El pasado sábado, 3 de diciembre, el Ayuntamiento de Madrid daba el pistoletazo de salida a un proceso de participación ciudadana para decidir el futuro del Palacio de Sueca. Asistimos a una jornada en la que cientos de personas visitaron el descuidado palacio y dieron los primeros pasos de este proceso de participación, que tiene un recorrido de varios meses y pretende pensar usos para este y para el resto de espacios vacíos de su entorno. El edificio, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, consta de más de 7.200 metros cuadrados que han permanecido en estado de abandono durante muchos años, desde que Álvarez del Manzano comenzase su adquisición, que fue parte de una campaña de expropiación de inmuebles en estado de abandono tras la aprobación del Plan General de Ordenación urbana de 1997.

En la presentación del conocido como 'Proceso Sueca' se reconoció cómo diversas redes sociales y pŕacticas autónomas del territorio venían señalándolo y reclamándolo para un uso ciudadano, y cómo otras prácticas consiguieron paralizar los fraudulentos intentos de demolición por parte de la corporación de Alberto Ruiz Gallardón. Asistimos a una jornada que simboliza para muchas la ciudad de la participación, de la toma de decisiones de forma horizontal y colectiva, de la autogestión y de las prácticas autónomas; otra ciudad construida dentro del Madrid desde arriba que padecemos en las ultimas décadas.

Hasta el pasado sábado, el Palacio de Sueca venía representando esa ciudad que ha promovido el PP durante los 25 años desde la Alcaldía de Madrid. Una ciudad que ha hecho de la corrupción una forma de gobierno; una ciudad vacía, abandonada y cerrada, como estaba ese edificio. Vacía de personas, abandonada por las instituciones y cerrada a la participación. Desde el sábado pasado, el proceso sobre el Palacio de Sueca representa un signo de escucha por parte del Ayuntamiento de Madrid a las demandas ciudadanas. Pero para que esto sea tendencia y no una anomalía en el centro de la ciudad hacen falta más procesos como éste, en el que el espacio público se ponga a disposición de los planes de las vecinas, supeditando los planes de áreas o distritos a las decisiones democráticas de los barrios y sus gentes.

Con ánimo de continuar con las buenas noticias que trae el Proceso Sueca, nosotras ponemos tres opciones encima de la mesa para seguir cambiando las reglas del juego y darle más espacio a la gente en las decisiones municipales:

Alberto Aguilera 20, que el gobierno municipal pretende ceder al estado Mexicano, cesión a la que se han opuesto de manera pública y reiterada vecinas y vecinos de los dos distritos afectados: Chamberí y Centro, dos zonas con una necesidad urgente de dotaciones públicas y que reclaman el espacio desde hace años para su uso vecinal, para un centro de salud, para una biblioteca, etc. Una cesión al Estado mexicano que también ha sido denunciada por colectivos y movimientos sociales mexicanos, que no entienden cómo se premia con este inmueble a un estado corrupto y criminal que no respeta los derechos humanos de sus habitantes.

Paseo del Prado 30, un edificio que señalamos mediante una ocupación a finales de mayo de 2015, días después de la victoria electoral de Ahora Madrid (AM), del que fuimos desalojados a las pocas horas y sobre el que existe un proyecto del anterior gobierno del PP –que sigue en marcha–, que empezó con la eliminación del Centro de Salud de Retiro y prevé ceder el edifico a la Fundación Ambasz. Esta cesión tiene como único fin derruir el actual edificio para que el arquitecto argentino Emilio Ambasz pueda levantar un museo en honor a sí mismo. Esta cesión fue aprobada por la ultima junta de gobierno presidida por Ana Botella y contó, como no podía ser de otra forma, con el beneplácito de José María Aznar, estrecho amigo del arquitecto argentino.

Por ultimo señalar los 3.000 metros cuadrados que se encuentran sin uso dentro del complejo cultural de Conde Duque. 3.000 metros cuadrados que fueron ofrecidos al Patio al inicio de las conversaciones con el Ayuntamiento, cuando se encontraba todavía en Divino Pastor. Esta posibilidad se desvaneció cuando fuimos desalojadas, lo que nos hace pensar que el encontrar un espacio para el Patio dejó de ser una prioridad sin la presión de la familia Capriles, que adquirió el inmueble al ayuntamiento hace unos años tras trasladar éste la oficina de Medioambiente que allí había, una vez recuperaron su edificio.

Lo que suceda con estos espacios vacíos en el centro de la ciudad debería ser una prioridad para el Ayuntamiento. Saber qué necesitan y qué quieren las vecinas debería ser lo que guiara las decisiones del Consistorio sobre estos espacios. Siendo los últimos espacios públicos disponibles en el centro de esta ciudad, expoliado y privatizado, es urgente que el Ayuntamiento los ponga a disposición de la gente para pensar conjuntamente qué ubicar en ellos: por qué modelo de ciudad apostar.

El pasado 28 de noviembre, el PP llevaba al pleno del Ayuntamiento de Madrid una proposición para, entre otras cuestiones, obligar a que el pleno condenase las okupaciones que se producen en la ciudad de Madrid, a que el gobierno municipal no cediera el uso de espacios municipales a organizaciones con antecedentes de usurpación. Una vez más el PP trata de deslegitimar toda propuesta que provenga de los márgenes de la legalidad. Cabe recordarle el PP que la sociedad siempre ha ido por delante de las instituciones, la desobediencia ha sido el motor de muchos cambios legislativos y sociales a lo largo de la historia. Recordemos cómo el movimiento por la insumisión empujó a la supresión del servicio militar obligatorio, cómo el movimiento por los derechos civiles en EE UU –simbolizado en la figura de Rosa Parks– obligó a la generación de leyes que salvaguardasen la igualdad entre negros y blancos, o cómo el movimiento sufragista hizo posible que el estado reconociese el derecho al voto de las mujeres, cómo las acciones del ecologismo empujaron a los gobiernos al desarrollo de políticas que pusiesen freno a la contaminación o a las centrales nucleares, o también como el movimiento vecinal de la segunda mitad del siglo pasado consiguió acceso a las dotaciones y al transporte público en los barrios de Madrid. De alguna forma, todas estas prácticas en algún momento trasgredieron la ley y la paz social para conseguir derechos que hoy en día son socialmente admitidas como derechos incuestionables.

Por último, el derecho del Patio a tener un lugar en la ciudad y que pueda ser en uno de estos espacios municipales debería venir de la voluntad política de reconocer a los centros sociales como una realidad fundamental para la construcción del cambio en las ciudades contemporáneas. Y cuanto más tarde el Ayuntamiento en cerrar la herida del Patio, más tiempo le va a sangrar y más oportunidades estará dando al PP para que utilice al Patio como elemento arrojadizo contra el gobierno municipal.