El Juzgado de Instrucción Número 7 ha ordenado el desalojo del edificio en un plazo de 48 horas. La orden ha sido emitida después de tomar declaración a un joven que fue identificado por la policía semanas después de la ocupación del espacio.

El Juzgado de Instrucción número 7 ha ordenado el desalojo de la Casa Roja, el penúltimo centro social okupado en Madrid, en el barrio de Lavapiés, en un plazo de 48 horas. La orden, firmada por la jueza titular del juzgado, ha seguido a la declaración de uno de los jóvenes que ocupan el espacio de la calle Encomienda.
“A la semana de la ocupación, la policía y un abogado de la propiedad –la familia Reyzábal– se personaron en el centro social. Intentaron un desalojo inmediato, pero lo pudimos parar alegando que era una cuestión ya para los juzgados, pero identificaron a uno de nosotros”, explica uno de los participantes en la asamblea del centro social”. Hoy, el joven que fue identificado había sido citado a declarar ante la jueza. También su abogado, que no fue identificado y que, aunque estaba presente el día que acudió la policía, estaba fuera del edificio. Ambos están acusados de usurpación, aunque, según señalan desde la Casa Roja, la propietaria del edificio ha prometido no continuar con el proceso contra estas dos personas si recupera el espacio.
“Tenemos motivos más que fundados para pensar que la propiedad ya había hablado con la juez antes de la declaración”, explican desde la Casa Roja. “Las preguntas han ido bastante en torno a Iniciativa Comunista y sus actividades”.
La Casa Roja abrió sus puertas en junio, cuando militantes de Iniciativa Comunista ocuparon el edificio de los antiguos estudios Odeón, en la calle Encomienda 16. El edificio, que llevaba cerrado ocho años, es propiedad de la familia Reyzábal, titular de varias empresas y fondos de inversión, y propietaria de “un vasto imperio inmobiliario” en el que se incluía la torre Windsor, el Palacio de la Prensa en Gran Vía y una treintena de salas de cine, según explica el periodista José F. Leal.
“La expropiación de este edificio no busca únicamente cubrir las necesidades materiales de nuestra organización, sino que es en sí misma una acción política enmarcada en la lucha de clases”, explicaba el centro social en un comunicado hecho público tras la okupación del espacio.
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