El Tribunal de Justicia de Sao Paulo ha anulado el juicio de los 74 policías militares condenados por la Masacre de Carandiru, operación policial que acabó con la vida de 111 presos en 1992 en esta prisión de Sao Paulo. La decisión del alto tribunal brasileño, hecha pública el pasado 27 de septiembre, ha sido un hito más en la historia de la impunidad en Brasil. 

Los policías recibieron penas de 48 a 632 años de prisión en los cinco juicios celebrados entre 2013 y 2014. Con más de 170 horas, el proceso fue marcado como el más largo y complejo de la historia del país, pero la defensa recurrió la decisión y los reos nunca cumplieron cárcel.

El pasado martes, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo decidió anular las condenas. La justificación es que no se pueden individualizar las acciones policiales. El ponente del proceso, Ivan Sartori, incluso pidió la absolución de los acusados.

En la valoración de Sartoni hubo errores al identificar las acciones: “En este proceso no se sabe quién mato a quienes, quién hizo qué”. Sartori siguió diciendo que la actuación fue en legítima defensa: “No hubo masacre. Hubo obediencia jerárquica. Hubo legítima defensa”, dijo.

Según el perito, Osvaldo Negrini Neto, más de 600 balas fueron disparadas durante la masacre. Todos los muertos eran presidiarios. Ningún policía fue herido por bala. Negrini subrayó que no existían indicios de enfrentamiento.

Aunque pueda ser revertida en instancia mayor, la decisión muestra la “selectividad penal” del sistema judicial. Sandra Carvalho, coordinadora de Justicia Global, ha analizado todo el desarrollo del caso, que el próximo 2 de octubre cumple 24 años. Sandra afirma que la decisión del Tribunal sirve para enseñar cómo la política institucional es encarceladora y punitiva con los más pobres y negros, pero casi nunca responsabiliza a los agentes del Estado.

“Hay evidencias que fueron recogidas en el caso, no solamente contra los policías que entraron en el Carandiru, sino también contra autoridades que autorizaron la entrada de la policía. Es vergonzoso el papel de la justicia, especialmente al considerar legítima defensa una acción contra hombres acorralados y desarmados”, afirma Sandra en un texto publicado por Justicia Global.

Algunos policías no solamente no fueron condenados, además están ocupando cargos públicos en el actual gobierno de Michel Temer (PMDB). Es el caso de Hideo Augusto Dendini, nombrado el último 4 de agosto como asesor especial por el actual ministro de Relaciones Exteriores José Serra (PSDB).

La masacre

Era 2 de octubre de 1992. En una prisión de Sao Paulo, conocida como Carandiru, dos presos empezaron a pelear después de un partido de fútbol. Grupos ligados a los encarcelados se envuelven en un conflicto generalizado. Alrededor de las 16h30, los policías empiezan a invadir el centro para pacificar el conflicto. En 30 minutos, 111 presos fueron muertos, 84 eran presos provisionales a la espera de juicio. Cada muerto tenia una media de cinco tiros, la mayoría en cabeza y espalda.

Fotografías hechas en la época enseñan detenidos desnudos caminando por charcos de sangre mientras cargan los cadáveres de los compañeros. Rogério Simoes, periodista de Folha de Tarde, estaba en el primer grupo que entró en el Carandiru después de los hechos. Según Rogério, los presos se mostraban aliviados al ver a la prensa y “describieron cómo el caos provocado por un conflicto entre detenidos se ha transformado en una matanza”. Los sobrevivientes decían que los policías gritaban “la muerte llegó”, mientras se adentraban en los pabellones.

24 años después de la matanza, no se hizo justicia. Las muertes siguen siendo frecuentes en centros penitenciarios y barrios de las periferias de Brasil. Policías que siguen de uniforme llevando la muerte y el recuerdo de la impunidad del sistema judicial brasileño.