años de vigencia
de la Ley Integral contra la Violencia
de Género. La vicepresidenta rechazó
los “triunfalismos mientras
una sola mujer muera asesinada”
para luego afirmar que “las mujeres
están más protegidas, disponen
de más información y recursos para
salir de su situación y cuentan
con derechos sociales y económicos
para abordar su futuro”.

Un día antes, Amnistía Internacional
(AI) había pedido al Gobierno
que “priorice” la lucha contra la
violencia de género y asegurando
que la ley “ha tenido poco impacto
en aspectos fundamentales del recorrido”
de las mujeres maltratadas.
Según el informe Obstinada
realidad, derechos pendientes, “la
atención sanitaria de calidad, el acceso
a recursos de atención integral,
la asistencia letrada o la consolidación
del principio de no discriminación
siguen siendo compromisos
sin cumplir”. AI emplazó al
Gobierno a “cumplir con sus obligaciones
y realizar una completa
evaluación que no sólo recoja las
medidas puestas en marcha, sino
su impacto”, tal como establecen la
ONU y la ley.

Según María Naredo, autora del
informe, “los avances en el ámbito
sanitario, al que acuden todas las
maltratadas, sólo han sido en el papel”.
A cinco meses de finalizar el
Plan Nacional de Sensibilización
2007-08, que preveía formar al
grueso de profesionales sanitarios,
“no hay un plan de formación con
acciones, calendario y presupuesto
definidos”. El grupo de trabajo de
Sanidad no se reúne desde 2007. El
Protocolo Común de Actuación Sanitaria
“no se ha desarrollado con
equidad territorial. Los avances son
en Comunidades que ya eran pioneras
antes de la ley: Canarias, Cantabria,
Asturias y Castilla y León”.

El derecho a la asistencia social
integral “sigue sin materializarse
en todas las Comunidades”. La Casa
Malva de Asturias es el único
centro de recuperación integral y
se continúan utilizando hostales y
albergues como ‘centros de emergencia’.
Según Virginia Álvarez,
responsable de Política Interior de
AI, el presupuesto para Comunidades
y Corporaciones Locales “se
ha reducido a la mitad. Al pasar del
fondo para atención integral a financiar
‘proyectos innovadores”,
decreció de 12 millones de euros en
2006 a 6,5 millones en 2007 y 2008.
Álvarez afirmó que la ley “requiere
financiación estable, disponibilidad
de recursos y accesibilidad”. Para
Naredo, “algo está fallando cuando
se reducen fondos mientras las asesinadas
aumentan”.

Según Naredo, las mujeres con
dificultades añadidas como enfermedades
mentales, alcoholismo,
drogodependencias o situaciones
de marginación “no son admitidas
en los recursos para las víctimas ni
disponen de otros especializados”.
La asistencia letrada inmediata y
especializada para denunciar y pedir
protección “no se garantiza por
falta de turnos de guardia de 24 horas
en bastantes colegios de abogacía”,
así como de “formación de
agentes policiales que no estén en
unidades especializadas”.
AI denuncia que “las medidas de
protección son poco eficaces y los
efectivos dedicados a ello, escasos”:
el número de denunciantes asesinadas
ha crecido en diez puntos de
2005 a 2007. Ese año murieron 12
mujeres con orden de protección.

Los juzgados de violencia de género,
medida estrella de la ley, afrontan
“sobrecarga de trabajo, falta de
formación de personal y medios”,
lo que incide en una “revictimización”
de las mujeres: las causas sobreseídas
crecieron en un 180% de
2005 a 2007. La persecución e investigación
de delitos “no han mejorado”.
AI acusa de “inacción” al
Ministerio Fiscal por solicitar el archivo
de actuaciones sin la debida
diligencia en muchos casos.
Por último, la ley no recoge el derecho
a la reparación de las víctimas
y sólo se indemniza a las que
acrediten haber sufrido una violencia
que las incapacitara temporalmente
durante más de seis meses.