El Gobierno de Cantabria emplea las pruebas radiológicas para reactivar la expulsión de un menor

El Instituto cántabro de Servicios Sociales quiere llevar a cabo la expulsión de un menor de edad de origen camerunés basándose en pruebas denunciadas por el Defensor del Pueblo entre otras instituciones por su falta de exactitud.

08/11/16 · 9:52

Las pruebas de determinación de la edad, denunciadas por su falta de exactitud, siguen siendo utilizadas para dejar a menores sin protección.

En esta ocasión ha sido el Gobierno cántabro, a través del Instituto cántabro de Servicios Sociales que depende de la macroconsejería en la que se integra el área de Política Social, cuya titular es la vicepresidenta  Eva Díaz Tezanos (PSOE), quien está forzando la expulsión Samuel (nombre ficticio para proteger su identidad), menor camerunés cuyo caso ya había sido archivado por el Gobierno de España por disponer de pasaporte que acredita su minoría de edad.

Pasaje Seguro Cantabria ha puesto en marcha una petición de firmas en Change.org para exigir al Gobierno de Cantabria que proteja a Samuel y a otros menores que podrían estar en su misma situación, y que no se pliegue a criterios reaccionarios  aprobados por el PP, como el “Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros” considerado por la ONU “contrario a la doctrina de los Derechos Humanos”.

Este colectivo denuncia que la prueba fue realizada sin su consentimiento y vulnerando las garantías en la protección del menor como son su derecho a ser escuchado, tener intérprete y conocer las consecuencias de las pruebas, tal y como establece la Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de diciembre, de Garantía de Derechos y Atención a la Infancia y la Adolescencia. Han interpelado públicamente al Gobierno de Cantabria sin recibir respuesta satisfactoria hasta la fecha.

Pruebas denunciadas hasta la saciedad

La Abogacía del Estado y hasta ocho sentencias del Tribunal Supremo avalan que el pasaporte es suficiente para acreditar la edad, y que no se puede someter a pruebas médicas a menores con documentación válidamente expedida por las autoridades de su país. Estas pruebas también han sido denunciadas reiteradamente por la sociedad civil, incluida la comunidad científica, y por organismos institucionales como el Defensor del Pueblo o la propia ONU, debido su falta de exactitud y su carácter poco apropiado para menores africanos (son pruebas diseñadas para población estadounidense).

La historia de Samuel, que llegó a Santander en enero de 2015 tras un viaje lleno de dificultades -atravesó cuatro países, Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos, en condiciones precarias- ha sido destapada por el periódico El Faradio, y es un caso más en un goteo incesante de menores que quedan desprotegidos y condenados a la marginalidad. Si el Gobierno de Cantabria no revisa su actuación, deberá abandonar "voluntariamente" España en 30 días, primer paso del procedimiento de expulsión.

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