Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, uno de los jóvenes condenados por el 4F, reclama al teniente alcalde de Barcelona respuestas concretas y oficiales sobre la investigación de las irregularidades del caso.
Una respuesta concreta y oficial. Eso es lo que pide Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, uno de los jóvenes condenados por el 4F, uno de los casos más graves de corrupción policial por el que nueve personas fueron detenidas, torturadas y condenadas, a pesar de las continuas irregularidades en la investigación del caso, por un enfrentamiento entre personas no identificadas y la Policía Urbana de Barcelona en febrero de 2006, en cuyo marco uno de los agentes sufrió un golpe por el que quedó tetrapléjico.
En una carta remitida al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, Huidobro reclama que se realice una investigación sobre la autoría del informe entregado al entonces alcalde de Barcelona Joan Clos en el que se hacía referencia a una maceta como el objeto que golpeó al agente de la guardia urbana, versión que después se cambió, acusando a los detenidos de haber tirado piedras contra el policía. También la investigación de la desaparición del libro de registro de detenidos por parte de la Guardia Urbana y las actuaciones de este cuerpo en la madrugada del 4 de febrero de 2006.
Huidobro también pide que se investigue si había instrumento de rayos x en el Hospital del Mar y en el Hospital de San Pablo, en los que se negaron a atender a Rodrigo Lanza, Juan y Alex; así como la búsqueda de los informes de atención a los detenidos.
"Entiendo que las cosas son difíciles, pero eso no implica que tengan que agachar la cabeza y seguir protegiendo un cuerpo en el que hay una estructura para la tortura"
Asimismo reclama que se investigue quien dio la orden por la que se borraron todas las pruebas en el lugar de los hechos y si hubo presión a los vecinos de la zona para que no testificaran. Por último, Huidobro reclama que se investiguen las denuncias de tortura a los detenidos el 4 de febrero por parte de la Guardia urbana y otros casos de tortura en los que estén implicados los mismos agentes, así como que se revise la plantilla policial que estuvo presente durante las torturas infringidas a Yuri Jardine.
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El juicio contra los nueve acusados tuvo lugar en noviembre de 2007 y en enero de 2008, la Audiencia Provincial de Barcelona hizo pública la condena: cuatro años y medio de cárcel para Lanza, otros tres para Álex Cisternas y Juan Pintos y penas inferiores para los otros cinco acusados, entre ellos Patricia Heras, condenada a tres años de cárcel, quien se suicidó en abril de 2011.
En enero de 2015, la emisión de TV3 del documental Ciutat Morta, en el que se detallaban las continuas irregularidades de la investigación, las personas afectadas pidieron la reapertura del caso, pero la Fiscalía de Barcelona se negó. “En el Ayuntamiento, la activación de las investigaciones se hizo antes de que llegara el equipo de Ada Colau, pero realmente no se hizo nada, dijeron que la sentencia era firme y no había nada más que hacer. Su respuesta fue una falta de respeto horrible”, explica Huidobro a Diagonal. “Pero nosotros lo que pedimos es la investigación dentro del Ayuntamiento, no en cuanto al proceso penal, sino a nivel administrativo”, añade.
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Con el gobierno local de Barcelona en Comú, Huidobro apunta que le prometieron que iban a hacer algo, “pero hasta ahora no se ha avanzado mucho”. “Ahora les he pedido una respuesta concreta y oficial, porque en su momento hablaron de Patricia Heras, y al menos por haberla nombrado deberían hacer una investigación sobre el tema”.
“Ya estoy cansada de que se me tome el pelo y no se tenga en cuenta el sufrimiento que hemos tenido durante todos estos años. Entiendo que las cosas son difíciles, pero eso no implica que tengan que agachar la cabeza y seguir protegiendo un cuerpo que no es que sean unos pocos, sino que hay una estructura para la tortura. Todos los policías que estaban allí hicieron fila para golpear a los chico”, concluye.
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