Tras las torturas de Atenco, surgió en Madrid el grupo de trabajo Atenco Somos Todas para denunciar la violencia del Estado “a nivel político y también psicosocial”.
Texto de Atenco Somos Todas.
- BRUTALIDAD POLICIAL Un policía durante un manifestación en México en mayo de 2006. /Giovanni Garrido
Cada cierto tiempo, las vergüenzas
de la democracia
aparecen bajo la alfombra
de un estratégico silencio
mediático y algunas voces denuncian,
todo lo fuerte que pueden, la
existencia de la represión política y
la práctica de la tortura como forma
habitual de la misma.
Tras una agresión, del tipo que
sea, una de las primeras preguntas
que nos asalta, y a la que de alguna
manera necesitamos responder es
un sencillo “¿por qué?”. Entender
los motivos es esencial para darle
sentido a lo que nos pasa, afrontar
las consecuencias de la violencia,
sanar las heridas. Así pasa también
con la represión, que llega como un
golpe seco, fuerte, a veces sin saber
muy bien por dónde continuar o de
qué exactamente hay que defenderse.
Es difícil enfrentarse de cara con
el dolor, por eso resulta sencillo acogerse
a los argumentos que el poder
esgrime para lavar sus manos y las
de sus funcionarios “son hechos aislados”,
“a ese policía se le fue la mano”,
etc. Y así la represión consigue
su primer objetivo: que no seamos
conscientes de sus finalidades.
La represión política, ideada y
ejecutada por el poder para mantener
las relaciones de dominación
existentes, afecta a diversos aspectos
de la vida a nivel personal, social
y político. La ruptura del tejido social
y la desmovilización de la protesta
a través del horror serán dos
de sus objetivos fundamentales, que
intentará conseguir a través de distintas
vías. La criminalización de los
movimientos sociales permite, mediante
los medios de comunicación
y el sistema judicial, justificar la violencia
institucional contra determinados
grupos, frecuentemente vinculando
toda disidencia a un grupo
terrorista. Por otro lado, se pretende
crear una base legal que justifique
la represión, y las estrategias
para conseguirlo abren un amplio
abanico de cínicas posibilidades.
Desde la modificación del Código
Penal, pasando por desalojos de espacios
autónomos, denegación sistemática
de permisos, o el uso político
en la aplicación de las leyes,
generando una legalidad de excepción
encaminada a dar un mensaje
claro al resto de la población: “te
puede pasar a ti” (significativos
ejemplos son los procesos abiertos
en las masivas manifestaciones contra
los compañeros condenados en
las manifestaciones anti LOU de
2001 por la vivienda en 2006).
Ante la rabia y la impotencia que
puede generar este panorama, las
salidas no son muchas. La denuncia
jurídica por tortura o malos tratos
es una de las más habituales, pero
que por norma acaba dándose de
bruces con la dura pared de la impunidad.
Y es que, si nos detenemos
a pensarlo, un Estado que utiliza la
tortura como estrategia de control y
represión, no va a crear ni facilitar
ningún camino que le señale como
perpetrador. Acaban así las denuncias
jurídicas contra miembros de
las fuerzas de seguridad llenando
los cajones de casos archivados, y
alimentando, cada día, la cara amable
de la democracia y su policía,
haciendo crecer la impunidad y el
desgaste de las que no pueden ni
quieren callar.
Nuestra experiencia de afrontamiento
de la represión nace del intento
de hacer real el “si nos tocan
a una, nos tocan a todas”. Entendemos
que la tortura se realiza contra
personas concretas, pretendiendo
que el terror se extienda
cual onda expansiva al entorno de
las mismas. Por eso, porque no es
una agresión puntual entre un policía
y una persona, creemos que la
respuesta y el afrontamiento deben
ser colectivos, porque no nos
deja indiferentes, y vivir de cerca
con esta realidad va trastocando
nuestra percepción del mundo, de
la lucha y de nosotras mismas. En
el camino, sentimos el peso de las
losas que el patriarcado nos ha impuesto,
obligándonos a aguantar,
obviando los dolores e instaurando
un silencio de sal sobre heridas que
quizá necesitan sangrar algo más
que denuncia jurídica, difusión política
y rabia para poder cicatrizar.
A veces nos cuesta reconocer hasta
qué punto nos afecta la violencia
de Estado, no sólo a nivel político
sino también a nivel psicosocial y
emocional. No queremos olvidar
que la tortura busca quebrar la persona,
doblegar la voluntad, la parálisis
a su alrededor, y no podemos
obviar que muchas veces lo
consigue. Por eso, es necesario
abordar estas dimensiones, quizá
más relegadas al ámbito de lo privado
e históricamente femenino, y
hacerlo de manera colectiva, para
generar una resistencia que ya no
sólo se defienda, sino que también
avance.
Éste es uno de los objetivos de las
jornadas “Resistencias ante la represión
política y la tortura sexual”,
que se celebran a finales de septiembre
en Madrid [ver agenda]: entender
la represión para afrontarla,
también desde una perspectiva psicosocial,
compartir las herramientas
que han generado distintos grupos
de apoyo y supervivientes de
represión para tejer redes de apoyo
mutuo y resistencia colectiva.
Más info en: www.justiciaparaatenco.
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El ‘caso Atenco’, mercantilización sin tapujos
Cuando el derechista Vicente
Fox presentó el plan de
construir un nuevo aeropuerto
internacional a 80 kilómetros
de la capital en 2001,
los afectados por las expropiaciones
de terrenos se organizaron.
Tras meses de
movilizaciones, heridos, detenidos
y encarcelados, y declararse
municipio autónomo
rebelde, los campesinos de
San Salvador Atenco lograron
parar el plan presidencial.
El 4 de mayo de 2006,
tras todo un día de disturbios
originados por un desalojo
de floricultores en el cercano
Texcoco, se desencadena
una violenta represión
contra integrantes
del FPDT y de la Otra Campaña
en Atenco. 3.000 policías
cercan el pueblo y entran
a enfrentarse a los
campesinos. Dos jóvenes
fueron asesinados por policías,
además hubo 200 personas
detenidas, de ellas 47
mujeres, que fueron torturadas
y les fueron inflingidas
violaciones, abusos sexuales
y psicológicos. Todavía quedan
11 detenidos, ahora
condenados. A principios de
2008 el presidente Calderón
ha retomado la idea del
aeropuerto, en el que empresas
constructoras españolas
podrían tener implicación
directa, las mismas que recibieron
a Calderón en su gira
por Europa. El sindicato CGT
definía el caso Atenco como
“un contexto de mercantilización
sin tapujos en las relaciones
entre México y Europa.
Afinidades no ocultadas
entre el Gobierno ultraderechista
mexicano de Felipe Calderón y el socialista de
Zapatero”.
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