SOS Racismo ha hecho público hoy su informe anual sobre el racismo en el Estado español, en el cual se recogen un total de 247 incidentes racistas y casi 100 casos dentro de la categoría de delitos de odio. Estos datos "visibilizan en personas de carne y hueso una realidad oculta en nuestra sociedad", tal como resalta el colectivo.

El 28% de los casos recogidos en el documento están relacionados con conflictos y agresiones racistas, seguidos de denuncias de racismo institucional (22,86%) y problemas con la seguridad pública (18%).

La portavoz de SOS Racisme Catalunya, Alba Cuevas, apunta que “actuaciones de violencia como las denunciadas en el informe de la federación o en el propio de Catalunya muestran un preocupante aumento de las actitudes racistas y de un racismo de baja intensidad en el Estado”.

Es por ello que desde el colectivo insisten en la necesidad de buscar soluciones “que mejoren el tratamiento de estas situaciones que se están enquistando en nuestra sociedad”, tal como apuntaron Mohamed Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid, y Mikel Mazkiaran, secretario general de la federación.

Entre las exigencias al respecto al próximo gobierno están la elaboración urgente de una Ley Integral contra la discriminación así como una Ley de protección de víctimas de delitos de odio "que proteja a éstas independientemente de su situación administrativa, que amplíe el concepto de delito de odio a otros supuestos recogidos en el Código Penal como son la denegación de prestaciones públicas y privadas, la discriminación laboral o actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Contenido en violencia

El 50% del total de los incidentes de odio con motivación racista o xenófoba denunciados en las oficinas de SOS Racismo ha tenido un contenido en violencia, ya sea física o verbal, que preocupa especialmente a la federación. Estos incidentes violentos han sido perpetrados tanto por particulares como miembros de grupos de extrema derecha y agentes de empresas de seguridad privada.

También consideran significativo “el número de casos de discriminación racista y xenófoba vinculada a la denegación acceso a establecimientos de ocio como bares y discotecas, servicios inmobiliarios, alquiler de vehículos, etc”, destacan.

Vanessa Míguez, presidenta de SOS Racismo Galicia valoró cómo estas cifras “se traducen en la práctica en insultos, agresiones, conflictos vecinales o casos de acoso que menoscaban la convivencia e influyen de forma muy negativa en la vida cotidiana de personas que deben considerarse víctimas de delitos".

Por su parte, respecto a las cifras del número de casos atendidos y de la aparente estabilidad del número de casos recogidos en los últimos años, Mazkiaran señaló que "a pesar de que el número de casos en los que interviene la federación es estable en los últimos años, no significa que no hayan aumentado, sino que permanecen invisibles bien porque se ha normalizado el acto discriminatorio y no se percibe como un delito, bien por el desconocimiento de las víctimas". 

Uno de las circunstancias que corroborarían la afirmación de Mazkiaran es el reciente test que ha realizado SOS Racismo sobre el acceso a la vivienda. De él se desprende que “en muchos de los casos se aprecian preocupantes comportamientos racistas en nuestra sociedad que no se ven reflejados en ninguna estadística oficial”, indican desde el colectivo.