¿De qué manera pensáis que ha influido la labor política y sindical de Andrés Bódalo en su condena?

Creemos que hay una persecución por un lado en el ámbito sindical, porque Andrés es una persona humilde, que sabe de dónde viene. Siempre ha representado a los más débiles, a las clases trabajadoras, y siempre ha sido el primero en la lucha y el último en el beneficio. En los tiempos que corren, para la oligarquía financiera, para los gobiernos corruptos que dirigen nuestras vidas, esto es una amenaza. Andrés es un cabeza de turco. Ade­más, como saben que estamos en periodo de una posible precampaña electoral, quieren vender la marca de que un concejal de Podemos está en prisión. Por ello creemos que es una doble injusticia, una persecución política que están usando para meter miedo a la población e intentar manipular a la clase trabajadora de este país.

Además, ha habido cosas sospechosas en todo el proceso judicial porque en pleno siglo XXI en un Estado de derecho no puede pesar más un error de una procuradora que el derecho fundamental de una persona a que su caso sea evaluado en segunda instancia. Por eso hemos solicitado un recurso de amparo al Constitucional y una suspensión de condena por ese motivo. Y hemos solicitado también el indulto y una suspensión de condena mientras el indulto es estimado.

Además de que la calle esté pidiendo la libertad de Andrés, creemos que también hay fundamentos de derecho que posibilitan que pueda estarlo.

Las acusaciones de agresión han sido siempre muy utilizadas contra militantes del SAT...

Siempre hemos dicho que somos un sindicato pacífico, no violento, y nos guiamos por uno de nuestros fundadores, Diamantino García, cura obrero, que introdujo en nuestra lucha la no violencia y el predicar con el ejemplo. Somos conscientes de que en momentos de movilización y tensión a veces se perjudica a algunas personas, pero por ello no vamos a dejar de hacer nuestras movilizaciones. Si en algún momento nos hemos excedido, siempre pedimos disculpas porque nuestra lucha es pacífica. Andrés es una persona pacífica y no se hace justicia con él cuando se le tacha de violento, y en muchas ocasiones con calificativos que rozan la ilegalidad o que estamos seguros de que son ilegales, y por ello vamos a tomar medidas judiciales.

¿Qué nivel de represión está soportando ahora el SAT?

Actualmente, sufrimos la cantidad de casi un millón de euros en multas en el con­junto de nuestra militancia. Ade­más, tenemos 657 represaliados y represaliadas con procesos judiciales abiertos, y una petición de condena en nuestro conjunto de más de 300 años de cárcel. Creemos que esto evidencia que hay una campaña de criminalización por parte de los gobiernos contra los sindicatos alternativos.

Un ejemplo es el juicio el 6 de abril contra 14 sindicalistas del SAT. Para este piquete que fue a informar a un instituto, en el contexto de una huelga general de 2012, se pedía 65 años de cárcel en su conjunto y 85.000 euros de multa. Vis­tas las declaraciones de nuestros militantes, de la Guardia Civil y los profesores que pudieron ver las acciones, la petición de condena se ha quedado en seis meses, y de 85.000 euros ha pasado a 14.000. Creemos que al final van a salir absueltos porque no ocurrió nada.

En abril tenemos unas jornadas en Sevilla contra la represión, hacia la amnistía social y sindical de todas las personas que estamos sien­do represaliadas por de­fender derechos, y que nos estamos viendo afectadas por leyes que cree­mos que son antidemocráticas, como la Ley Morda­za. Pensamos que no debemos pagar con nuestra libertad el defender los derechos humanos que vienen en la Constitu­ción.

¿Por qué os declaráis insumisos judiciales ante citaciones y condenas?

Yo lo soy desde hace ya tres años, y lo hago partiendo de una premisa: creo en la justicia, en el Estado de derecho, en los derechos humanos, pero no creo en la manipulación de los entes políticos sobre los entes judiciales. Por este motivo, como estamos sufriendo una campaña de criminalización contra nuestro sindicato y contra los movimientos sociales y activistas que defienden estos derechos, creo que una de las herramientas ante esta persecución política y ante esta injusticia es la desobediencia civil pacífica. Uno de nuestros medios para hacer esta protesta es la objeción de conciencia, como se hizo con el servicio militar en los 80. Es una herramienta para denunciar que no creemos en esta forma de hacer justicia por algunas élites que no se guían por los derechos fundamentales, sino por otros intereses más oscuros. Es una injusticia que tengamos que declarar por ocupar fincas pacíficamente o por parar desahucios, así es que no nos presentamos ante citaciones judiciales.

¿Cuál está siendo el papel de los medios de comunicación en la criminalización del SAT?

Algunos medios corporativos, la mañana que juzgaban a los 14 compañeros del piquete, sacaron imágenes no sé de dónde en las que se veía una batalla campal entre fuerzas del orden y manifestantes, como denigrando nuestra lucha. Es un ejemplo más de que hay una campaña de  manipulación desde las élites económicas para que la lucha del SAT sea criminalizada, porque estamos conectando con la sociedad, las personas se dan cuenta de quién lucha con ellos. Pero las últimas movilizaciones en las que miles de personas salen a la calle [pidiendo libertad para Bóda­lo] demuestran que las personas se creen cada vez menos lo que dicen esos medios corporativos y cada vez más buscan en otros medios alternativos y fiables.