COMIENZA LA CAMPAÑA DE OBJECIÓN FISCAL
30 años de lucha económica contra el militarismo

La Asamblea Antimilitarista propone la deducción de 588,10 euros en la declaración de la renta por el gasto destinado a Defensa y control social.

, Redacción
15/05/13 · 8:52
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Campaña de objeción fiscal en Madrid / Álvaro Minguito

Aviones y barcos de guerra, munición, soldados... Este año, el gasto del Ministerio de Defensa en 2012 ascendió a 6.316,44 millones de euros, y a esta cantidad hay que sumarle otras partidas destinadas a la investigación en la industria militar, al Instituto de Fuerzas Armadas o a los organismos oficiales que hacen que la suma destinada a la guerra por el Gobierno supere los 18.670 millones euros. La cifra se multiplica hasta superar los 27.530 millones de euros al incluir también el gasto destinado a control social, como las partidas para financiar la cárcel y la policía, o la destinada a sufragar su equipo y armamento, que este año se ha multiplicado por 17. “Son otros instrumentos para controlarnos de forma coactiva, también son militarismo”, explican desde el colectivo Tortuga.

Desde hace 30 años, la objeción fiscal se ha convertido en una alternativa con la que desviar el dinero público destinado a Defensa a otros proyectos. La cifra no es cerrada: mientras unos colectivos proponen la objeción de 84 euros, en denuncia por los 84 países empobrecidos por la deuda externa, la Asamblea Antimilitarista de Madrid, el colectivo Tortuga y otros proponen una deducción de 588,10 euros por persona, en relación a la contribución proporcional que cada ciudadano hace para el gasto destinado a Defensa y control social. Desde Dere­cho de Rebelión, colectivo creado en 2011, el pasado año se comenzó una campaña para promover la insumisión fiscal, promoviendo la deducción del 25% de la declaración de la renta en relación a las partidas destinadas a la Iglesia, la monarquía, Defensa, policía y los intereses por la deuda pública, entre otras.

Según los datos recopilados por el colectivo antimilitarista Tortuga, en los últimos nueve años alrededor de mil personas decidieron objetar en su declaración de la renta, un número que ha ido decreciendo hasta llegar a los 585 objetores en 2011, por la “desaparición de grupos pacifistas y antimilitaristas que promueven la campaña”, explican desde Tortuga, pero que el pasado año volvió a repuntar hasta alcanzar los 782 objetores. “Donde hay campaña, hay objeciones, y, donde no la hay, la gente deja de hacer objeción”, explican tras añadir que en Alicante en todos estos años la objeción no ha hecho más que subir, desde las ocho que se contaron el primer año que empezaron a recopilar datos sobre objeción, hasta las 59 del curso pasado.

La objeción fiscal al gasto militar (OFGM) se ha convertido también en una forma de financiación y autofinanciación para proyectos y colectivos, que encuentran en ésta una forma de recuperar una parte del dinero que el Estado les recauda. El pasado año, las 782 objeciones fiscales contabilizadas por Tortuga supusieron el desvío de cerca de 93.700 euros a colectivos como la Fundació per la Pau,­ la librería y centro social La Pantera Rossa (Zaragoza), La Prospe (Madrid), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, este mismo periódico y otro centenar de proyectos de carácter social.

Desobediencia de bajo riesgo

“Lo primero que la gente tiene que saber es que la objeción fiscal es desobediencia civil. No es legal, pero tampoco está penalizada, es alegal”, explica José Manuel López Blanco, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Según los datos de este colectivo, en la mayoría de los casos en los que una persona hace objeción fiscal, ésta se acepta y no pasa nada. Incluso en más de la mitad de los casos en los que la declaración de la renta da a devolver y el objetor pide una mayor devolución en relación a esta objeción a los gastos militares, Hacienda termina devolviendo la cantidad reclamada.

“También hay que contar con que Hacienda no lo admita”, continúa José Manuel. En esos casos, la Agencia Tributaria identifica la objeción fiscal como un error y envía al objetor una declaración paralela. “En este caso es cuestión de que cada objetor evalúe si quiere seguir luchando, recurriendo esta declaración paralela, pero este recurso nunca se ha ganado”. Aunque, según explica Jordi Calvo, del Centro Delás, el presupuesto militar se está reduciendo no sólo en el Estado español, sino en varios países de la Unión Europea y en Estados Unidos, “esta reducción ha sido mucho menor que en otras partidas”, señala Calvo, quien resalta también que en la partida de Defensa no se incluyen otros gastos como el de la Guardia Civil, la I+D en la industria militar, las pasivas militares o mutuas o las aportaciones a agencias y organismos internacionales de carácter defensivo, gastos que son considerados como militares por organismos como la OTAN y que en el Estado español se camuflan en otras partidas. A esto se suma el cambio que sufren las cuentas de Defensa desde su presupuesto inicial hasta su gasto final, una diferencia que en 2012 rozó los 2.900 millones de euros después de que en septiembre el Gobierno aprobara un crédito especial para la compra de armamento por 1.800 millones de euros, a los que se les sumó otros 514 millones del fondo de contingencia para operaciones militares en el exterior, un aporte adicional que, según afirma Calvo, se repite cada año pero que nunca se ha incluido en el presupuesto de Defensa. “Es otra manera de esconder aquello que probablemente la opinión pública no acepte de buen grado, que es gastar tanto dinero en aventuras militares en el exterior”, añade Jordi Calvo.

Aunque en varios de los países del entorno, como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y hasta Estados Unidos se están empezando a tomar medidas encaminadas a la reducción de los efectivos militares, esta tendencia no ha sido seguida en el Estado, donde por ahora sólo se plantea una reducción “mínima” de unos pocos miles de efectivos en unos años, “algo poco significativo”, según valoran desde el Centro Delás, que cifra en 120.000 los militares que actualmente están a sueldo del erario público, de los que 40.000 son mandos.

Gastos militares camuflados en el presupuesto

Los programas especiales de armamento suponen una de las partes más importantes de la deuda del Ministerio de Defensa, que ha alcanzado ya los 30.000 millones en cumplimiento de contratos firmados durante los anteriores gobiernos de Aznar y Zapatero. “Podemos considerar que esta deuda contribuye al juego de los recortes, cada año tenemos que pagar 3.000 o 4.000 millones de euros para pagar esas armas”, explica Jordi Calvo, del Centre Delás, quien añade que en muchas ocasiones el precio final se duplica en relación con el coste inicial planteado. La última compra, de 232 misiles, ya ha pasado de los 62,13 millones de euros de precio inicial a cien millones, y otros contratos firmados en 2011, para la compra de una fragata, cuatro submarinos, cinco buques y 96 coches blindados, ya han pasado de suponer un coste de 2.759 millones en la fecha de firma del contrato a superar los 3.828 millones actuales. Desde el Centro Delás apuntan también a los intereses generados por la deuda relacionada con los gastos militares como parte del gasto de Defensa que no se incluye en el presupuesto oficial.

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