NO VIOLENTO. Los activistas, una vez dentro del CIE, desmontaron meticulosamente,
pero sin romper nada, todos los elementos que pudieron: puertas, ventanas, etc. // Guillermo Valle

Tras los asesinatos, a manos de las
policías de fronteras españolas y
marroquíes, el pasado otoño, de al
menos 14 inmigrantes que pretendían
cruzar las vallas de Ceuta y
Melilla, diversas organizaciones europeas
pusieron en marcha la primera
Caravana Europea contra la
Valla de la Muerte y por la Libertad
de Movimiento. Dicha experiencia,
que se desarrolló en Ceuta entre
los días 4 y 6 de noviembre de
2005, contó con la participación de
medio millar de activistas sociales
de diversas partes de Europa expresando
su rechazo a la política
de cierre de fronteras de la
“Europa Fortaleza”. Ahora, siete
meses y medio después, ha tenido
lugar la II Caravana Europea por
la Libertad de Movimiento, en
Barcelona, coincidiendo en la misma
ciudad con el encuentro Fadaiat,
“un espacio de reflexión y
un laboratorio de experimentación
sobre la libertad de movimiento y
la libertad de conocimiento” entre
las dos orillas del Estrecho.

Ambos eventos, celebrados entre
el 23 y el 25 de junio, pretenden hacer
visibles las fronteras interiores
de las metrópolis. En un manifiesto,
la Caravana denunciaba que “la
frontera (...) ya no es sólo un límite
geográfico, sino un dispositivo de
control que determina quién tiene
derechos y quién no, a qué precio y
en qué momento”.

Mientras la UE externaliza la
gestión de sus fronteras, desplazando
el control de flujos migratorios
a los propios países de origen
o de tránsito de las migraciones, la
segregación y separación se hace
cada vez más patente en las ciudades.
El control policial permanente
sobre los inmigrantes, las detenciones
arbitrarias, la proliferación
de Centros de Internamiento, la indefensión
laboral y la amenaza
permanente de la expulsión han
sido denunciados por múltiples organizaciones
sociales como ejemplos
visibles de esta situación.

Según indican a DIAGONAL
fuentes de la Caravana: “en Barcelona
concurren dos hechos significativos:
el Ayuntamiento ha aprobado
una ordenanza municipal inspirada
en las políticas de Tolerancia
Cero, criminalizando la pobreza,
sancionando la venta ambulante,
el trabajo sexual, la economía informal
de calle, así como una larga lista
de actividades que definen como
utilización abusiva del espacio público.
Paralelamente, se inaugurará
un nuevo Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE), el más grande
del Estado español, que sustituirá
al actual”. El CIE de La Verneda,
actualmente en funcionamiento,
acumula muchas denuncias sobre
las condiciones y el trato a los retenidos
por parte de múltiples organizaciones
sociales, instituciones
internacionales de derechos humanos,
incluso por el Sindic de
Greuges, el equivalente al Defensor
del Pueblo en Catalunya.

Acción pacífica

En el marco de la II Caravana, el
25 de junio, más de 100 personas
se concentraron frente a las puertas
del nuevo CIE de Barcelona, todavía
en construcción. Varios activistas
entraron en el recinto, desplegando
pancartas con lemas que
denunciaban el uso que tendrán dichas
instalaciones, y desmontaron
simbólicamente una pequeña parte
de su infraestructura. Tras la salida
pacífica de los activistas del recinto,
en medio de un enorme despliegue
policial, los agentes comenzaron
a agredir a los periodistas
y a amenazar con perros a los
participantes. El despliegue policial
concluyó con múltiples agresiones
y con el traslado y detención
en el CIE de la Verneda durante 48
horas de 59 de los concentrados,
incluyendo tres periodistas y dos
abogados de la Caravana. Todos
están en libertad sin fianza, aunque
57 de ellos con cargos. Según
declara a DIAGONAL Luis de los
Santos, de la Oficina de Derechos
Sociales de Sevilla, y letrado de varios
de los detenidos: “Los cargos
que se les imputan son desórdenes
públicos y daños en instalaciones
al servicio de los cuerpos de seguridad,
lo cual podría ser castigado
con prisión de 2 a 4 años”. Los daños
han sido valorados por la
Policía en 88.000 euros, si bien,
matiza el letrado, el atestado policial
carece de inventario y peritaje
de los supuestos daños.

Más de 100 organizaciones sociales
y ayuntamientos han considerado
desmedida la actuación policial.
Entre ellas, la Federación de Asociaciones
de Vecinos, el Colegio de
Abogados o el Observatorio del Derecho
Penal de la Universidad Autónoma,
todos ellos de Barcelona, que
han exigido una investigación por
la detención de dos abogados en el
cumplimiento de su ejercicio profesional
y las graves violaciones de los
derechos de los detenidos.