Todos tenían que aceptar ser declarados culpables, o todos irían a juicio, lo que implicaba la posibilidad de ser condenados a penas de prisión. Ayer era el día señalado para el juicio contra las siete personas detenidas en la manifestación laica del 17 de agosto de 2011, pero finalmente no se celebró. La Fiscalía y los siete imputados llegaron a un acuerdo por el cual se rebajaron sus penas a multas a cambio de que todos se declararan culpables de delitos de atentado a la autoridad.

“Sucedió lo mismo que en enero de este año: el fiscal y el juez nos vio como un grupo de detenidos, no como personas independientes, a pesar de que los cargos y las penas a las que nos enfrentábamos eran distintos. Nos impuso un dilema e intentó que nos enfrentáramos entre nosotros”, explica a Diagonal Flavia Tótoro, una de las acusadas.

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En enero, el fiscal y los abogados de los siete acusados finalmente acordaron aplazar el juicio y separar las causas. Sin embargo, al llegar ayer a los juzgados de Julián Camarillo, los acusados se encontraron con un nuevo fiscal. “Llegamos al juicio pensando que cada uno podría hacer los acuerdos necesarios o seguir con el proceso y de nuevo nos encontramos con que nos ofrecían una rebaja de condenas en grupo, pero sólo si todos aceptábamos las culpas. El fiscal fue incluso más drástico, nos advirtió que si uno de nosotros no aceptaba el trato iríamos todos a juicio y no le templaría la mano para mandar a prisión a alguno de nosotros”. Flavia añade que, por consejo de los abogados, y ya que tenían que tomar la decisión de forma inmediata, todos aceptaron las culpas. “Fue un chantaje en toda regla”, sentencia la activista. “Incluso presentando testigos y pruebas, me hicieron aceptar una condena por algo que no había cometido, haciéndome responsable de la entrada en prisión de un compañero”.

Los cinco acusados se enfrentaban inicialmente a penas que iban del año y medio a los seis años de cárcel. El acuerdo con Fiscalía ha rebajado las condenas a entre 4 meses y año y medio de prisión, sustituidas de multas de 3 euros diarios. En el caso de Flavia, la multa asciende a 360 euros que se suman a los más de 2.000 que ya lleva gastados a causa del proceso penal y que ha podido sufragar con el apoyo de la Asamblea del 15m de Austrias.

“La política de Fiscalía para estos casos, en los que te hace una petición inicial de pena desproporcionada para luego rebajártela al mínimo el día del juicio si te declaras culpable, es perverse”, señala a Diagonal Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de uno de los acusados, quien afirma también que en este tipo de procedimientos que se alargan tanto en el tiempo al final la sentencia muchas veces es lo de menos. “La verdadera condena son los años que has tenido sobre tu cabeza la espada de Damocles del ingreso en prisión”, concluye.

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La manifestación laica del 17 de agosto se convocó en protesta por el gasto de 50 millones de euros que supuso las Jornadas de la Juventud del Papa. Durante la celebración de la manifestación, se produjeron enfrentamientos con los católicos congregados en la Plaza del Sol. La policía disolvió la manifestación laica y cargó contra los manifestantes. Ocho personas fueron detenidas y encerradas en la comisaría de Moratalaz durante más de dos días en los que, según denunciaron, sufrieron agresiones y ‘tortura blanca’, como mantenerlos con las manos atadas mirando al suelo o negándoles ir al baño.