La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han presentado hoy una queja ante el Defensor del Pueblo Estatal tras la sanción recibida por una persona presa en la cárcel de Córdoba por haberse entrevistado con un periodista sevillano.

Esta sanción, denuncian, es una muestra de "la vulneración del derecho a la libertad de expresión de las personas presas, al derecho a la información de la ciudadanía y una limitación evidente al ejercicio del periodismo".

La sanción, impuesta por Instituciones Penitenciarias, consistió en la privación durante un mes de paseos y actos recreativos comunes.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha anulado la sanción, estimando el recurso presentado por el abogado del interno, de la APDHA, pero sin entrar en el fondo de la cuestión.

Para ambas organizaciones, hechos como éste demuestran que las personas presas no tienen derecho a informar y los profesionales de la comunicación tampoco pueden recabar de ellos información, por el hecho de estar recluidos.

Sin embargo, han recordado que la Constitución Española señala que este derecho no podrá ser vulnerado por el hecho de estar privado de libertad.

El escrito sancionador detalla que el preso debería haber hecho uso del procedimiento habilitado para concertar citas con periodistas (previsto en el artículo 49.5 del Reglamento Penitenciario) que, "en la práctica, no funciona", un hecho que hasta fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias reconocen, según ambas organizaciones. De hecho, el mismo preso solicitó hace dos semanas por la vía reglamentaria comunicaciones con otro periodista y aún está a la espera de contestación. "Resulta absurdo que la contestación habitual sea que las entrevistas no se conceden para proteger la intimidad de las personas presas, como si de menores o de personas incapacitadas se tratara", han criticado las dos organizaciones.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha anunciado asimismo que solicitará mañana formalmente al subdelegado del Gobierno de Córdoba que las personas presas puedan entrevistarse con periodistas y se respete de este modo el derecho a informar y a ser informados.