Uno de cada cuatro españoles en paro es andaluz. La comunidad autónoma sigue siendo una de las regiones con más pobreza de Europa, con más de cuatro de cada diez habitantes en riesgo de pobreza y exclusión social. Casi un 30% de su población activa está en paro, muy por encima de la media nacional, y más de la mitad de los jóvenes menores de 25 pasan también los lunes al sol.

En especial los niños son los mayores afectados: más de la mitad vive en la pobreza y la malnutrición infantil ha aumentado. Más de la mitad del millón de personas sin empleo que hay en An­dalucía no recibe ningún tipo de prestación. Las organizaciones de ayuda están desbordadas. Los bancos de alimentos y las colas para la recogida forman parte de la triste rea­lidad de la comunidad.

Alternativas frente a la crisis

En este contexto, el Sindicato An­daluz de Trabajadores propone alternativas para el callejón sin salida que suponen el paro y la marginación. Sus propuestas buscan devolver la dignidad a las personas, basándose en el trabajo como motor de la recuperación. Las protestas del SAT se caracterizan por su marcado carácter pacífico, algo muy notable teniendo en cuenta la situación de emergencia social que se vive en la comunidad autónoma andaluza.

En 2012, el SAT ocupó una finca cerca de Palma del Río, en la provincia de Córdoba, que la Junta de Andalucía pretendía vender. Las 400 hectáreas de Somonte dan hoy trabajo a varias familias jornaleras que permanecen en la ocupación, y se ha convertido en un símbolo de la protesta postcrisis. Una tierra que no estaba siendo puesta en valor y hoy es un símbolo dentro y fuera del Estado de que sí hay alternativas.

Una agresión inexistente

Andrés Bódalo, concejal del Ayun­ta­miento por Jaén en Común (JeC) y responsable del SAT para movimientos sociales en la provincia, ingresó en prisión el pasado 30 de marzo. En la sentencia de la Au­dien­cia Pro­vincial se le condena por atentado contra la autoridad.

Los hechos por los cuales ha sido condenado tuvieron lugar en 2012 durante una protesta contra el paro en la localidad de Jódar. Durante la protesta, en la que realizaron una ocupación de la Casa de la Cultura para exigir una solución para cientos de familias sin empleo, se produjo una amonestación por utilizar la megafonía para anunciar los actos convocados en el pueblo, ya que una ordenanza del mismo prohíbe la publicidad por esta vía. A continuación hubo un forcejeo con un teniente de alcalde.

Desde el sindicato aseguran que existen ví­deos en los que se prueba que Bódalo no sólo no agredió a dicha persona, sino que trató de calmar los ánimos. Pero dichos vídeos no han sido admitidos como prueba.

La condena se ha llevado a cabo, según fuentes del sindicato, por un fallo de la procuraduría en los plazos para presentar alegaciones. En todo caso, la sentencia ha sido recurrida en segunda instancia en el Tribunal Supremo, y han solicitado un recurso de amparo y la suspensión de la condena y el indulto. En palabras del propio Andrés Bódalo, que hoy resuenan con la pesada ironía del destino: “La clase trabajadora no le tenemos miedo a la cárcel, le tenemos miedo a levantarnos y no poder dar el desayuno a nuestros hijos, a ponernos enfermos como las personas que padecen hepatitis C y no tienen acceso a los medicamentos”.

Desde Jaén en Común no han querido relevar hasta ahora a su compañero encarcelado porque consideran que la justicia aún no ha dicho la última palabra. Sin embargo, el Ayuntamiento de Jaén ha impedido la entrada a dirigentes del SAT a un pleno del municipio en el que pretendían promover una moción para pedir su absolución.

Manipulación mediática

En diferentes medios se ha acusado injustamente a Bódalo, según el SAT, que prevé presentar querellas criminales por injurias, calumnias, manipulación mediática y persecución sindical. Ana Martínez, del equipo jurídico de la dirección del sindicato en Jaén, ha explicado a los medios que una de dichas querellas será contra el periodista de Onda Cero Carlos He­rre­ra, y ha matizado que a Bódalo se le ha acusado de agresiones “que no constan en ninguna sentencia judicial”.

Andrés Bódalo ha encontrado apoyo. Más de 11.200 personas han firmado ya un manifiesto para pedir su indulto, entre ellos personalidades políticas como Ada Colau, Pablo Iglesias o Alberto Garzón. El sindicato ha instalado un campamento de protesta en el pueblo de Jódar, después de haber acampado en Jaén y frente a la cárcel en la que se encuentra preso Bódalo.

El domingo 10 de abril tuvo lugar una marcha a pie de cuatro kilómetros hasta el centro penitenciario en la que participaron 5.000 personas según los organizadores, entre ellos el antiguo portavoz nacional del SAT Diego Cañamero y el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Si no lo han liberado el 1 de mayo, el SAT planea una marcha hasta Madrid “para pedirle el indulto a Rajoy directamente”, según el portavoz nacional, Óscar Reina.

Ola de multas contras contra el SAT

Las acciones del SAT han provocado una ola de multas y peticiones de cárcel para los sindicalistas que han tomado parte en las protestas. Según el propio sindicato, son unos 700 los encausados.

Pero la condena a Andrés Bódalo marca un antes y un después en la represión al sindicato. El mensaje que desde las instancias del poder se está enviando con su encarcelación y falta de indulto, denuncian, es el de ‘hasta aquí habéis llegado’. Uno de los militantes que esperan por su suerte es Francisco Molero, condenado a cinco años por aten­tado contra la autoridad al mani­festarse en la acción Rodea el Con­greso en 2012 y que está a la espera de que se resuelva si deberá entrar en prisión o no.

Otro de los procesos pendientes es el de La Jarilla, un cortijo en San José de la Rinconada donde se cultivan melocotones y otras frutas y cuyos propietarios despidieron a varios miembros del SAT, ante lo cual el sindicato se personó en el lugar para informar a los otros trabajadores. El resultado fueron acusaciones de insultos, amenazas y coacciones, una petición de tres años de cárcel a cada participante, así como multas por valor de 153.606 euros.

El SAT ha realizado acciones de protesta cuyo objetivo era concienciar sobre la pobreza en la región y que alcanzaron un gran impacto mediático a nivel nacional e internacional, como la “expropiación” de ali­mentos o material escolar de su­­per­mercados, que repartieron entre familias necesitadas. Por dichas acciones hay numerosos miembros de la organización encausados.

Otra de las estrategias y demandas del sindicato es la puesta en funcionamiento de las tierras que no están siendo trabajadas. Con este objetivo han ocupado en varias ocasiones la finca La Turquilla en Osuna (Sevilla), propiedad del Minsterio de Defensa. Por esta ocupación también hay otro juicio pendiente. Mientras el paro de la zona supera el 60% en la temporada baja de recolección, en esta tierra el sindicato propone crear una finca agrícola en la que además se transformen los productos y se promueva el turismo medioambiental.