Esta mañana, decenas de antidisturbios han desalojado el centro social La Casa Roja, ubicada en el barrio de Lavapiés (Madrid). La operación ha tenido lugar después de que el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ordenara el desalojo del inmueble, propiedad de la familia Reyzábal, para el último fin de semana de octubre.

“Sobre las 7 de la mañana, ha venido la propiedad con los policías antidisturbios, han cerrado la calle y han desalojado el centro”, explica una de las personas de la asamblea de La Casa Roja, sita en la calle Encomienda. “El despliegue policial era de Estado policial”, añade. En el momento de la operación, no había nadie dentro del inmueble. “Para cuando hemos llegado ya estaba cerrado, con cerraduras y seguridad privada”, explica.

Una vez recibida la orden de deslojo y tras decidir ir a prestar declaración ante el juzgado, desde La Casa Roja explican: "Acabaron hasta nuestros abogados imputados, haciéndonos preguntas sobre Iniciativa Comunista”.

La asamblea del centro decidió limitar las actividades del espacio, manteniendo sólo la celebración de reuniones de la decena de colectivos que realizaban allí habitualmente su actividad, entre los que se encontraban grupos feministas, antifascistas o la plataforma Madrid para Todas.

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“Seguimos desde la orden de desalojo hasta hoy en esa situación, pero de cara al próximo sábado habíamos decidimos celebrar un acto público para dar voz a [Francisco Martínez] Quico, uno de los últimos guerrilleros que quedan vivos en el Estado español del Frente del Bierzo de Galicia, un hombre que estuvo combatiendo desde 1937 hasta el año 53”, apuntan desde la asamblea. Justo ayer habían empezado a difundir los carteles para ese acto, que ahora se ha quedado sin espacio.

Desde la asamblea afirman que “La Casa Roja sigue adelante, al margen del inmueble concreto”.

El centro social abrió sus puertas en junio, cuando militantes de Iniciativa Comunista ocuparon el edificio de los antiguos estudios Odeón, en la calle Encomienda 16. El edificio, que llevaba cerrado ocho años, es propiedad de la familia Reyzábal, titular de varias empresas y fondos de inversión, y propietaria de “un vasto imperio inmobiliario” en el que se incluía la torre Windsor, el Palacio de la Prensa en Gran Vía y una treintena de salas de cine, según explica el periodista José F. Leal.