Los premios Triángulo a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento señalan la incapacidad de Cogam para llevar a cabo una política independendiente de las instituciones y de los intereses creados en torno al Orgullo.

De un tiempo a esta parte, la organización de los faustos del Orgullo se ha convertido en una fuente inagotable de noticias insólitas que parecen directamente extraídas de la obra de algún sádico escritor de política ficción.
Sin ir más lejos, hace unos días nos enterábamos de que el jurado de un concurso televisivo de cocina sería el encargado de la lectura del pregón. Así, sin coartada ni anestesia de ningún tipo. Afortunadamente, en este caso, la respuesta colectiva, convocatoria de cacerolada incluida, bastó para que la asociación de empresarios AEGAL anunciara que las ganancias previstas no compensaban el miedo al escándalo que les estaba entrando en el cuerpo.
Ocurrencia que sirve al menos para ilustrar, como pocas, los límites a los que ha llegado el mercadeo con los restos de las luchas reivindicativas de las disidentes de la heterosexualidad. El relato de cómo se ha pasado del levantamiento de barricadas contra el acoso policial, que supuestamente conmemoramos en estas fechas, a dejar este tipo de decisiones en manos de colectivos de empresarios resulta, por su parte, una labor para generaciones de historiadores de la neoliberalización del movimiento elegetebé.
Pero por desgracia esta noticia era, como no ha tardado en demostrarse, ampliamente superable en lo que a su carácter inasimilable se refiere. Hace unos días, el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, COGAM, anunció que su anual entrega de los premios Triángulo incluiría uno conjunto al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, nada menos que por haber llenado “de los colores del Arcoíris la nuestra ciudad”.
Que a este colectivo no le cuesta conceder premios de dudoso contenido político no es ciertamente una sorpresa. Sin ir más lejos, el pasado año decidieron premiar a una cadena de hoteles como “empresa amigable LGTB”.
Por suerte, vale la pena recordarlo, la cadena hotelera se quedó sin premio. Gracias también a una eficaz denuncia colectiva, en este caso del incidente transfóbico, putofóbico y de auténtico desprecio a los movimientos sociales, que se produjo en el hotel en cuestión cuando, a la llegada de la manifestación del Orgullo Crítico del pasado año, la activista Verónica Arauzo quiso pasar para tomar una foto desde su terraza.
Pero hay que reconocer que, retirado aquel polémico premio, este año COGAM se ha superado. Sobre la parte que le toca del nuevo “premio institucional” al ayuntamiento, baste decir aquí que resulta siempre desasosegante ver a un colectivo teóricamente reivindicativo apegarse tanto a la política institucional, ocupe la institución quien la ocupe, en lugar de mantener el imprescindible distanciamiento crítico respecto a los centros del poder político. Con respecto a la Comunidad, huelga decirlo, la cosa se pone mucho más trágica.
Seguramente, como con respecto a la amistosa trayectoria de la cadena de hoteles, existirá alguna retahíla de detalles amigables protagonizados por esta para justificar el premio. Quizá incluso algunos protagonizados directamente por la personificación del gobierno autonómico, desde que orquestara la sistemática y brutal represión del 15M y de sus posteriores mutaciones como delegada del gobierno, Cristina Cifuentes. Puede que hayan decidido valorar sus propuestas legislativas contra la transfobia, corriendo un tupido velo sobre el hecho de que las hiciera ninguneando por completo la voz y el trabajo de los colectivos trans de la comunidad. O quizá todo se reduzca a celebrar que se ha colgado una bandera en un balcón. Posibles explicaciones aparte, la contradicción es evidente: mientras que el año pasado COGAM concedía un crítico premio “ladrillo” al ministro del interior, como repulsa por la Ley de Seguridad Ciudadana, este año se premia nada menos que a su brazo ejecutor, el gobierno autonómico del mismo partido que la aprobó.
Premiando así al Partido Popular, se insulta directamente a todas las que sufren la criminalización de la protesta social, a quienes arriesgan cada vez más parando desahucios, a quienes reciben trato de terroristas por representar una obra de títeres, a quienes soportan desorbitadas multas por ejercer sus derechos fundamentales de reunión y manifestación. Un insulto, vaya, a quienes padecemos los abusos de poder de unas fuerzas de seguridad cuyas arbitrariedades están más respaldadas que nunca por esas leyes que el New York Times calificó en su día como un retorno a los tiempos de la dictadura franquista.
Mención especial merece el acoso a las trabajadoras del sexo por parte de la Comunidad. Pues tan rápido como se aprobó la ley mordaza, que criminaliza a prostitutas y clientes según dónde se encuentren, el gobierno premiado comenzó una auténtica persecución policial de las prostitutas, que además de recibir sanciones administrativas se han ido viendo obligadas a trabajar en zonas cada vez más apartadas, incrementando drásticamente los riesgos que corren al ejercer su trabajo.
Con su premio, pues, COGAM insulta también a las trabajadoras del sexo, muchas de ellas migrantes y trans, que sufren día a día los efectos de una Ley de Seguridad Ciudadana convertida en política autonómica. Todo ello, por cierto, ante la impasibilidad de un ayuntamiento que no ha sido capaz de defender realmente, como se comprometió a hacer en su programa, los derechos de las trabajadoras del sexo en colaboración con ellas.
En suma, cuando se premia a la Comunidad se está premiando la transfobia, la xenofobia y la putofobia. Se premia además, austericidio aparte, la intensificación de la violencia represiva en el espacio público en sus múltiples formas. Cabe pues preguntarse, si no ya en qué ciudad, si al menos en quiénes piensa, y a quiénes excluye COGAM, cuándo escribe “la nuestra ciudad”. Ya que lo que se celebra incluye la higienización moral de un espacio público que, más que llenarse de luz y de color, resulta cada día más homogéneo, más opresivo, más peligroso y más inhabitable para muchas de nosotras. Se premia justamente el acoso policial contra el que se levantaron trans, trabajadoras del sexo, además de maricas y bolleras, muchas de ellas negras y latinas, el 28 de junio de 1969.
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