El 'Observatorio penal y de derechos humanos' (OSPDH) de la Universidad de Barcelona (UB) ha celebrado sus 15 años de actividad con las jornadas “15 años observando el sistema penal. Nuevas herramientas y propuestas para la defensa de los derechos humanos”. Durante la presentación, se ha resaltado el momento crítico que están viviendo los derechos humanos y la falta de garantías. Iñaki Rivera Beiras, director del OSPDH, ha presentado el proyecto SIRECOVI, Sistema de Registro y Comunicación Internacional de casos de Violencia Institucional, con el que se pretende monotorizar los casos de maltrato y tortura de forma exhaustiva.

Durante las jornadas, varios expertos y expertas remarcaron la situación crítica que se está viviendo en materia de derechos humanos. En la mesa de inauguración, Joan Queralt, director de Tranjus y profesor de la facultad de derecho de la UB resaltó el papel del Observatorio durante estos 15 años y puntualizó la transformación que está sufriendo el concepto de ciudadanía y de persona, “Estamos en un momento en el que conceptos como ciudadanía, persona o derechos humanos están sufriendo un gran retroceso”. A esta preocupación se sumó Aida Guillen, directora de Servicios de Derechos de Ciudadanía e Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona, área de reciente creación: “La Administración tiene unas obligaciones concretas a través de la protección de políticas y garantías en materia de derechos”. En esa misma línea, Armand Calderó, director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Catalunya, recordó el compromiso de aplicar el Protocolo de Estambul en las Instituciones catalanas a través de formaciones en los centros. “Queremos orientar el trabajo de todas las personas que trabajan en el área penitenciaria al respeto de los derechos humanos, sea cual sea su función”. El director general de Servicios Penitenciarios señaló la disminución de personas en primer grado y la necesidad de que este número vaya disminuyendo poco a poco.

En la tercera mesa, compuesta por Antonio Madrid –miembro del OSPDH–, Eva Labarta –miembro del Equipo de Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura–, Andrés Jiménez Rodríguez –del Defensor del Pueblo– y Carlos García Castaño, de la Subcomisión Penitenciaria del Consejo de Abogacía Española, se retomó la preocupación sobre los regímenes de aislamiento. Andrés Jiménez apuntó que en estos momentos se está llevando a cabo un plan de contenciones mecánicas en prisión, lo que supondrá un avance en materia penitenciaria, ya que estás medidas coercitivas han resultado polémicas en más de una ocasión.

En lo que refiere a maltratos dentro de prisión, Carlos García Castaño señaló: “Llevo pidiendo ocho años grabaciones, sólo me la han aportado una vez, curiosamente en la que quedaba claro que el funcionario no era responsable”. García Castaño explicó que no hay una norma que obligue a guardar un cierto tiempo estas grabaciones, por lo que no pueden extraviarse o negarse su aportación por diversos motivos ante la falta de regulación. A Andrés Jiménez se le preguntó sobre si habían constatado algún caso de maltrato y tortura y respondió con un el ejemplo de un caso, sin aportar cifras. Eva Labarta hizo unas precisiones sobre la labor del Mecanismo de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, matizó que han registrado “muchísimos casos” y explicó cómo registran cada una de las entrevistas de las personas objeto de malos tratos, así como de las personas que son testigo. “Tiene que haber protocolos de entrevistas y adaptar los protocolos de la CPDT, sobre todo en los módulos de primer grado y de los DERT [departamentos especiales de régimen cerrado ], donde se olvida a la gente y se les tortura legalmente”.

A esta tortura legal y trato inhumano se refirió Carlos García Castaño: “El primer grado penitenciario no puede ser legal”. Antonio Madrid resaltó la importancia de mecanismo de observación de los sistema penitenciarios como el OSPDH y advirtió de la arbitrariedad con la que se está utilizando las situaciones de “vulnerabilidad” para designar situaciones de vulneración, hecho que comporta una gran responsabilidad desde las instituciones ya que a medida que se utilizan se pierde la identificación de la acción política durante el proceso. “Las palabras tienen poder y nunca son inocentes”, concluyó.

Durante el encuentro, Mónica Aranda, investigadora de la institución, hizo una panorámica histórica del OSPDH-UB. Le siguió Josep Maria García- Borés Espí, miembro e investigador del mismo Observatorio, el cual presentó Resocialización o incapacitación, un estudio de la evolución del sistema penitenciario desde 1995 a 2015. Esta investigación se centra en tres etapas evolutivas: ‘Un tiempo de transición (1995-2000)’, ‘El milagro Económico (2000-2010)’ y ‘La Gran Recesión (2010-2015)’. “Durante estas etapas ha habido una permanencia del populismo punitivo, reafirmado por los medios de comunicación de masas así como un una dirección del sistema penitenciario español a la cárcel sin rumbo, también llamada cárcel dispar”, apuntó.

El investigador explicó que el carácter penitenciario español está basado en una lógica economicista y sostuvo: “Tiene que haber un replanteamiento de las políticas criminales, no como una metodología sino como un indicador para comprender cómo está construida nuestra sociedad”. A través de la investigación, García- Borés Espí reafirmó la necesidad de reorientar la política penitenciaria desde la lógica de los derechos humanos.

