Las Juntas Generales de Gipuzkoa primero y después el Parlamento Vasco se han comprometido por mayoría –todos los partidos menos el PP– a no aplicar la Ley Mordaza. Pero, ¿qué quiere decir eso de no aplicar una ley vigente aquí y ahora?

Entre las muchas declaraciones e iniciativas adoptadas en los últimos meses en contra de la Ley Mordaza, la decidida el 22 de mayo en el Parlamento Vasco es la de mayor peso político. El Parlamento Vasco se ha comprometido gracias a los votos de EH Bildu, PNV y PSE-EE a no aplicar la Ley Mordaza. Una ley que hasta el día de hoy la policía autonómica vasca ha aplicado a discreción –casi 4.000 multas desde julio del año pasado hasta marzo de 2016–.

La decisión adoptada en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco se ha realizado mediante la aprobación de una proposición no de ley. Ahora está en manos del Gobierno Vasco (PNV) llevar a cabo lo que la mayoría de partidos ha acordado y por tanto transmitir a la Ertzaintza los necesarios criterios y formación para tal tarea: no aplicar los artículos que vulneran derechos básicos, ni la lógica punitiva de la Ley Mordaza en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

La Ley Mordaza regula, por llamarlo de alguna manera, conductas y situaciones de índole muy diversa. La no aplicación generalizada de una ley tan amplia podría acarrear muchas dudas y vacíos legales. Más aun sabiendo que la anterior ley a la Ley Mordaza es la Ley Corcuera, conocida popularmente como “ley de patada en la puerta” no por su virtud garantista de derechos.

Aun así, ciñéndonos al caso de la Ley Mordaza, una ley criticada por su espíritu cercenador de derechos básicos que deja indefenso al ciudadano ante su aplicación, mediante determinadas ordenes políticas sobre la forma de actuar de la policía se podría solventar el daño que esa ley injusta está creando en amplios ámbitos de la sociedad.

Una de las medidas sería la no utilización de la Ley Mordaza a modo de amenaza. “Si no abandonáis la plaza, si no te identificas ahora mismo, si no… etc, os sancionaremos bajo la aplicación del artículo XX de la Ley Mordaza”. Este estilo de frases en boca de las distintas policías –también de la Ertzaintza– se ha convertido casi en pan de cada día.

Sabiendo que la Ley Mordaza otorga al agente la competencia de sancionar sin juez mediante, conlleva una utilización de la ley a modo de amenaza para condicionar protestas o determinadas situaciones. Este tipo de situaciones que dejan al ciudadano indefenso ante tal potestad se podrían solucionar con una clara orden desde las instancias políticas que regulan las actuaciones de funcionarios públicos como la policía.

Otra medida realizable podría ser la introducción del sistema judicial ante todo supuesto delito. Es decir, hacer caso omiso del artículo 52 de la Ley Mordaza que especifica que la “denuncia” del agente constituirá "base probatoria suficiente" para adoptar la resolución que proceda. En el ámbito judicial la palabra del agente no es suficiente para sancionar; argumentos y pruebas complementarias son necesarias. Es decir, se debería introducir una tercera persona –juez– entre el denunciante y el denunciado.

Somos conscientes que la Ley Mordaza no dejará de condicionar nuestras vidas hasta que un nuevo gobierno y mayoría política en Madrid derogue y cree una ley que respete y haga respetar los derechos fundamentales. Pero también hay que ser conscientes que si la policía, la clase política e instituciones públicas están para defender al pueblo, y no al revés, es de primer orden que los políticos hagan respetar lo que la gran mayoría social y política ha expresado incontables veces ya por activa y por pasiva: la necesidad imperante de enterrar para siempre la lógica punitiva que emana de las leyes Mordaza.