INMIGRACIÓN // UNA MUJER RESIDENTE DESDE HACE 27 AÑOS HA SIDO EXPULSADA
Alemania elige la represión

Mientras impulsa en Europa políticas restrictivas para controlar la inmigración, Alemania persigue a los ‘sin papeles’ y limita los derechos de los solicitantes de asilo.
Texto de E. Tayefeh

10/07/08 · 23:57

Según las estimaciones de diferentes
asociaciones, en la República Federal
de Alemania viven entre 500.000
y un millón de inmigrantes ‘sin papeles’.
Es, además, desde hace tiempo
uno de los países de Europa con el
mayor número de solicitantes de asilo
y refugiados. Pero los últimos gobiernos
alemanes han apostado por
políticas restrictivas y de expulsión
que han degradado las condiciones
de vida de miles de inmigrantes.
Por ley, los solicitantes de asilo tienen
limitada la libre circulación dentro
del país y están obligados a permanecer
en el lugar de residencia
que se les ha asignado. Si no, pueden
ser castigados hasta con un año de
prisión. Y aunque la práctica no es
nueva, últimamente los demandantes
de asilo son alojados de forma
creciente en campos de refugiados
hasta el punto de alcanzar niveles
alarmantes. En Baviera más del 80%
de los solicitantes viven en estos
campos. A pesar de masivas protestas
de las organizaciones de defensa
de los derechos humanos, esta práctica
se sigue ampliando.
Tras la firma, en 1948 y 1973, de
diferentes tratados internacionales,
Alemania se había comprometido a
garantizar a todas las personas residentes
en el país el derecho a la asistencia
médica. Y, concretamente,
una la ley garantiza a los demandantes
de asilo el derecho a esta
asistencia. Sin embargo, la realidad
es otra. La asistencia se limita a casos
de emergencia o de enfermedades
dolorosas y no hay un cuidado
médico regular.

Peor aún es la situación de las personas
indocumentadas. Como en
otros países europeos, son víctimas
de todo tipo de abusos –laborales,
por ejemplo–, pero a diferencia de
otros países Alemania les dificulta su
derecho a la salud. Al recurrir al sistema
público corren el peligro de ser
arrestadas y llevadas a centros de detención
para luego ser expulsados.
Aunque la ley en teoría les garantiza
el acceso a la salud, igual que a los
solicitantes de asilo, si recurren a un
médico u hospital a través de la oficina
de asistencia social pueden ser denunciados.
La legislación alemana
obliga a todo empleado público a entregar
a la policía de extranjería la
información que tenga sobre un extranjero.

Y esta situación escandalosa
no se limita a los adultos. Las madres
‘sin papeles’ no pueden solicitar
para el recién nacido una partida de
nacimiento o cualquier otro documento
que atestigüe el parentesco,
sin riesgo de ser denunciadas. Por lo
tanto, desde el primer día de vida estas
niñas y niños están en una situación
irregular y pueden ser separados
de sus madres, por ejemplo, en
caso de expulsión. Y el número de
expulsiones no para de aumentar.

El creciente empeño de las administraciones
regionales (con competencias
sobre las expulsiones) alcanza
incluso a inmigrantes que llevan
mucho tiempo residiendo en el
país. En abril, por ejemplo, el concejal
de interior de Berlín expulsó a
Turquía a Khadra O., una mujer
kurda de 51 años y madre de siete
hijos, oriunda del Líbano. Según
sostiene su hija Nislin, Khadra no
habla turco ni tiene familia en ese
país. Vivía desde hacía 27 años en
Alemania. Pero la policía de extranjería
la acusó de haber falseado su
lugar de nacimiento para conseguir
el permiso de residencia. Según el
abogado de la familia se trata de
una interpretación de la policía
equivocada. A pesar de numerosas
protestas de diferentes organizaciones
de derechos humanos, Khadra
fue expulsada.

Con el recorte de prestaciones sociales
para los inmigrantes y las políticas
represivas contra los sin papeles,
el Estado ha contribuido a crear
una atmósfera hostil en sectores de
la población. Y eso se nota en el incremento
de las agresiones racistas.
Mientras tanto la extrema derecha
se ha ido organizando y en las últimas
elecciones regionales obtuvo representación
en dos parlamentos.

Pero Alemania, como sostienen
los políticos conservadores, ahora se
defiende en todas las fronteras que
abarca el acuerdo Schengen. Schäuble,
el ministro de Interior alemán,
elaboró en 2007 –en cooperación con
el entonces vicepresidente de la UE,
el italiano Franco Frattini– una propuesta
para transformar Frontex en
una policía fronteriza, equipada con
material y armas ultramodernas.

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