Opinión
Crónica del fracaso continuado de la regulación del trabajo callejero en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona está tratando de regular a los manteros, a los músicos de calle, a los rickshaw (bici taxis) y a las estatuas humanas. Para no olvidar dolorosamente, es necesario recordar cómo se han regulado en anteriores ocasiones y lo que no se debería repetir.

, Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà (OACU).
11/11/16 · 16:23

Olvidar individualmente es un proceso involuntario, muchas veces dolorosamente involuntario. En cambio, olvidar grupalmente suele ser un proceso planificado. Eso es lo que hacemos con muchas actividades en la ciudad: regular para olvidarlas, para ocultarlas. El Ayuntamiento de Barcelona en estos momentos está tratando de regular a los manteros, a los músicos de calle, a los rickshaw (bici taxis) y a las estatuas humanas. Para no olvidar dolorosamente es necesario recordar cómo se han regulado en anteriores ocasiones y recordar lo que no se debería repetir.

Como un remolino la ciudad va absorbiendo nuevas y viejas formas de hacer y trabajar, y también desechando otras. Y aunque parezca, no es "natural" prohibir, regular, legislar o perseguir la venta, la recuperación o la música en la calle. Sólo basta recordar que la Fira de Belcaire, conocida como los Encants, es una forma de venta en la calle que se lleva a cabo desde el siglo XIII. Actualmente forma parte de la oferta turística de la ciudad, con los beneficios económicos que esto conlleva. Y que se ha construido a partir del esfuerzo de generaciones de vendedores ambulantes que resistieron estigmatización y persecución.

Los chatarreros actuales son el resultado de una mezcla de poblaciones que persistieron a la expulsión del oficio, sumado a poblaciones institucionalmente racializadas y nunca aceptadas en el mercado de trabajo

O como cuenta Ricard Fernandez Valentí en su blog El tranvía 48, el oficio de trapero aparece en el siglo XVIII junto al auge de comerciantes catalanes en el mercado de papel en las colonias americanas. Muta hacia chatarrero tras la I Guerra Mundial debido a la escasez de materias. Se regula en la Segunda República con la participación del Sindicat de drapires de Barcelona (Sindicato de Traperos de Barcelona). Cobra importancia tras la Guerra Civil por la recuperación de materiales y objetos. Cambia en los años 60 debido a la modernización del sistema de manejo de residuos. Y, finalmente, en las Olimpiadas del 92 son desplazados de la ciudad. Los chatarreros actuales son el resultado de una mezcla de poblaciones que persistieron a la expulsión del oficio, sumado a poblaciones institucionalmente racializadas y nunca aceptadas en el mercado de trabajo.

Los procesos de regularización han tenido algunas constantes a lo largo de las últimas décadas. Desde el gobierno del tripartito, con la regularización de actividades en la Rambla y la implantación de la Ordenanza de Civismo de 2006, la institucionalidad ha aprendido cómo ordenar para ocultar, para olvidar.

Quizá uno de los procesos más efectivos a la hora de desarticular colectivos fue el llevado a cabo en las Ramblas por el gobierno del tripartito para las estatuas humanas. Inicialmente se regularizó el uso de espacio, pero desde 2007 ha sufrido actualizaciones en cada mandato, como sucedió con el anterior gobierno de CiU, que por medio del Plan Cor, y sin consenso con los artistas fueron desplazados hacia el final de la Rambla, determinando sus lugares, horarios, requisitos, exigencias, licencias y tasas.

Se estableció una normativa con perfil empresarial, que convierte a cada estatua humana en una empresa registrada en el Censo de empresarios profesionales retenedores. Lo que lleva a tratar a un grupo de artistas, que realizan una misma actividad, como empresas individuales a las que se les exige unas condiciones burocráticas que no todos pueden cumplir, imponiendo situaciones de irregularidad. Un formato de regularización totalmente "exitoso": se redujeron las plazas, las estatuas humanas no tienen injerencia en el proyecto, y son tratados como empresarios.

