El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido no renovar el convenio que mantiene la Consejería de Sanidad con la Asociación Punto Omega para la gestión y mantenimiento de la Unidad de Atención a Drogodependientes (UAD) del Centro Penitenciario Madrid IV alegando “un conflicto negativo de competencias”. Pese a que las formaciones políticas parlamentarias han reconocido públicamente la labor realizada por esta asociación, la Unidad se verá obligada a clausurar diversas áreas de intervención, lo que deriva en una reducción drástica de la plantilla y de las plazas ofertadas en el programa. A partir del 31 de diciembre de 2016, la Unidad solo tendrá acceso a una tercera parte de los fondos solicitados para mantener el servicio, los cuales procederán de la subvención derivada de la asignación del IRPF y de la aportación de Instituciones Penitenciarias. Paloma Pérez, trabajadora de la UAD, afirma que “es fácil deducir que con esta cantidad la viabilidad del proyecto es imposible, al menos, en las condiciones que hasta ahora se han venido realizando”.

La UAD de la prisión de Navalcarnero se había convertido en un proyecto referente en el Estado español a lo largo de sus 23 años de funcionamiento. El programa llevado a cabo por la asociación contempla la intervención en todas las áreas vitales que inciden en el desarrollo integral de las personas que se encuentran en prisión. “Al tratamiento sanitario y administrativo se le añaden los ámbitos educativos, ocupacionales, creativos y comunicativos que permiten a las personas redescubrirse”, insiste Paloma. Los profesionales que trabajan activamente en este servicio público destinan cerca de 20.000 horas anuales a la atención directa de pacientes y familiares, llegando a asistir en 2015 a un total de 277 internos y 135 familias. La propia asociación afirma que el desempeño de su labor ha logrado reducir la tasa de reingreso a prisión del 45% al 15% de media.

Desde el Gabinete de Prensa de la Consejería de Sanidad han afirmado a Diagonal que “la prestación de este servicio no se encuentra dentro de las competencias regionales, sino estatales”. Una declaración en la que ha reincidido al ser consultada por la Ley 5/2002, del 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, de ámbito regional. En su artículo 15, esta ley estipula que “la Comunidad de Madrid en el ámbito judicial y penitenciario favorecerá la asistencia al penado en el medio penitenciario con el fin de que éste realice un proceso de tratamiento en el medio en que se encuentra y facilitar así su futura integración social”. De hecho, este mismo apartado especifica que “la adopción de estrategias terapéuticas residirá en los técnicos del organismo competente en materia de asistencia sanitaria al drogodependiente de la Comunidad de Madrid”.

La decisión de la Consejería de Sanidad de no mantener la ayuda económica a la UAD se produce tras varios meses de arduas negociaciones entre la asociación y la institución. “En julio nos sorprendieron con una notificación en la que se nos comunicaba el cierre total de esta unidad, algo absolutamente inverosímil e ilegal”, alega Paloma. Finalmente la Consejería revocó esta decisión, pero privó a este servicio de la ayuda económica que hasta el momento estaba percibiendo y que permitía su correcto funcionamiento. Esta contribución es de vital importancia para el proyecto, que según apunta Paloma Pérez, “atiende a una gran diversidad de personas, sin condiciones económicas previas que pudieran impedir a alguien finalizar su tratamiento, como ocurre en otros programas de carácter privado”.