Giro punitivo en la política penitenciaria de Ecuador

Frente a las reformas garantistas de los primeros años del Gobierno de Rafael Correa en Ecuador, desde 2010 este Estado apostó por una reforma penitenciaria y judicial que ha multiplicado la población carcelaria.

, miembro de ICOPA.
25/07/16 · 8:00
El sistema penitenciario anterior a 2013 en Ecuador contemplaba la autogestión en la alimentación. Con la importanción del ssitema penitenciario estadounidense, la alimentación de los internos ha empeorado. / Edu León

Desde que Rafael Correa llegó al poder en 2007, Ecuador se convirtió en el país que más redujo la desigualdad en América Latina, el índice Gini [que mide la desigualdad siendo 0 la igualdad perfecta y 100 la completa desigualdad] se redujo 8 puntos porcentuales entre 2007 y 2011 –de 54,3 a 46,2–, llegando a los menores niveles de desigualdad del país desde que se registran estos datos. La base de estos cambios ha sido la construcción de un modelo de Estado eficiente, sobre todo en lo concerniente a la inversión en infraestructuras públicas, recuperando la política como administración del Estado, en oposición al planteamiento neoliberal.    

En lo referente a la política criminal también ha habido transformaciones. En un primer momento, se produjo la incorporación de los principios garantistas de la Constitución de 2008 al Anteproyecto del Código Penal: se realizaron, entre otros, cambios tendentes a la descriminalización de ciertos delitos, sobre todo relacionados con el microtráfico. Sin embargo, a partir de 2010 hubo un giro repentino, y desde entonces, se comenzó a construir una política criminal de corte punitivo, que rompía la línea garantista. Se pueden establecer dos etapas, a los que Jorge Vicente Paladines llama 'Estado de garantías' –2007 a 2009–, y 'Estado de policía' –2010 en adelante–.

Estado de garantías: 2007 - 2009

En el primer periodo se crearon instituciones garantistas, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría Pública, que fueron seguidas por una serie de reformas legales en el ámbito penal, como la elaboración del nuevo Código Penal Integral, así como otra serie de medidas para acabar con el hacinamiento en las prisiones. En este periodo, se redujeron las tasas de encarcelamiento en un 40%, pasando de 130 a 73 personas presas por cada cien mil habitantes. Fueron liberadas 6.600 personas por la concesión de indultos a aquellas condenadas por delitos de microtráfico –conocido como “indulto a las mulas–, a quienes padecían enfermedades terminales y por la caducidad de la prisión preventiva. Ecuador pasó de tener 18.675 personas presas en 2007, a tener 10.881 en 2009.

El indulto a las 'mulas' supuso un varapalo a la política de la 'guerra contra las drogas' impuesta por EE UU a los países de la región desde los años 80, y su éxito, medido en términos de índice de reincidencia fue total, ya que no alcanzaba el 1%. Siguiendo esta línea, en mayo de 2008, se anunciaba el cierre de la Oficina de Cooperación Antidrogas de EE UU en Ecuador, hecho que se celebró por Rafael Correa como un acto de rechazo al neocolonialismo y por el que se hacía respetar la soberanía del país.

En 2009, se presentó el Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, en el que se estableció la reducción de las penas en los delitos contra la propiedad y la prisión preventiva, se limitó la pena máxima en el delito de homicidio de 25 a 16 años, se proponía el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva y penas para los delitos de tráfico de drogas proporcionales a la cantidad incautada. Este texto incorporaba la lectura garantista de la Constitución de 2008.

Estado de policía: desde 2010

A partir de 2010, comienza un nuevo periodo en la política criminal del país. Se da un giro punitivo que acaba con muchos de los avances que se habían dado en el periodo anterior. Dentro del mismo gobierno hubo un sector que criticó la reducción de la penalidad y algunos medios de comunicación comenzaron una campaña para crear alarma social en torno a los delitos violentos. A pesar de que la tasa de reincidencia de las personas indultadas había sido del 1% y de que el número de homicidios estaba cayendo. Comenzó la contrarreforma de la ley penal en una dirección opuesta.

En 2010, con un panorama de inestabilidad provocado por el intento de golpe de Estado perpetrado por la policía el 30 de setiembre, tiene lugar la contrarreforma, en la que, entre otras cuestiones, se elimina la consideración de la cuantía en el delito de robo, se elimina el máximo de 16 años de encarcelamiento en los delitos de homicidio y se aumenta la pena si estos delitos se cometen contra un miembro del ejército o de la policía.

Todos los avances que habían permitido la reducción del hacinamiento en las prisiones comenzaron a desaparecer, haciendo que las tasas de encarcelamiento volviesen a cifras previas al gobierno de Rafael Correa. Si en dos años Ecuador había conseguido bajar la tasa de encarcelamiento hasta los niveles más bajos registrados en el país, desde 2010 hasta 2014 esta cifra llega a su máximo histórico, pasando de 13.155 personas privadas de libertad en 2010, a 26.591 en 2014.

