Denuncia ante el Constitucional por una identificación racista

El caso de Zeshan es el segundo que llega al Tribunal Constitucional en relación a las identificaciones de perfil étnico. SOS Racismo y Open Society señalan este litigio estratégico como una herramienta para impulsar cambios legislativos.

30/06/16 · 11:00

Zeshan Muhammad estaba sentado en un banco del paseo Joan de Borbó, en Barcelona, acompañado de un amigo. Era el 29 de mayo del 2013, alrededor de las 16:00 h. Cuando se levantaba para volver a casa, un coche de la Policía Nacional se detuvo a su lado y uno de los agentes les dijo: “Chicos, el NIE ¿Entendéis lo que es NIE?”. Zeshan contestó que sí y lo sacó del bolsillo.

Les enseñó el documento y, mientras lo guardaba, preguntó al agente el porqué de la identificación. “Hombre, a un alemán no le voy a pedir que se identifique”, contestó el agente. Zeshan preguntó que si era por su color de piel. “Sí, porque eres negro y punto y te jodes, ¿qué pasa?”. Cuando le dijo al agente que no debía abusar de la autoridad, y éste respondió con una bofetada y haciéndole entrar en el coche. “Quedas detenido por chulo”, le dijo el agente. “Ya te acordarás de mí cuando vayas a renovar los papeles”, continuó el agente de Policía Nacional.

Zeshan fue sancionado por negarse a identificarse, aunque sí se había identificado. Cuando advirtió al agente que le pondría una denuncia, la respuesta fue: “¿Tú crees que esto me preocupa? Tú serás el séptimo que me denuncia”. Tras salir de comisaría, Zeshan se dirigió a la comisaría central de Mossos de Esquadra para poner una denuncia contra la Policía Nacional por el trato recibido, pero la rechazaron afirmando que no aceptaban demandas sobre otros cuerpos de seguridad pública y que debía dirigirse a otra entidad, como el juzgado de guardia en la Ciudad de la Justicia, que se encontraba cerrado a esas horas. Fue a Santa Coloma y se dirigió a otra comisaría de Mossos, obteniendo la misma respuesta. Al día siguiente, se acercó hasta la Ciudad de la Justicia y allí él mismo redactó la denuncia.


En paralelo, desde SOS Racismo y Open Society Foundations presentaron, en abril de 2014, una reclamación administrativa ante el Ministerio de Interior por la vulneración hecha por parte de la policía al derecho de no discriminación, recogido en la Constitución española. Interior desestimó la reclamación en noviembre de ese año y de ahí, estas organizaciones fueron al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, que también desestimó la demanda en septiembre de 2015.
 


Hoy, SOS Racismo y Open Society presentan un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. “El recurso de amparo que se presenta frente al Constitucional es un paso más en la lógica jurídica y también en la estrategia de defensa de los derechos de las personas”, explican desde SOS Racismo. “Las demandas interpuestas a los respectivos órganos judiciales son una herramienta para conseguir cambios legislativos a partir del caso de Zeshan Muhammad. En este sentido, las sentencias favorables de los organismos más elevados, como el Tribunal Constitucional o el mismo Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pueden promover la modificación de leyes o la regulación de medidas específicas y protocolos”, continúan.


No es la primera vez que el Constitucional se pronuncia sobre una denuncia de práctica del perfil étnico. En el 2001, la española Rosalind Williams llegó también a este tribunal para denunciar que agentes de policía la habían identificado basándose en su color de piel. La respuesta del Constitucional consistió en justificar que, en el marco de la Ley de Extranjería, la apariencia étnica fuera suficiente para proceder a una identificación, “dando a entender que ‘lo normal’ es que las personas de nacionalidad española sean blancas, hecho rotundamente falso y discriminatorio”, señalan desde SOS Racismo. Ocho años más tarde, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio la razón a Rosalind, estableciendo que “las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país”. También confirmó que las prácticas de perfil étnico son discriminatorias e ilegales. Sin embargo, la resolución de la ONU no llevó a que las autoridades españolas tomaran medidas efectivas para erradicar el perfil étnico.


Aunque el entonces ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba negó en 2011 que existieran redadas e identificaciones policiales de perfil étnico, organizaciones sociales como Sos Racismo, la campaña CIE No o colectivos vinculados al 15M vienen denunciando y documentando desde hace años esta práctica policial que se intensifica cuando se aproxima un vuelo de deportación.


Desde SOS Racismo señalan que la actual Ley de Seguridad Ciudadana, en su artículo 16, menciona que en la práctica de la identificación se respetará el principio de no discriminación, pero sin contemplar medidas específicas que evitaran esta práctica.

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