La Asociación República de Estatuas Humanas de la Rambla alega que los procesos delegan toda la ejecución de la actividad en manos institucionales, desarticulando cualquier capacidad de organización. En el actual proceso de actualización de normativa que presenta el Distrito de Ciutat Vella se modifican los horarios y formas de ejecución de la actividad, y nuevamente se está llevando a cabo sin la participación de los artistas. Esto ha generado que los conflictos que se presentan por el uso de la calle y entre las estatuas estén en manos del Ayuntamiento.

Y si el proceso de las estatuas humanas muestra que Las Ramblas no son para todos sino para vender, el proceso de regularización de los chatarreros muestra los rincones racistas y clasistas de nuestras instituciones

Y si el proceso de las estatuas humanas muestra que Las Ramblas no son para todos sino para vender, el proceso de regularización de los chatarreros muestra los rincones racistas y clasistas de nuestras instituciones.

En el año 2013 se desalojó la nave que ocupaban chatarreros en la Calle Puigcerdà, en el barrio de Poblenou. Justo en el borde de la zona de gentrificación del 22@. Como forma de desobediencia hicieron un encierro en la iglesia de Sant Bernat Calbó. Luego fueron acogidos por los colectivos de la ocupación del Ateneu Flor de Maig, en donde se llevaron a cabo algunos procesos de acompañamiento de gestiones administrativas, que resultaron en soluciones temporales de vivienda para algunos y en la creación de una cooperativa de recuperación de materiales y objetos de re-uso por parte del Ayuntamiento, llamada Alencop. Esta cooperativa dio alternativas ocupacionales a una veintena de chatarreros, cuando en la nave según prensa y la sentencia del juicio de desalojo reconoce a más de trescientos ocupantes.

El resultado de este proceso de regularización fue que los chatarreros fueron totalmente ocultados como actores sociales en la ciudad. Con el desalojo y el proceso de regularización siguiente lo que consiguieron fue eliminar todo el tejido organizativo que tenía esta comunidad. De ser una población con reclamos de inclusión en la ciudad, de reconocimiento de derechos y de sus formas de hacer, se pasó a grupos estigmatizados y perseguidos en diferentes barrios de Barcelona.

No es muy diferente el caso de los músicos de calle. Al igual que las estatuas humanas comenzaron a ser regulados en el distrito de Ciutat Vella desde 2004. Se creó una normativa que determinaba los puntos de interpretación, el mecanismo administrativo para obtener la licencia y los sorteos de los lugares y los horarios. Ésta normativa excluyó toda gestión por parte de los músicos.

El proyecto, administrado por el Centro cívico del Convento de San Agustín ha determinado desde el inicio la relación entre el Ayuntamiento y los músicos. Sin embargo, la normativa no ha respetado las realidades de los músicos. Ni el número de veces, ni el número de sitios fueron dialogados con los músicos, creando una situación en la que muchos tienen que desobedecer la normativa para poder llegar a los ingresos necesarios.

La resolución de los conflictos que puedan tener los músicos entre sí o en su entorno está totalmente fuera de sus manos. Si un vecino se queja de la música, se cancela el punto de ejecución, perjudicando a todo el colectivo, "infantilizándoles" en su capacidad de negociación y resolución de conflictos. Sumado a que la aplicación de la justicia está en manos de la Guardia Urbana, que tiene a su discreción toda la libertad que le dan la normativa de músicos de calle y la Ordenanza de Civismo.

Un ejemplo de esto es que la normativa prohibió la amplificación de instrumentos, luego algunos instrumentos de viento sin sordina y después cierto tipo de percusiones. Prohibiciones que no solucionaron el problema con los vecinos, porque existen tipos de cantos o múltiples tipos de instrumentos que también generan conflictos.

Si en lugar de prohibir cada particularidad técnica, se respaldarán herramientas de negociación con los vecinos, y entre ellos mismos, podría haber otro tipo de solución, que no sean las punitivas.