Las reformas en la política de drogas, tendentes a la despenalización, que habían constituido un referente en la oposición a la “guerra contra las drogas”, experimentaron un retroceso que culminó en noviembre de 2014 con el anuncio de la creación de la Dirección Nacional contra el Microtráfico. El Ministro del Interior, José Serrano, explicó que “la nueva unidad policial se encargará exclusivamente de los delitos que se producen alrededor del tráfico de drogas en pequeñas cantidades”. Pocos años antes, el argumento para dar el indulto había sido precisamente la escasa gravedad que tenían estos comportamientos.

Hasta hace poco, Ecuador era un país que contaba con un sistema de prisiones propio, fruto de la adaptación que se había dado de los modelos que las potencias colonialistas habían exportado al país. Era un modelo de cárceles abiertas, en las que las visitas se podían realizar casi 24 horas al día, incluso se podía pernoctar. Así mismo, se permitía la entrada de comida, que las personas tuviesen sus celdas personalizadas, así como la entrada de materiales con los que las personas privadas de libertad realizaban artesanías que luego eran vendidas en el exterior. Estas dinámicas, junto a la cercanía de las prisiones, que estaban dentro o cerca de las ciudades, hacían posibles el mantenimiento de los lazos sociales con el exterior.

A partir de 2013, se puso en marcha un nuevo modelo de gestión penitenciaria. En ese año empezó a funcionar el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Le siguió el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, un complejo penitenciario que ocupa 82 hectáreas en el que se hizo una inversión de 70 millones de dólares. Estas prisiones se rigen por el Nuevo Modelo de Gestión, que se caracteriza por contar con una gran inversión en infraestructuras.

Son complejos penitenciarios que imitan la arquitectura francesa y estadounidense, donde el control de la vida de las personas privadas de libertad se extiende a todos los momentos del día, y la entrada desde el exterior está altamente restringida y controlada. El sistema de visitas ahora se encuentra informatizado y el tiempo de visita se restringe a dos horas semanales en los mejores casos. Quienes ingresan al interior deben someterse a cacheos corporales humillantes, incluso si se trata de menores. Ccacheos que no son necesarios teniendo en cuenta el circuito de escáneres corporales por los que hay que pasar. No se permite la entrada de comida, ahora es necesario tener dinero en una cuenta bancaria para comprar en el economato.

La posibilidad de realizar una visita también está supeditada a una cuestión económica, ahora las cárceles están alejadas de las ciudades y no todo el mundo puede pagar el transporte. Para quienes están dentro, el acceso a las comunicaciones se encuentra restringido a las llamadas telefónicas desde la cabina, para las que también se necesita dinero. En el caso de los y las hijas de las mujeres encarceladas, existe un enorme problema, pues si antes podían vivir con las madres y ser mantenidas con lo que éstas fabricaban en el interior de las prisiones. Ahora esa posibilidad ha desaparecido y el Estado está fracasando en el intento de hacer frente al desamparo.

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Al igual que en épocas anteriores, la importación de modelos penitenciarios que nada tienen que ver con la realidad socio-económica del país, han hecho del cambio un proceso traumático. El contraste entre un modelo y otro es gigante, alcanza incluso a la vestimenta. Ahora las personas privadas de libertad son obligadas a llevar uniformes de distintos colores dependiendo del delito cometido. Entre los colores, destaca el naranja, que junto al azul de las rejas nos transportan a una prisión estadounidense. La finalidad de los nuevos centros y las referencias que se tienen en mente, se pueden ver en las declaraciones del asambleísta Mauro Andino: “Al interior de los centros tenían tiendas de abarrotes, celulares, computadoras, teléfonos, internet y todos los servicios. Hoy no, se terminaron esos privilegios, y quien ha incumplido con la ley, lastimosamente, tendrá que pagar una condena”. Refiriéndose a los nuevos centros, también señaló que “en las películas uno puede ver este tipo de infraestructura”.

Las reacciones a los traslados se dieron desde el momento en que se iniciaron. En el caso de la cárcel de Cotopaxi, en medio de las protestas, tres mujeres fueron detenidas por haber gritado “torturador” al ministro del Interior, José Serrano. El traslado se hizo cuando las instalaciones aún no estaban terminadas, razón por la que las presas estuvieron sometidas a un régimen de aislamiento de 20 horas al día en la celda, con bajas temperaturas, sin papel higiénico, ni acceso a agua potable ni electricidad, según denunciarn desde la Organización de Familiares de Personas Privadas de la Libertad en 2014. El Comité de familiares, amigas y amigos de gente en prisión inició una campaña bajo el lema El martirio no rehabilita, para contradecir el discurso oficial de la rehabilitación social en las nuevas prisiones. La Asociación de Personas en Conflicto con la Ley pidió judicialmente la paralización de los traslados hasta que se terminasen las obras, pero esta petición fue denegada. Así mismo, la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) denunció las vulneraciones que se estaban produciendo en las nuevas instalaciones.

