Maltrato institucional
Tres historias de mujeres contra el sistema de custodias y protección

Susana Guerrero lleva años peleando por la custodia de su hija, que vive con un padre presunto pederasta y acusado de maltrato. Inma Valero pide la custodia de los hijos que le arrebató su expareja aprovechándose de su pobreza. Esta es la historia de estas dos mujeres en lucha.

06/05/16 · 8:00
Susana Guerrero, en la puerta del juzgado de Talavera donde está su caso. / Alicia Delicado

La valentía es una cualidad que la mayoría de madres tienen a la hora de educar y sacar adelante a sus hijos. Pero si para llevar a cabo estas tareas tienen que lidiar además con el sistema, ese coraje debe multiplicarse. Este es el caso de Susana Guerrero y otras mujeres que intentan proteger a sus criaturas de padres que no son aptos para cuidarlas, bien porque están denunciados por malos tratos o por abusos sexuales a menores.

La lucha de Susana Guerrero comenzó hace cuatro años, cuando el padre de su hija Nayara reclamó una custodia que los Tribunales le concedieron en 2015, amparándose en un informe de los servicios psicosociales que dictaba que la pequeña sufría el síndrome de alineación parental (SAP).

El SAP es un término psiquiátrico, denunciado por acientífico, por el cual uno de los progenitores manipularía al niño en contra del otro. En la mayoría de ocasiones suele ser atribuir estas prácticas a la madre, que supuestamente provocan que el pequeño pueda llegar a creer que su padre ha abusado de él. “La solución que propuso el psicólogo de lo psicosocial Máxime Wimberg para el supuesto SAP de la hija de Guerrero fue la terapia del olvido, que aleja a la niña de su madre hasta que la niña borre los recuerdos falsos que le ha inducido ésta”, comenta indignada una chica del colectivo de mujeres 7N que ha apoyado a Guerrero en su calvario judicial.

“Si el sistema no protege a mi hija lo haré yo aunque tengan que pasar por encima de mi cadáver”

El médico y psicoterapeuta Jaume Cañellas explica en uno de sus artículos que el creador del SAP, Richard Gardner, fue un pedófilo condenado por abusar de sus hijos que pasó por la cárcel y acabó suicidándose. La teoría de Gardner no tiene validez psiquiátrica en España y ha sido prohibida por la Organización Mundial de la Salud, la ONU y el Consejo General del Poder Judicial.

“Los jueces del sistema patriarcal se encargan de quitar las custodias a las madres alegando al famoso SAP. A mí me arrebataron a mi hija usando esta teoría descatalogada y basándose un informe psicosocial de una hora”, comenta una madre perteneciente a la plataforma Stop Impunidad Maltrato Infantil (SIMI).

Este colectivo de mujeres cree que el problema de fondo no es el SAP, sino la importancia decisiva que tienen los informes psicosociales a la hora de dictar sentencia. “Una persona salida de una bolsa de empleo, que no consta de la formación requerida, decide si yo soy buena madre observándome en una hora”, cuenta otra madre perteneciente a la plataforma.

"El mío ha sido un caso extremo, espero que esta brecha que estoy abriendo en el sistema empiece a concienciar a la gente sobre la protección de los menores” 

Pero la historia de Susana Guerrero va más allá de la de otras madres y ejemplifica la impotencia de aquellas que observan como su hijo queda desprotegido “por culpa de las instituciones”, tal como recalca una madre de la plataforma SIMI.

Del centro de menores al abuso sexual

“El mío ha sido un caso extremo, espero que esta brecha que estoy abriendo en el sistema empiece a concienciar a la gente sobre la protección de los menores”, explica Guerrero.

Ella procedía de una familia desestructurada y acabó en varios centros de menores. Uno de los lugares donde estuvo fue el centro terapéutico Casa Joven, cerrado en 2009 debido a varias denuncias y al suicidio de Saray Marqués, una adolescente de catorce años.

Trabajos forzados o castigos inhumanos son algunas de las prácticas que relata Susana, quien compara algunos de estos lugares con los campos de concentración nazis. Sin embargo, no todo era oscuro: “Había también gente buena, nosotros deseábamos que llegaran los fines de semana porque los instructores eran menos severos”

A partir de los 13 años, Susana Guerrero empezó a recibir frecuentemente visitas de una familia que parecía haberse interesado por ella. “Ese hombre venía a por mí, y me seducía con caprichos para conseguir sus objetivos sexuales conmigo, estaba totalmente manipulada”. La policía encargada del centro de menores se percató de los abusos y denunció al presunto pederasta, que estuvo en prisión temporalmente y más tarde fue absuelto, al testificar la propia Susana a su favor "obligada" por él, tal como hoy denuncia. Pero aquella historia no acabó ahí.