Bajo este modelo obtienen lo peor de ser considerados individualmente para regularizarlos, debido a que no reconocen la autoridad de la organización para la negociación de la normativa, y colectivamente para sancionarlos, ya que cuando hay conflictos con los vecinos se cancelan puntos sin mediación alguna. Descontando que la mala o buena administración del proyecto queda por fuera del ámbito de acción de los músicos. Si existen irregularidades en esta el colectivo sólo puede sufrir sus condiciones, en lugar de que los músicos pueden ejercer una veeduría propia.

Desde hace más de dos años se está llevando a cabo la modificación de la normativa, que en principio incluye a los músicos para su negociación. Aunque existen tensiones internas, fundamentalmente porque la formalización en 2009 de la Asociació de Músic i Intèrprets de Carrer partió de la coacción del Distrito de Ciutat Vella como requisito para la interlocución.

Esto ha generado la división del colectivo que quiere formar parte del proyecto, y ha creado una fractura con los músicos que no forman parte de éste. Todo esto, sin desconocer que la creación de facto fue anterior y que ha repercutido en el establecimiento de relaciones entre los distintos artistas. La modificación actual tiene como puntos de discusión el derecho a la expresión libre en la calle, el tener un carácter empresarial, como en el caso de las estatuas, y si se promueve o no la autogestión o la externalización de la administración del proyecto.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene herramientas y elementos de los que aprender, no hace falta sino tomar el metro y observar que existe un proyecto de música en el metro, autogestionado, asambleario e incluyente. Si se desea, se puede mejorar, complejizar y utilizar para la regulación actual de los músicos.

Claro está, con la premisa de que cualquier forma de regularización cerrada de la actividad deja por fuera a una parte de los músicos, situación que se puede atenuar de diversas maneras. Que las sanciones a los no alineados no sean punitivas, o que se promuevan múltiples proyectos de música en la calle.

Si la regulación del arte en la calle nos interpela sobre las libertades que todos tenemos sobre su uso, el caso de los rickshaw nos debería interpelar sobre el modelo de turismo que privilegia la ciudad

Si la regulación del arte en la calle nos interpela sobre las libertades que todos tenemos sobre su uso, el caso de los rickshaw nos debería interpelar sobre el modelo de turismo que privilegia la ciudad. La situación es similar a los otros casos, desde hace varios años los conflictos en torno al uso de vehículos de movilidad urbana han ido en aumento.

Respecto del caso particular de los rickshaw existen tres empresas que controlan el sector, que han obtenido permisos de funcionamiento sin una base jurídica clara, con la que controlan un sector turístico cada vez más explotado.

La actividad de los rickshaw se basa en llevar una o más personas por los lugares turísticos de la ciudad, podría decirse que son una especie de bici-taxi turístico. La problemática del sector se puede dividir en dos: el uso comercial de la calle y la licencia de funcionamiento en manos de la empresa o en los conductores.

Actualmente se está realizando una regularización indirecta de esta actividad, por medio de una normativa de tránsito sobre los vehículos de movilidad personal, se va a decidir si las licencias de funcionamiento se quedan en manos de las empresas turísticas o en manos de los conductores de los rickshaw.

La diferencia es fundamental: si quedan en manos de las empresas, se perpetúa el modelo turístico concentrador, que haciendo falsos autónomos por medio del alquiler de los vehículos, cobran sumas excesivas a los conductores y no se co-responsabilizan de las multas asociadas a la falta de regulación en el sector, sumado a los costos que implica ser autónomo en una actividad estacionaria.

Y que en forma similar a otros casos, queda bajo la discrecionalidad del policía determinar zonas de circulación, incumplimientos de las normas de tránsito o de las licencias de funcionamiento. En caso de que las licencias queden en manos de los conductores, estos podrían tener elementos de negociación con las empresas, al tiempo que podrían abrir una ventana de oportunidad para un turismo
redistributivo, con la posibilidad de abrir cooperativas de conductores dueñas de sus propios medios de producción.