Las personas en privación de libertad también respondieron con protestas desde el interior, publicaron vídeos en Youtube, donde se desmentía la versión oficial de las condiciones de vida en las nuevas prisiones, tales como Sobre la nueva cárcel del Regional de Cotopaxi o La verdad de la cárcel regional Guayas zona 8. Otras acciones que se realizaron fueron motines, como los de febrero de 2014, en el Centro de Privación de Libertad, Zona-8 de Guayaquil, donde rompieron 90 cámaras y provocaron un incendio para pedir el respeto a las visitas, protesta de la que resultó un muerto por quemaduras, el segundo que se daba en dos meses de funcionamiento de la nueva cárcel –el primero murió en una celda de castigo–. El 29 de mayo de 2014 tuvo lugar otro motín en la cárcel El Rodeo, también para protestar por la restricción de las visitas y el 30 de setiembre de 2015, hubo otro más en la cárcel de Latacunga.

Entre los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la construcción de las nuevas prisiones, uno de los más recurrentes es acabar con el hacinamiento. No se puede negar que esto era un problema, pero ya se le estaban dando solución, se había reducido casi a la mitad el total de la población encarcelada. Otro de los argumentos son los nuevos talleres de trabajo, precisamente una de las quejas es que estos brillan por su ausencia. Mientras que en las antiguas cárceles se permitía introducir materiales con los que la gente presa hacía artesanía que se vendía en el exterior, ahora esta fuente de ingresos ha desaparecido, lo que afecta no sólo a quien está dentro, sino también al núcleo familiar que está fuera. En cuanto a las visitas, actualmente se cuenta con un sistema informatizado al que se debe acceder para pedir cita, lo que choca con la flexibilidad del modelo anterior. Estas restricciones alcanzan al contacto con los abogados, quienes también se han quejado por no poder comunicarse con sus clientes. Por lo que respecta a la alimentación, las posibilidades de autogestión que había en las cárceles anteriores han desaparecido, ahora toda la alimentación la gestiona una empresa y, según los testimonios de las personas presas, es de mala calidad, faltan proteínas y la comida que se vende en los economatos no sirve para suplir estas carencias nutritivas.

Conferencia internacional por la abolición penal

En este contexto de cambio de modelo penitenciario se celebró la Conferencia internacional por la abolición penal-ICOPA 16 durante los días 16,17 y 18 de junio, bajo el título 'Impactos de las políticas penitenciarias en un contexto global. Experiencias de resistencia y debates sobre el abolicionismo desde América Latina'. En este encuentro se ha reflexionado, entre otras cuestiones, sobre la forma en que las potencias dominantes exportan sus modelos penitenciarios, siempre en nombre de los derechos humanos y desde una perspectiva individualista, sin respetar los contextos socio-económicos en los que el ser humano se desarrolla.

En América Latina, donde la guerra contra el terror se materializa en la guerra contra las drogas, los cambios iniciados por el Gobierno de Rafael Correa podrían haber inspirado un cambio más profundo en la política de drogas –un problema que alcanza a un 40% de la población masculina encarcelada y llega al 80% en el caso de las mujeres–, así como se podría haber aprovechado la coyuntura para implementar un modelo de política criminal alternativo al de los países neoliberales, para transformar la justicia desde y para el pueblo ecuatoriano. Analizando el crecimiento de la población encarcelada y el modelo de cárceles que se está implantando, esto no parece que vaya a suceder y cabe plantearse si también desde este ámbito realmente se está construyendo una verdadera alternativa.

Desde el abolicionismo penal, ninguna cárcel es deseable, pero si hay algo que está claro es que el camino para acabar con ellas debe empezar por tener en cuenta la realidad social de cada región. Si en Ecuador existía un modelo de prisiones abiertas, la línea lógica habría sido reformar las prisiones partiendo de esta realidad, evitando la ruptura de los lazos con el exterior y estando más cerca de una rehabilitación social respetuosa con las comunidades a las que pertenecen las personas encarceladas. Como señala el antropólogo Chris Garcés, con el nuevo modelo de gestión penitenciaria se está normalizando el aislamiento a través de la segregación administrativa. Este aislamiento hace que aparezcan zonas de silencio legal, de difícil acceso en las que las violaciones a los derechos humanos son mucho más complicadas de denunciar.

Quienes acusan de utópicos al abolicionismo penal, deberían plantearse cuán utópico es querer rehabilitar a un ser social a través del aislamiento. Quienes son responsables de la transformación del modelo de prisiones de Ecuador, deberían hacerse también responsables de las nefastas consecuencias que a largo plazo tendrá este nuevo modelo de prisiones que nada tiene que ver con la realidad socio-económica ecuatoriana.

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comentarios

1

  • |
    Alfonso
    |
    10/12/2016 - 6:21am
    No estoy de acuerdo, el abolicionismo penal es un disparate. Gilberto Chamba, conocido como el Monstruo de Machala y uno de los asesinos en serie más crueles atrapados en Catalunya. Después de matar a ocho mujeres en Ecuador, fue liberado después de sólo 7 años de prisión; cometió su noveno crimen en Lleida, donde asesinó a una universitaria.“El ‘Monstruo de Machala’ volverá a matar y a violar” http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/20/catalunya/1416508218_255625.html?id_externo_rsoc=TW_CC vía @el_pais
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