NARCOPOLÍTICA / NUEVAS INFORMACIONES SOBRE EL ASESINATO DE TRES DIPUTADOS IMPLICAN AL GOBIERNO
Acusan al narcotráfico de financiar la campaña electoral en Guatemala

Aunque la investigación
sobre el asesinato de los
diputados salvadoreños se
encuentra empantanada,
el escándalo está
haciendo aflorar la incidencia
del narcotráfico en
las estructuras del Estado.

10/05/07 · 0:00
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FIGUEROA
(IZQUIERDA)
Y SOTO.

Desde que el pasado febrero tres
miembros salvadoreños del Parlamento
Centroamericano (Parlacen)
y su chofer fueran asesinados en
Guatemala por policías de este país
(ver DIAGONAL nº 52), el Gobierno
guatemalteco ha obstaculizado las
investigaciones y escondido mucha
información fundamental.

Es lo que afirma la Procuraduría
de los Derechos Humanos de Guatemala,
que ha elaborado un informe
preliminar acerca de lo sucedido
desde los asesinatos. Este documento,
que fue presentado al Congreso
de la República, concluye
que el Ministerio de Gobernación
ha ocultado información. Aunque
la Procuraduría sostiene que “existen
intereses ocultos en el caso que
obstaculizan el trabajo de investigación”,
este organismo ha reafirmado
su voluntad de esclarecer el
crimen incluso sin contar con el
apoyo del Gobierno.

Según este informe, los congresistas
salvadoreños solicitaron protección
a la Policía Nacional Civil
(PNC) guatemalteca cinco días antes
de entrar en el país. Aunque anteriormente
habían entrado en varias
ocasiones, nunca habían solicitado
esta protección. También recoge
que hubo una orden para que los
agentes de la División de Investigación
Criminal (DINC) borraran
evidencias y destruyeran información
de los archivos de los agentes
asesinados y que ninguna autoridad
hizo nada por detenerlos. El informe
de la Procuraduría pone también
en cuestión el relato oficial sobre
la muerte de los cuatro primeros
policías guatemaltecos detenidos
por su participación en el
asesinato de los parlamentarios. Las
autoridades sostienen que en la cárcel
de alta seguridad de El Boquerón
hubo un motín, y que en las reyertas
entre presos se produjeron
las muertes. La Procuraduría indica
que en la inspección que realizó poco
después a la cárcel todos los reos
estaban en sus celdas sin indicios
de amotinamiento, y añade que los
internos conocen con exactitud los
detalles de lo sucedido a los policías,
pero que no hablarán por temor.

Implicación del Gobierno

Por otro lado, ahora se ha empezado
a conocer la participación de la
PNC salvadoreña en la captura de
los cuatro policías guatemaltecos. A
pesar de que el ex ministro de Gobernación
guatemalteco, Carlos
Vielmann, quiso capitalizar sus detenciones,
éstas no fueron fruto del
trabajo de la policía guatemalteca.
También se ha confirmado que William
Pichinte, uno de los diputados
asesinados, llevaba una fuerte cantidad
de dinero “para sus negocios”,
aunque sigue sin esclarecerse la naturaleza
exacta de esos “negocios”.

Vielmann, el entonces ministro
de Gobernación de Guatemala, que
tuvo que dimitir ante la presión social
tras el asesinato de los policías,
ha manifestado que hay una conspiración
contra el Gobierno y las autoridades
de seguridad. Lo cierto es
que están circulando vía electrónica
comunicados de un grupo autodenominado
‘Comité de Dignificación
de la PNC de Guatemala’ en los que
se denuncia la participación directa
de Gobernación en la limpieza social
y en escuadrones de la muerte.
Este Comité también afirma que el
dinero que Pichinte llevaba consigo
provenía del narcotráfico y que iba
a ser entregado al candidato presidencial
Álvaro Colom, de la Unidad
Nacional de la Esperanza (UNE),
muy posible ganador de los próximos
comicios presidenciales previstos
para septiembre.

Durante sus últimas apariciones
en el Congreso, antes de dimitir,
Vielmann tuvo que asistir a la proyección
de tres vídeos en los que testigos
denunciaban la existencia de
grupos de exterminio dentro de la
PNC, dirigidos por Víctor Soto y Javier
Figueroa (ex director y ex subdirector
del DINC) y Víctor Rivera
(asesor de Gobernación). Uno de
los testigos, que se identifica como
agente de la DINC y que aparece
con el rostro oculto, acusa a estos
grupos paralelos de ser responsables
de la muerte de los diputados
salvadoreños y de la ejecución de
los policías en El Boquerón. También
denuncia que “ese asesinato se
planificó durante una reunión en el
Ministerio de Gobernación (...); el
ministro sabe de todo eso”. Algunos
de los policías detenidos por estos
hechos -entre ellos dos de los asesinados
en la cárcel de El Boquerón-
han sido identificados por una víctima
bajo protección de la Procuraduría
como miembros de los escuadrones
de la muerte de la PNC.

Presión empresarial

Las respuestas del Gobierno son
vagas. El vicepresidente Eduardo
Stein manifiesta que “este crimen
es similar al de J.F. Kennedy, que al
final no se resolvió”. Los empresarios
y los medios de comunicación
han cerrado filas en apoyo al gobierno.
De hecho, varias organizaciones
políticas han denunciado haber
recibido presiones de empresas que
los financian para que no agiten
más la problemática de la corrupción
en la cúpula del Estado. Incluso
la Fiscalía General de Guatemala
ha reconocido estar lejos de poder
identificar a los autores intelectuales
del asesinato de los diputados.

La narcopolítica tiene muchos
tentáculos. De muestra, un botón.
Marvin Enrique Zepeda González
es el más influyente candidato a alcalde
por el Comité Cívico El Progresano.
Cuenta con el apoyo masivo
de su pueblo, Jutiapa, un municipio
de 22.000 habitantes. Pero Zepeda
está siendo investigado por la
PNC por su relación con una organización
de narcotraficantes que
opera en Jalpatagua implicada en la
muerte de los diputados. Aunque
hace dos años que Zepeda inició sus
actividades preelectorales en Jutiapa,
a base de regalar dinero se ha
convertido en padrino y ‘benefactor’
de gran parte de la población.


“No importa de dónde viene el dinero”

Javier Figueroa, ex subdirector
de la DINC y hoy
en busca y captura, ha
hecho pública una carta a
Óscar Berger, presidente
de Guatemala. “Espero
que no se le haya olvidado
el comentario que nos hizo
en su despacho, sobre que
el dinero, que procedía del
pago de cualquier trabajo
honrado, era igual al billete
que procedía de algún
secuestro, robo, asalto o
narcotráfico, puesto que
billete era billete. Moraleja:
no importa de dónde viene
el dinero, lo que importa es
que llegue constante y
abundante. (...) Le recuerdo
que la situación que ‘se
salió de las manos’ con lo
ocurrido a los diputados
salvadoreños, usted en
persona delante de mí y de
Sperisen fue debida y
directamente informado, y
luego, junto a Carlos Vielmann
se instruyó al respecto
de lo que se tenía que
hacer para ‘borrar cualquier
huella’ por la ‘burrada’
cometida por los policías.
El asesinato en El
Boquerón [de los policías]
se planificó y se ordenó en
las altas esferas del Gobierno”.

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