Sirecovi, el botón rojo contra la Tortura

Iñaki Rivera Beiras, director del OSPH, presentó el SIRECOVI, Sistema de Registro y Comunicación Internacional de casos de Violencia Institucional, un botón de alerta ante las vulneraciones de Derechos Humanos. Rivera explicó que está herramienta funcionará en colaboración con la Comisión de Defensa y Prevención de la Tortura, tanto a nivel catalán como español. El proyecto surge de la necesidad de documentar estos casos y han mostrado su apoyo instituciones como Naciones Unidas. El SERICOVI recogerá diferentes datos de decenas de instituciones que trabajan en la materia de los derechos humanos. “Debe ser contemplado como un sistema que pretende ayudar para afianzar una cultura de respeto hacia las personas privadas de libertad y hacia las personas que sufren violencia institucional”, remarcó.

Rivera explicó la necesidad de documentar rigurosamente “el crimen de estado”. “El delito de tortura no puede ser observado como un delito más, no es un delito cometido por particulares sino por un sujeto activo”, añadía. En este sentido, encaro el discurso hacia la política pública remarcando la necesidad de aplicar el Protocolo de Estambul, “un desconocido que no debería serlo". El Protocolo de Estambul "es un manual que nació con vocación de guía universal y debe marcar a una guía a abogados, fiscales, jueces...”, detalló Rivera.

El proyecto cuenta con el apoyo de organizaciones a nivel mundial como Amnistía Internacional y Humans Rights Watch. También ha establecido acuerdos con el Consejo de Abogados de Catalunya y España, así como la Comisión de Derechos Penitenciarios para agilizar la detección de los maltratos en los casos de los abogados.

Altas tasas de enfermedades contagiosas

Cristina Fernández, investigadora del OSPDH, compartió con los asistentes el proyecto sobre enfermedades infecciosas y derechos humanos, una herramienta de prevención de maltratos por medio del control del VIH, la Hepatitis C y la Tuberculosis, enfermedades más prevalentes en la prisión y con mayor riesgo de contagio. “El derecho a la salud es indisociable al derecho a no sufrir maltrato”, apuntó. Este proyecto pretende ser una vía de monotorización de las enfermedades contagiosas en las prisiones ajustándose al marco de la normativa internacional. Está cofinanciado por la UE así como por el Harm Reduction International.

Cristina Fernández señaló que estas enfermedades representan un índice de prevalencia en la cárcel muy alto respecto a otras, concretamente la hepatitis C un 7’2% más que en la población general, el VIH entre 20 y 28; la tubercolisis un 10 y el SIDA hasta 23 veces más. La investigadora concretó que la tasa de prevalencia de estas enfermedades contagiosas en cárceles de Catalunya y España es mayor que en las cárceles del resto de Europa.

Las jornadas siguieron por la tarde con una mesa sobre 'Actores Internacionales. Experiencias comparadas de sistemas de prevención de violencia institucional de los derechos humanos' a cargo de Mónica Aranda y con la participación de Patrizio Gonella, presidente de la Asociación Antigone Onlus y de la Coalition for Civil Liberties. Explicó cómo en Italia han logrado establecer oficinas de defensa de los derechos de las personas presas en ayuntamientos de hasta 50 municipios. También intervinó Alejandro Forero presentando el Prison Monitoring Index, proyecto desarrollado gracias a la investigación europea RESOC para la evaluación de la prisiones.

En la última mesa, 'La ciudadanía, organizaciones sociales y profesionales como defensores y garantes de los derechos humanos', conducida por Lluisa Domingo, de la Coordinadora catalana para la Prevención de la Tortura; han participado Daniel Canales de Amnistía Internacional España, Miquel Puiggali, abogado y Coordinador del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo de la Abogacía Catalana y Jorge del Cura de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, quien ha explicado el funcionamiento de la Coordinadora así como su trabajo durante 11 años, con alrededor de 7.500 casos de tortura registrados.

Andrés García Berrio, miembro de Irídia explicó el proyecto SAIDAVI, Servicio de Atención y Denuncia delante de Casos de Violencia Institucional, donde las personas víctimas de violencia institucional pueden recibir asistencia psicosocial y jurídica de forma gratuita. García Berrio señaló que el planteamiento del Saidavi está planteado para trabajar de manera complementaria con el Sirecovi cuando sea necesario. Los testimonios más personales los transmitieron a través de su experiencias Contxita Bardina, familiar de una persona presa, junto con Ester Baiges, de la Red de Familiares Detenidas. Conxita Bardina relató el sufrimiento de los familiares ante las múltiples situaciones de sufrimiento en torno a los centros penitenciarios, “cualquier familiar de presos sabe que hay tortura y malos tratos en la cárcel”.

La despedida estuvo a cargo de Iñaki Rivera, Jaume Asens –teniente alcalde de Barcelona– y Amadeu Recasens, del Comisionado de Seguridad del consistorio.