Los conductores crearon el sindicato Rickshaw Dignitat, que ha intentado infructuosamente ser interlocutor y partícipe en la regularización que se está llevando a cabo. Al no ser reconocidos como actores en este proceso, quedan a la merced de todos los elementos voraces del turismo extractivo. En una posición sin defensa alguna entre empresas, Ayuntamiento, policía, peatones, asociaciones de vecinos, turistas y competidores se reproducen condiciones de largas jornadas de trabajo físico altamente activo, sin ninguna seguridad y bajo los vaivenes de la empresa que los pueda explotar.

El proceso de regularización con mayor impacto político en la ciudad es el de los vendedores ambulantes. Principalmente, porque el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes está ejerciendo el papel de los "nuevos sindicatos"

Pero, sin lugar a dudas, el proceso de regularización con mayor impacto político en la ciudad es el de los vendedores ambulantes. Principalmente, porque el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes está ejerciendo el papel de los "nuevos sindicatos", reivindicación laboral sumado a luchas transversales que existen en la ciudad: racismo, clasismo, política migratoria, interculturalidad, uso de la calle, turismo, entre otras.

La actividad de los vendedores ambulantes parece ubicarse dentro de un conflicto que a priori no tiene solución, más que la de aceptar que hay poblaciones marginalizadas sin acceso a los derechos asociados al mundo del trabajo.

Y hasta cuando se comience a discutir sobre esta situación estructural va a existir lucha mantera, reivindicando la vida digna por encima de las regulaciones mercantiles. Por eso no tiene que extrañarnos que las juntas de vecinos, los estudiosos del urbanismo o los afectados por el turismo estén en la misma lucha de los manteros. O que los precarios o los parados de larga duración compartan más ideas con los manteros que con vecinos de toda la vida.

El proceso de regularización de los vendedores ambulantes inicia con la entrada del Ayuntamiento actual, que convoca a una mesa de negociación, en la cual deciden no participar los comerciantes establecidos, ya que "no iban a sentarse a negociar con mafiosos" haciendo referencia a los manteros.

Después de algunos acercamientos infructuosos se inició el proceso de constitución de una cooperativa con el objetivo de dar soluciones de trabajo a los manteros, tal como fue comunicado a la gente del Sindicato.

Sin embargo, durante las negociaciones, el gobierno de Ada Colau no perdió la oportunidad de instrumentalizar políticamente la cooperativa y en vez de acceder al reparto de las plazas a través de manera asamblearia, como pedían los portavoces del Sindicato, se sugirió que fueran ellos mismos quienes accedieran al beneficio lo cual fue interpretado por éstos como un mecanismo de "compra de voluntades".

La renuencia a participar en este juego político por parte del Sindicato derivó en la entrega del proyecto de cooperativa a otras entidades de apoyo a "la comunidad senegalesa". Entidades que no representan la lucha política de los manteros.

Al final, de un proyecto que originalmente contemplaba la contratación de 40, tan sólo terminaron accediendo cuatro manteros. Se trata de una cifra pírrica en comparación con los cerca de 300 vendedores ambulantes de la ciudad.

Éste es un ejemplo de cómo cuando los procesos de regularización no son consensuados con las poblaciones afectadas sino manipulados institucionalmente, pueden verse transformados en mecanismos de vendetta política y no de solución de problemáticas socio-urbanas.

Así, parece que se repite lo que históricamente afectó a los chatarreros, músicos y estatuas humanas, la fractura de un colectivo por medio del mejoramiento de las condiciones de un pequeño grupo, sin que incluso se otorgue la posibilidad de autogestionar la creación de la cooperativa.

Aunque a algunos no les parezca así, el gobierno actual está desperdiciando el talante negociador del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y la voluntad expresada por regular su actividad en conjunto con las instituciones.

