Hace casi un año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenaba al Estado español por no haber investigado de manera eficaz y suficiente las denuncias de torturas que Jon Patxi Arratibel, un activista navarro detenido en 2011, junto con otras cuatro personas, acusado de pertenecer a la organización política vasca Ekin.

Entre otros muchos casos de denuncias de torturas invisibilizadas, el suyo trascendió a los medios: después de varios días incomunicado, Arratibel había firmado la declaración policial que le inculpaba sustituyendo su apellido por la palabra “Aztnugal”, es decir, “laguntza” ("ayuda" en vasco) al revés. Una petición evidente de ayuda que cayó en saco roto, a pesar de haber relatado en su declaración ante el juez Grande-Marlaska las torturas sufridas. Y no fue el único. Cuatro de los cinco detenidos denunciaron haber sufrido, durante los días que permanecieron incomunicados, métodos como “la bolsa”, golpes por todo el cuerpo, simulacros de violación, amenazas en relación a familiares…

A pesar de que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, dependiente del Consejo de Europa, otorgó veracidad a sus testimonios de torturas, ninguna de esas denuncias fue escuchada por los tribunales españoles, y la condena, en mayo de 2015, del TEDH a España, la séptima que se produce contra este país por no investigar denuncias de torturas a detenidos, tampoco ha provocado ningún tipo de respuesta por parte de las instituciones españolas.

Juicio político

Hoy, sin embargo, comenzaba el juicio en la Audiencia Nacional contra Jon Patxi Arratibel, Iñigo González, Iker Moreno, Gorka Zabala y Gorka Mayo por su supuesta pertenencia a Ekin y, por extensión, por “pertenencia a banda armada”. Contra cada uno de ellos, la Fiscalía solicitaba ocho años de prisión y 12 de inhabilitación para desempeñar un cargo público. Finalmente, esta mañana se ha alcanzado un acuerdo entre la Fiscalía y los encausados por el que no entrarán a prisión, ya que se les condena a dos años de prisión.

Los cinco han mantenido desde hace meses la campaña "Aztnugal", una campaña que, según explica el propio Jon Patxi Arratibel a Diagonal, se centra en dos objetivos: por un lado, la denuncia de la tortura, y por el otro, la denuncia de este juicio, entre otros, como un juicio político, que “debería ser suspendido inmediatamente”. “A nosotros nos detienen por nuestra labor política, por dar charlas, por organizar reuniones y conciertos…, y lo hacen bajo el amparo de la acusación de pertenencia a Ekin, algo que a su vez se engloba en el ‘todo es ETA de Garzón”, indica Arratibel.

Su abogada, Amaia Izko, insiste en que sin el “todo es ETA” juicios como éste no serían posibles: “Este juicio, como otros muchos, nace de la política de ilegalización, de la decisión que toma el Estado español de declarar ilegales y terroristas organizaciones que pueden compartir objetivos con ETA, como pueden ser la independencia de Euskal Herria, pero que lo único que hacen es actividad puramente política”. E insiste en el hecho de que las acusaciones concretas son “participar en reuniones, en manifestaciones, en asambleas, en actos políticos”.

Ante la inminencia del juicio, y a petición de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, Jon Patxi Arratibel, Gorka Mayo y Joxe Aldasoro --también acusado en otro sumario de pertenencia a Ekin y que será juzgado en mayo-- acudieron el 6 de abril al Parlamento de Navarra para solicitar que esta institución se pronuncie contra la tortura e impulse “una investigación que esclarezca cuántas personas han podido padecer tortura en Navarra”. Aunque con la ausencia de UPN y PPN, la comparecencia fue bien acogida por los grupos presentes.

“La manera de corregir de cuajo esta situación es terminar con la incomunicación. Si no hay incomunicación, si no se tiene al detenido en esa situación de aislamiento absoluto, el peligro se reduce”, indica Amaia Izko. Esta abogada añade que, aunque la declaración policial firmada por los detenidos tras el periodo de incomunicación no pueden ser consideradas una prueba ni una base de prueba, “muchas condenas en la Audiencia Nacional se basan única y exclusivamente en las declaraciones policiales de los detenidos”. Por ello, “parte de nuestro trabajo durante el juicio va a ser deslegitimar esas declaraciones porque se han obtenido sin garantías, vulnerando derechos humanos y violentando a estas personas”.

Arratibel afirmaba que espera que este proceso sea “el último juicio político”. “Yo creo que ya es hora de pasar página, de eliminar tribunales y leyes de excepción y de que nos pongamos en clave de resolución del conflicto. Desde gran parte de la sociedad de Euskal Herria se está demandando al Estado español que se ponga las pilas en este sentido porque hay una puerta que todavía no se ha cerrado, y hay mucho sufrimiento por ambas partes... Esperemos que pronto esto se empiece a mover y se pueda cerrar esa puerta”, dice Arratibel, que concluye que "dentro de ese escenario [de resolución del conflicto] no caben juicios políticos, ni que a nadie se lo lleven, lo torturen y lo encarcelen por su labor política”.