Diagonal ha tenido acceso a la grabación de una conversación entre Susana, madre de una niña de siete años que denunció al padre de la menor por abusos sexuales, y la abogada del Centro Especializado de Investigación del Abuso Infantil (CIASI) de la Comunidad de Madrid. En ella se puede escuchar cómo la abogada insta a la madre a “plantarse si la Audiencia Provincial no reabre el caso y aceptar que el padre vea a su hija en las visitas como le corresponde”, si no quiere perder la custodia.

Susana solicitó protección para su hija que contó ante el juez cómo su padre “le ponía la cabeza en la zona de sus genitales y le hacía daño con los dientes de abajo y la mano”. A pesar del relato de la menor, el Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla consideró entonces que no había elementos para suspender el régimen de visitas “y más en estas fechas que se avecinan en donde la relación entre padre e hija será intensa y prolongada”, refiriéndose a las navidades.

El procedimiento se archivó. Más tarde, fue remitido a otro Juzgado de Plaza de Castilla que, sin practicar ninguna diligencia de investigación, lo volvió a archivar. Fue entonces cuando llegó a ambos juzgados un informe del Centro de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Madrid (CAI) en el que, tras cinco meses de peritaje con la menor, se valora “la existencia de indicios compatibles con la existencia de abuso sexual intrafamiliar”.

Dicho informe también fue remitido a la Sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid, solicitando “practicar la adecuada protección de la menor”. Sin embargo, el último juzgado sobre el que ha recaído el caso, el juzgado de familia, está obligando a la niña a acudir a las visitas con su padre tras haber desestimado las medidas cautelares de protección.

Para este juzgado ”el citado informe del CAI carece de la fuerza probatoria que se pretende hacer valer por la parte actora (la madre)”. El archivo fue recurrido ante la Audiencia Provincial que todavía no se ha pronunciado.

En este contexto, la abogada insta a la madre a “llevarse bien con el padre” y a dejar de recurrir a psicólogos para que traten a la menor ya que, según la advierte, si sigue luchando, “al final van a pensar que para la niña es negativo vivir contigo”.

“Es que te la quitan, de verdad que te la quitan. En otros casos por menos la han quitado. Las psicólogas de Plaza de Castilla creen en la alienación parental y no sería el informe, el primer informe que hacen así”, afirma la abogada. “Es una desgracia pero es lo que pasa”, sentencia sobre esta realidad, frente a la que sostiene no poder hacer nada.

No obstante, tras aconsejar que lo más apropiado es esperar a que la niña tenga 12 años y pueda elegir no ver a su padre, la asesora legal del CIASI afirma ante la madre que entonces, llegada esa edad, su hija ya tendrá la edad suficiente como para hablar en el juzgado, “si es que pasa algo, que no tiene porqué”. Es aquí donde la trabajadora, que durante el diálogo había acusado a las peritos de los juzgados de Plaza de Castilla de creer en el acientífico Síndrome de Alienación Parental o SAP, parece desconfiar de la madre y no creer ella misma que los abusos ejercidos sobre la menor se hayan producido realmente.

A pesar de que está privatizado desde su creación en 2005, el funcionamiento del CIASI es competencia del gobierno autonómico de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. La diputada autonómica de Podemos Isabel Serra ya denunció ante la Asamblea que los responsables del centro han llegado a recomendar a las madres no denunciar los abusos sexuales de sus hijos porque se los pueden quitar. El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, acusó de "mentir y no decir la verdad” a Serra en el pasado pleno del 4 de febrero.

"No nos sorprende que no quieran denunciar abusos sexuales”, concluyó Serra aquel día. “No sorprende porque los recortes y externalización del CIASI y de los puntos de encuentro, gestionados por entidades privadas religiosas, no sólo trasladan valores machistas, no creyendo a las madres y a sus hijos, sino que hacen negocio de ello”. En concreto, estos últimos reciben fondos públicos de hasta 3.000 y 9.000 euros por expediente abierto a cada menor.