MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS // DENUNCIAN PRÁCTICAS ILEGALES
Las administraciones aceleran las expulsiones de menores

El endurecimiento de las políticas ante la inmigración
se constata también en el caso de
los menores extranjeros no acompañados.
Varias comunidades autónomas intentan
deshacerse de ellos, en vez de proteger sus
derechos como menores. Sin embargo, la intervención
de diferentes organizaciones sociales
está logrando parar las expulsiones.

26/06/08 · 0:00
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Antes de que fuese aprobada la
europea ‘Directiva de la Vergüenza’,
que instaura el encierro de
menores en los Centros de Internamiento
de Extranjeros hasta su
expulsión, diferentes administraciones
españolas habían empezado
a decantarse por la mano dura.
Así han apostado por repatriaciones
ilegales de menores extranjeros
no acompañados (MENA) y
han acelerado la externalización
de los centros de acogida.

Las comunidades autónomas
ejercen la tutela judicial de cada
MENA que llega a su territorio.
Por ley, tienen que garantizar su
derecho a una vivienda digna, sanidad,
educación y documentación.
Esto rara vez se cumple en
los centros de menores españoles,
según denuncian diversas organizaciones
sociales. Más aún, algunas
comunidades practican expulsiones
ilegales disfrazadas de reagrupaciones
familiares.

Madrid concentraba hasta el
año pasado el 50% del total de las
expulsiones del Estado. Por su
parte, en 2006 la Generalitat de
Catalunya repatrió a 19 menores,
según el Col lectiu Drari. Ceuta,
Melilla y Alicante son otros de los
territorios que expulsan a menores.
Asturias, Andalucía y Euskadi
figuran entre los que amenazan
constantemente con hacerlo. El
11 de junio, en rueda de prensa,
asociaciones andaluzas pro derechos
humanos denunciaron la
existencia de una circular de la Dirección
General de la Infancia y
Familia para que los menores con
más de 16 años llegados a los centros
de acogida no fuesen declarados
en situación de desamparo
y así evitar tener que tutelarlos.
Según Drari, las instituciones asturianas
han acordado en una semana
órdenes de expulsión para
ocho niños. “Dudaban de su edad
y decidieron que eran mayores.

Les detuvieron y decretaron su internamiento
en el CIE de Valencia”,
relata su portavoz, Vincenç
Galea. El menor expulsado a menudo
ni siquiera llega a su ciudad
natal. Le envían a un país que no
le acepta y que carece de un sistema
de protección. Para maquillar
esas consecuencias, se han construido
un total de cuatro centros
en Marruecos a iniciativa de los
gobiernos central, de Madrid y de
Cataluña. “Los venden como programas
educativos, pero son un
fraude y no permiten la intervención
de las ONG”, critica Galea.

En Melilla, las expulsiones se ejecutan
sin mediar trámite, denuncia
la ONG Prodein. “Cuando llega
un niño se le trata mal para
que se vaya. Los educadores les
asustan con interrogatorios en los
que los malos tratos son habituales.
Durante su estancia se les castiga
sin salir y se les amenaza con
que no les harán papeles. Comen
mal y su ropa es tan precaria que
les da vergüenza ir al colegio... El
niño no aguanta, así que abandona
voluntariamente. Los educadores
le llevan a la frontera y le amenazan
hasta que accede a irse”, relata
su portavoz, José Palazón.

Además, cuando el menor cumple
18 años, la Consejería le retira toda
documentación. “Se quedan en
la calle sin papeles y son expulsados
en cuanto un control policial
les intercepta”, señala.

Al menos, las asociaciones están
logrando limitar la acción de
las administraciones. Madrid ha
dejado de expulsar por la actuación
de abogados; en Catalunya,
desde la última expulsión en junio
de 2007, se denuncian todas las
que se notifican y se han conseguido
abortar cuatro, y Andalucía
lleva años sin repatriar por la presión
judicial. Se ha logrado que las
expulsiones sean notificadas a los
menores, ya que antes se les repatriaba
por sorpresa. Galea defiende
“establecer un protocolo para
conocer bien al niño y su entorno.
Hay chicos con una familia maltratadora
o sin recursos que están
mejor aquí”.

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