“Gordo” y “fascista” fueron algunos de los insultos que recibió el edil responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Ja­vier Barbero, de boca de varias decenas de agentes de la Policía Municipal el 16 de febrero. Du­rante la protesta de los policías contra la decisión de Barbero de eliminar progresivamente las unidades antidisturbios del cuerpo, varios agentes zarandearon el coche del concejal y golpearon a un periodista que grababa la escena. Un mes después de los hechos, fuentes del Consistorio confirman a Diagonal que están estudiando la posibilidad de abrir una investigación por asuntos internos y descartan la vía judicial.

La de Javier Barbero ha sido la última de una lista de agresiones a políticos de todo signo pero plagada de nombres vinculados a Po­demos pero que tuvo su momento álgido durante la campaña para las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, cuando el actual presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, recibió un puñetazo de un menor de edad durante un acto en Pontevedra. Repasamos las últimas agresiones a políticos.

Paliza a un edil canario de Podemos

El 11 de diciembre de 2015, dos encapuchados dieron una paliza al concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega. “Se presentó una denuncia por agresión y se abrió una investigación, pero ahí está, no tengo más noticias”, explica Ortega a Diagonal. El concejal, que afirma que desde el primer momento tuvo indicios de quienes fueron los que le propinaron la paliza, ha acudido varias veces a declarar. “Como pasa siempre, dependiendo de la repercusión mediática la implicación es mayor, pero tengo claro que la policía está haciendo su trabajo, lo importante es saber quién pagaba a los que vinieron a pegarme”, concluye el concejal.

Puñetazo a Mariano Rajoy

La semana posterior a la paliza a Jacinto Ortega, le tocó el turno al líder del Partido Popular. Un joven de 17 años propinó un puñetazo a Mariano Rajoy durante un acto de campaña en Pontevedra el 16 de diciembre de 2015. El joven fue ingresado en un centro de menores el día después de los hechos. Según confirma a Diagonal su abogado, Jorge Cubela, “el fiscal pidió la prisión preventiva ante la gravedad del caso”. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra ordenó, como medida cautelar, su ingreso en un centro de menores hasta junio –con la posibilidad de ampliar tres meses más–, a pesar de que el menor tiene pocas posibilidades de fuga, de que la destrucción de pruebas es imposible y también lo es que encuentre otra oportunidad para repetir el delito.

Podemos: perdigonazos en Melilla

El 5 de diciembre, a las 13.20h, un perdigón impactó a medio metro de distancia de tres candidatos de Podemos en Melilla y otras cinco personas que estaban junto a ellos en las puertas del mercado del barrio del Real, donde estaban repartiendo propaganda. El mismo día denunciaron los hechos ante la Jefatura Superior de Policía en Melilla, pero hasta ahora no se sabe nada sobre el autor del disparo. “A día de hoy no hemos recibido ninguna información al respecto, seguimos a la espera”, confirma a Diagonal Gema Aguilar, coordinadora de Podemos Melilla. 

Círculo Podemos Moncloa

En junio de 2015, dos personas sabotearon a golpes un acto sobre la Ley de Seguridad Ciudadana organizado por el Círculo Podemos Mon­cloa-Chamberí en la plaza Olavide del barrio de este barrio de Madrid. “Una persona conocida en el barrio nos pegó a tres personas: a una, un puñetazo en la cara, a otro le rompió una costilla y a otro, que era vecino suyo, también le pegó esa misma noche”, explica a Diagonal Adolfo Ranero, uno de los agredidos. Ranero señala que “cuando los policías llegaron ya no había nada, llamaron a una ambulancia y nos llevaron a urgencias, pero, mientras, el agresor seguía tan tranquilo gritando por el barrio”. El caso fue a juicio, pero a pesar de que los miembros de Podemos llevaron a tres testigos que explicaron las agresiones ante el juez, la sentencia del juzgado absolvió al agresor.

El tartazo que recibió Yolanda Barcina en 2012 les costó a los activistas anti-TAV dos años de condena

Presidenta de Vox en Cuenca

El 25 de agosto de 2015, la presidenta de Vox en Cuenca, Inmaculada Sequí, denunció haber recibido una paliza mientras caminaba a su casa. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, describió los hechos como un “incalificable atentado”. Dos meses después, el mando policial afirmó a los medios que la paliza sufrida por Sequí en principio se enfocaría como un delito leve –una falta según el Código Penal de antes de la última reforma aprobada– y que no cabría detenciones, dado que el examen forense no mostraba que la agresión requiriera intervención médica. El mando policial añadía que, “al igual que en otros casos de mayor gravedad, están investigando a tope”. No hay más información sobre la investigación.

Martillazo a Enrique Santiago

Dos hombres irrumpieron en el último mitin de campaña celebrado por Izquierda Unida en Canarias para las elecciones europeas, el 23 de mayo de 2014, armados con un martillo. Atacaron a varios participantes del mitin, entre ellos al candidato de IU Enrique Santiago, al que fracturaron un dedo de una mano. La policía detuvo a los dos agresores, pero casi dos años después no ha avanzado el proceso penal contra ellos. “Hay un proceso penal abierto desde la agresión que no avanza nada, ni siquiera me han llamado a declarar”, confirma Enrique Santiago a Diagonal.

Tartazo a Barcina

El 27 de octubre de 2012, varios activistas anti-TAV lanzaron tres tartas contra la entonces presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, durante un acto institucional del Consejo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Los tartalaris fueron llevados a juicio  a la Audiencia Nacional y fueron condenados tres de ellos a dos años de prisión por atentado a la autoridad y uno más a otro año de cárcel por colaborar en la protestas, aunque ninguno de ellos entrará en la cárcel al no tener antecedentes penales. La acusación pedía para ellos nueve años de cárcel.

Aturem el Parlament

La protesta del movimiento 15M ante el Parlament en Barcelona, el 15 de junio de 2011, en contra de la aprobación del presupuesto con mayores recortes sociales de su historia fue seguida de un duro proceso penal contra 19 personas a las que se acusó de atentado a la autoridad –por supuestas agresiones a parlamentarios catalanes consistentes en tirarles pintura y agua– y delitos contra las altas instituciones del Estado, por los que la Fiscalía pedía cinco años y medio de cárcel para cada uno, y la Generalitat de Catalunya y el Parlament, tres años y medio. Aunque en julio de 2014 la Audiencia Nacional sólo condenó a uno de los acusados a tres días de arresto domiciliario por una falta de daños, ocho meses después el Tribunal Supremo revocó la sentencia, condenando a tres años de cárcel a ocho de los encausados por delitos contra las instituciones del Estado. Actualmente siguen a la espera de respuesta a su petición de indulto.