Parece ser que la única puerta que deja abierta esta administración es la de la desobediencia, la cual, en opinión de quienes aquí escriben, no puede ser considerada ilegítima cuando se trata de la obtención de los medios materiales para el mantenimiento de la vida en unas condiciones mínimas de dignidad, como lo hacen día a día los distintos colectivos de trabajadores "informales".

En las últimas semanas se han visto escenas que si no fueran dramáticas podrían ser consideradas obras maestras del arte de lo absurdo. Por ejemplo, en Halloween, además de 'guiris' y locales disfrazados por La Rambla se pudo ver la terrorífica y a la vez rídicula escena de una furgoneta de la Guardia Urbana – una "lechera" en el argot callejero -, circulando en pleno paseo de La Rambla con la intención de hacer correr a los manteros que ahí se encontraban vendiendo.

Los vendedores simplemente se levantaban, rodeaban en sentido contrario a "la lechera" y volvían a colocar su manta en La Rambla, justo donde terminaba la parte trasera del vehículo, y ante la mirada anonadada de los turistas pintarrajeados como el Conde Drácula (¿considerarán esta performance parte de "la experiencia Barcelona"?). No hace falta explicar que los 'guiris' no 'flipaban' con la presencia de los manteros de los cuales son clientes, sino con la presencia de un absurdo convoy tratando de "solucionar" un "problema" que les excede y se llama 'capitalismo neoliberal'. La estrategia policiaca para expulsar la pobreza de las calles se podría ilustrar con aquella imagen de un niño que quiere vaciar el mar con su cubetita de playa...

En algunos momentos parece que los procesos de regularización cuentan con toda la buena intención del "Ayuntamiento del cambio", sin embargo, se termina imponiendo la inercia tecnocrática. Es eso, o se considera mejor gestionar "exitosamente" como ya lo han logrado otras administraciones, desarticulando, para invisibilizar, para olvidar grandes conflictos urbanos.

Regularizar es un proceso delicado y peligroso, siempre se corre el riesgo de seleccionar y fracturar. Por esto es necesario darle más peso a las realidades de los trabajos, sumado a todas las luchas que los acompañan, que a la necesidad tecnócrata de que las competencias de cultura no contradigan a las de tránsito, ni a las de migraciones, y que la regulación no solape a la norma, que la norma no contradiga la ley, lo cual suele tener como clara consecuencia que la ley termina por ser incompatible con la vida digna.

Es necesario recordar también que la regularización no es la panacea y no tiene que ser un túnel de un solo sentido, puede partir con la promoción de organizaciones de trabajadores. No es difícil imaginar un programa llamado "welcome sindicatos", en el que sean estimulados Las Kellys, el Sindicato Popular de Vendendores Ambulantes, Rickshaw Dignitat, o las asociaciones de artistas. En el que se cree un espacio para que otras actividades como los lateros, las masajistas de playa, los nuevos mensajeros (Deliveroo), los repartidores de publicidad, y todos los oficios que vengan a realizar los nuevos refugiados, puedan reunirse y buscar defenderse del turismo más salvaje, la lógica neoliberal y de las restricciones en el uso de la calle.

Barcelona puede aprender, por ejemplo, del caso de los chatarreros en Bogotá, que tras décadas de proyectos en los que ONG y gobierno trataron de regularizar las condiciones de su trabajo, los chatarreros formaron sus propias organizaciones, que muchas veces trabajan juntas y otras veces por separado, las cuales han logrado cambios jurídicos, reconocimiento laboral e institucional y mejoramiento en sus condiciones de vida, sin vinculaciones partidistas.

Lo que deja por lo menos dos lecciones: los grupos de trabajadores son los que mejor pueden decidir sus necesidades reales, y, no hace falta un único grupo uniforme de trabajadores para que se mejoren las condiciones del colectivo en general.

Tags relacionados: Ada Colau Barcelona manteros
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