Siendo una adolescente de 17 años quedó embarazada del mismo hombre. Según ella, el padre le insinuó que abortara para que no se dieran a conocer las violaciones. Tras tener al bebé, Susana vivió un tiempo con el padre, pero éste comenzó agredirla cuando ella, según afirma, se negaba a hacer lo que le pedía.

Poco a poco, madre e hija se fueron distanciando del padre y empezaron una nueva vida en Canarias en 2012. Pero la pesadilla no acabó. A partir de entonces comenzó un nuevo infierno para ambas: el padre reclamó la custodia y la jueza de Talavera, Ana Belén Gómez Dorado –que ha fallado en favor de los padres en otros casos similares, según afirman diversas asociaciones de defensa de mujeres– concedió visitas al padre.

“Tras las visitas empecé a observar comportamientos de hipersexualidad en mi hija y ella confesaba lo que hacía con su padre”, dice entre lágrimas Susana Guerrero, quien denunció a éste por abusos e incesto. Sin embargo, la juez talaverana desestimó la denuncia recurriendo al famoso SAP. Así, para varios miembros de la asociación Adenicat, en la que hay numerosas afectadas por casos muy similares, “el sistema le da la espalda a las mujeres”.
“El sistema me ha dado la espalda y ahora soy yo la que tiene que proteger a mi hija de su padre”

El juicio comenzó el 19 de abril en Talavera de la Reina (Toledo). Si prospera la denuncia, Guerrero se verá obligada a pagar una multa de doce euros diarios durante dos años, más 3.000 euros en concepto de daños morales. La fiscalía le acusa de una denuncia falsa de malos tratos.

Susana Guerrero insiste en que velará por su niña y no va a consentir que esté ante el peligro, su padre, “un pederasta y maltratador” según afirman las pruebas forenses y psiquiátricas. Actualmente, se la acusa de tener con ella a su hija ilegalmente ya que la custodia según el Tribunal talaverano la tiene el padre. La niña y ella viven con miedo de que cualquier día la policía se la lleve. Ella ha tenido que contratar profesores privados y su hija ha dejado de ir al colegio público.

Una psicóloga del equipo de psicología Belen Jimeno de Toledo le insinuó hace un año que su lesbianismo era dañina para su hija, a lo que ella respondió: “No será más dañino que un padre imputado por abusos sexuales a menores y acusado de maltrato”. Susana Guerrero ha denunciado a esta psicóloga ante la fiscalía general del Estado por el informe que elaboró esta junto a Máxime Winberg, psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Toledo: “Para hacer dicho informe solo vieron a mi hija diez minutos, luego Winberg dijo en el juicio que mi hija debía ser apartada de mí inmediatamente y ser sometida a terapia de olvido”.

“El caso de Susana Guerrero es paradigmático y reúne todos los problemas del actual sistema del menor español, pero hay otros también muy significativos” explica el educador y activista social Victoriano Fernández, uno de los creadores de la reciente asociación Familias del Siglo XXI, que trata asuntos de custodia, divorcio, custodia de ancianos, centros de menores y niños con asperger y autismo.

Victoriano Fernández cree que la raíz de estas situaciones está en un sistema del menor que no protege a los pequeños, simplemente se limita a dar soluciones fáciles para no generar alarma social, además opina: “Hay demasiadas privatizaciones dentro de los centros de menores y servicios sociales, lo que supone todo un negocio acoger a un niño en un centro o dárselo a otra familia antes de proveer a sus padres biológicos de recursos económicos”.

Inma Valero

Otro caso paradigmático es el de Inma Valero, una madre que lleva años peleando por la custodia de sus dos hijos que le arrebató el padre aprovechando la mala situación económica de Inma Valero hace unos años. A día de hoy, puede comer con sus niños los miércoles en el bar de al lado de la casa de sus abuelos. Su ex marido le prohibió durante años verlos. Ella ha conseguido que deje de oponer resistencia.

Valero tuvo la custodia de sus niños tras su divorcio en 2006. Hasta 2005, la ley concedía la custodia a la madre y visitas al padre cuando se divorciaban y no había ningún conflicto. Sin embargo, una reforma legislativa implantó la custodia compartida, 15 días cada padre.

Algo que no sirve en todos los casos, como explica Custodia en Positivo, asociación con sede en Alicante que defiende el interés superior del menor: “Lo lógico es que cuando hay un divorcio se diera una custodia compartida que no necesariamente obligue a vivir 15 días con cada uno. Que viva con uno de los dos, y el otro lo vea frecuentemente y opine en las decisiones. Patria potestad compartida y mancomunada”.

A pesar de tener la custodia inicial, Inma Valero poco a poco la fue perdiendo debido a sus pocos recursos económicos. Ella le pidió a su ex marido que se hiciera cargo de la niña unas semanas para poder ella trabajar, y el padre aprovechó la situación para hacerse con la custodia paulatinamente. Los carteles de “me han quitado a mis hijos” en su coche suponían el principio de una dura historia que marcaría su vida.

Su exmarido presentó una denuncia contra ella de malos tratos, según él, ella le había producido un arañazo. Después llegó un informe del psicosocial que la calificaba de enferma mental. 

“Yo siempre he pintado, ahora me cuesta más porque he perdido parte de visión por culpa del infierno del psiquiátrico” argumenta Inma Valero. La han ingresado dos veces, en 2012 cuando recibió un aviso del Ayuntamiento para que fuera a recoger a sus hijas y era una trampa, y en 2013 cuando colgó unas publicaciones en Facebook. Sin embargo, la psiquiatra la sacó el mismo día.

Los jueces inhiben todos los procedimientos iniciados por Valero con la excusa de su ingreso en el psiquiátrico. Fue cuando ella dejó de lado las vías judiciales e instituciones y comienza a apelar a movimientos sociales para recuperar a sus hijos. “Abogadas feministas aconsejan a muchas chicas no denunciar y no seguir vías legales, ya que introducir al sistema en el pleito complica más las cosas, ya que las instituciones resuelven estos casos por la vía más fácil” dice una miembro del Colectivo Feminista.

Este fue el caso de Inma Valero, que ha conseguido más por ella misma que recurriendo a los Tribunales. Sin embargo, “cuando ella volvió a ver a los niños estos no se acordaban de ella porque se los arrebataron muy pequeños” explica Victoriano Fernández.

60 juicios en 8 años

Otra madre que vive acostumbrada al ambiente de los tribunales es X. Se describe como una mujer con un buen trabajo que quería crecer profesionalmente. Hasta que conoció al que fue su marido. “Me enteré de que nos íbamos a casar seis meses después” relata ella, quien cuenta que su boda fue todo un montaje donde ni siquiera el cura les pidió decir el “si quiero”.

Luego llegó su niña, y con ello, tuvo que dejar el trabajo y aislarse en su casa por órdenes de su marido. X sin trabajo y encarcelada en su hogar: “Seis años sin salir de casa para tomar un café, solo iba al Mercadona y al colegio de mi hija” explica. Su marido había tomado el control sobre ella, y comenzaron las agresiones también físicas. Fue cuando un médico denunció su caso ya que le observó moratones.

Sin embargo, la denuncia solo trajo más problemas y terror. Su marido se aprovechó de la niña, para amenazar y hacer daño a X. “Lo peor de todo es que estaba en la misma casa de mi maltratador” recuerda ella horrorizada. Temiendo que este hombre pudiera hacerle algo a la niña, X. declaró a su favor en el juicio sobre malos tratos.

Desde entonces, tanto la guardia civil como el punto de violencia contactaban con ella todas las semanas para saber cómo estaban. “En la situación en la que hemos visto a este hombre como no estemos pendientes de él, acaba contigo en tres meses” le dijo un guardia civil. Así el enfado del marido fue aumentando hasta el punto de llegar a querer quitar la custodia a la madre para que está sufriera. Él desapareció unos meses de casa y regresó peor. Denunció a X por intentar matar a la niña como causa de su supuesta locura. Aportó grabaciones con insultos de X hacía él. “En todos los juicios me han sacado las grabaciones, y pasa el tiempo y siempre se amparan en unos audios que han sido editados” dice cabreada X.

Así, año tras año, juicio tras juicio, “yo me divorciaba todos los años, la justicia me daba a mí la razón y custodia y eso él no lo soportaba y volvía a recurrir y decir que yo tenía una enfermedad mental” explica X, quien ha tenido que pasar diversos test psiquiátricos cuyos resultados le han dado siempre la razón...

Hasta 2006, cuando su ex marido consiguió quitarle a la niña alegando al famoso SAP, síndrome de alienación parental. Ahora, vive en su casa sola y busca trabajo. Cáritas le da comida una vez al mes, y su estado anímico, acostumbrado a la tensión de todos estos años, tiende a la depresión. En estas condiciones, los servicios sociales decidieron que no debe tener a su hija. Sin embargo, ella seguirá luchando para que se tengan en cuenta las pruebas que tiene en contra de su ex marido.

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